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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 19 de abril de 2016
- Grupo de expertos de la ONU califica de ilegales y arbitrarias las detenciones
- México utiliza la detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos y para inhibir la protesta social
De agosto de 2014 a diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió cinco opiniones oficiales al gobierno de México en las que considera que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales de igual número de personas defensoras de derechos humanos. El hecho es inédito, sostuvieron organizaciones civiles, porque es la primera vez que ese Grupo de las Naciones Unidas emite tal número de opiniones en un lapso de poco más de 1 año.
La Organización Mundial Contra la Tortura, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Front Line Defenders y Artículo 19, entre otras, denunciaron que Damián Gallardo Martínez, Pedro Celestino Canché Herrera, Librado Jacinto Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña y Nestora Salgado García, todos con situaciones independientes y particulares, «fueron detenidos arbitrariamente y encarcelados por delitos que no cometieron. Algunos de ellos fueron obligados a firmar confesiones de hechos delictivos bajo tortura y amenazas de represalias contra sus familias, y enviados a penales de máxima seguridad en confinamiento solitario. Además se les fabricaron cargos y sufrieron agresiones de distintos agentes estatales, dentro y fuera de las instalaciones penitenciarias en las que permanecieron o permanecen recluidos».
En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la comandanta de la Coordinadora Regional de Autodefensas Comunitarias de Olinalá, Guerrero, dijo vía telefónica desde los Estados Unidos que es importante hablar del problema «que tenemos con nuestro gobierno» en todo México por los presos políticos, la criminalización de los defensores de derechos humanos, de los maestros y comunicadores.
Luego de exigir que el gobierno federal responda positivamente a las opiniones de la ONU, denunció que su caso no ha terminado. «Es una violación que está haciendo México con mi caso, porque yo estoy libre, pero con mi libertad no ha terminado el caso, porque sigo siendo criminalizada, sigo siendo perseguida. Mi situación sí es de libertad, pero en este caso sigo siendo perseguida porque el fiscal y el Ministerio Público han papelado en mi contra y todavía estoy en riesgo de llegar a prisión nuevamente. Con esto podemos demostrar cómo el gobierno mexicano nos criminaliza y nos persigue con el afán de encerrarnos y de callarnos. Es feo estar en libertad pero no sentirse libre».
Pidió a los defensores de derechos humanos, a los grupos de la ONU y a Amnistía Internacional que exijan al gobierno mexicano que cumpla con las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, «porque yo soy una persona inocente y que pagué injustamente casi tres años en prisión inocentemente, al igual que los compañeros que se encuentran ahorita detenidos».
Del caso de Enrique Guerrero Aviña habló Iyari Aldrete, quien dijo que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, activista en favor de los derechos humanos y antes de ser detenido opositor a las reformas estructurales del gobierno federal. Fue detenido arbitrariamente, sin orden de aprehensión, desaparecido el 17 de mayo de 2013 y presentado ante la SEIDO, el 19 de mayo. «Se le acusó sin prueba y sin fundamento de delincuencia organizada y del secuestro (en Oaxaca, en enero de ese mismo año) de los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
La opinion de la ONU dice que Guerrero Aviña fue aprehendido con exceso de violencia y no porque hubiera cometido un delito, sino por su participación como defensor de derechos humanos. Aldrete, también integrante del Comité Enrique Guerrero Aviña, denunció que el estudiante fue detenido en el contexto de criminalización de los defensores de derechos humanos.
Yolanda Barranco, integrante del Comité Gallardo, explicó «quién es Damián Gallardo Martínez y por qué el Estado se empeña en tenerlo preso y no dejarlo en libertad: es un indígena yuc de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca, habla la lengua yuc, es maestro de formación y su activismo y defensa en favor de los pueblos indígenas y de la educación es realmente larga. Ha participado en los comités por la libertad de presos políticos, especialmente en la del doctor Felipe Martínez Soriano, fue parte de la APPO en 2006 y ha promovido propuestas de educación comunitaria y popular como profesor de la Sección 22 de la CNTE.
Desde agosto de 2014 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) emitió una opinión en el sentido de que la aprehensión de Gallardo Martínez fue arbitraria y le pide al Estado mexicano dejarlo en libertad inmediata, pero el gobierno ha guardado silencio. Yolanda Barranco aseguró que en sus opiniones, la ONU detecta un patrón de detenciones arbitrarias del Estado mexicano contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Eva Lucero Rivero presentó el caso de su compañero Librado Baños, abogado defensor de derechos humanos, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero y asesor de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca. Fue detenido en agosto de 2013, sacado de su casa violentamente frente a su hijo de diez años, que también fue golpeado por «el aparato policiaco y militar que entró de manera arbitraria, sin orden de cateo, sin orden de aprehensión».
La ONU opinó que fue detenido arbitrariamente y que debe ser liberado. Librado Baños perdió un ojo por las agresiones recibidas al interior del penal de Ixcotel, Oaxaca. «Gabino Cué le ha negado la atención», denunció Eva Lucero.
Patrón de conducta y el silencio
El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades también consideraron de especial preocupación que las cinco personas detenidas arbitrariamente sean defensoras de derechos humanos o periodistas, en su mayoría indígenas.
En un posicionamiento conjunto de las 11 organizaciones, también hicieron énfasis en que su detención se dio en represalia a su labor y «como parte del patrón de criminalización de la protesta social en México», preocupación que «fue resaltada por el Grupo de Trabajo en su opinión No 56/2015, relativa al caso de Nestora Salgado García».
Añaden que «los cinco casos son emblemáticos de este grave patrón, que también ha sido evidenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, publicado en diciembre 2015, destaca: ‘La tortura es generalizada y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención – que suele ser arbitraria – y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez’. Y agrega: ‘Las detenciones son utilizadas políticamente como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales y movimientos estudiantiles’.
De las cinco opiniones emitidas, «el Estado mexicano sólo ha dado cumplimiento parcial a dos, a través de la liberación de Nestora Salgado García y de Pedro Celestino Canché Herrera, sin que cese totalmente la persecución penal en contra de ambos defensores.
«Es por demás preocupante que el Estado, en el marco del proceso ante la ONU, no haya respondido a las comunicaciones emitidas en dos de los casos -según manifestaciones del mismo grupo de trabajo-. El hecho, evidencia el desinterés de las autoridades mexicanas respecto de la adopción de medidas adecuadas para revertir la situación de peligro que enfrentan las personas defensores de derechos humanos en nuestro país».
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