Redacción SomosMass99
Martes 7 de abril de 2015
La petición Quiten el registro al @PartidoVerdeMex lanzada desde la plataforma Change.org ha acumulado en tres días más de 48 mil firmas. La iniciativa señala que se solicita la pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015.
El PVEM ha violado la ley electoral al realizar actos anticipados de campaña por los que había acumulado hasta este jueves 2 de abril multas por 185 millones de pesos, aunque la cifra podría aumentar ya que aún hay expedientes abiertos.

- El PVEM ha llevado a cabo una campaña reiterada de publicidad, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida.
Sobre la iniciativa en Change.org, está dirigida a las Consejeras y Consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y a las y los Magistrados de la Sala Regional Especializada y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El documento promovido por varios ciudadanos entre los que se encuentran Denise Dresser, Sergio Aguayo, Mony de Swaan y Martha Tagle, señala que el PVEM debe ser descalificado del proceso electoral en curso y su registro como partido político retirado por el conjunto de trampas y actos de corrupción cometidos desde que inició el proceso electoral actual en septiembre de 2014, trastocando las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas ilegales en la competencia electoral.
El texto enlista las conductas y prácticas ilegales por las que el Partido Verde se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado su registro:
- Uso de recursos públicos y privados ilegales.
- Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.
- Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
- Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.

- Las multas impuestas al Partido Verde son insuficientes e ineficaces.
- Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.
- Propaganda ilegal en tortillerías.
- Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
- Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
- Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.
- Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.
- Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.
- Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.
- Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.
- Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.

- Tanto en las elecciones de 2009, como en las del 2012 los magistrados del TEPJF exoneraron al Partido Verde por hechos similares.
Los peticionarios destacan la tibieza con la que han actuado las autoridades electorales es por demás preocupante. Su actuación ha estado marcada por la imposición de multas que se convierten en incentivo para seguir actuando al margen de la ley con resoluciones que, para decirlo claramente, sirven de comparsa a quienes atentan contra los principios básicos de la democracia.
Las autoridades electorales tienen todos los argumentos y todas las facultades para cancelar el registro al PVEM. Sin embargo, se han limitado a investigar, una tras otra, las conductas ilegales en que ha incurrido y a sancionarlas con multas que serán pagadas con los mismos recursos públicos que el partido recibe del Estado Mexicano y, la mayor parte, una vez concluido el proceso electoral cuando la inequidad provocada por el Verde ya haya surtido sus efectos.
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