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Edgar Cortez
Martes 2 de mayo de 2017
Establecer una gobernabilidad democrática pasa por reconocer el derecho ciudadano de participar en los asuntos públicos. Situación que en México aún no sucede.
En el reciente periodo legislativo la ley general sobre desaparición forzada quedó inconclusa pues la Cámara de diputados no la aprobó; ya que la recibió en el último momento seguida de inconformidades de algunos actores ciudadanos. ¿Dónde estuvo el origen de esta situación?
Esta ley era un compromiso del gobierno federal tanto con el sistema universal de derechos humanos – ONU – como con el sistema regional – OEA –, y debía haberse aprobado hace más de un año.
Entre enero y abril de este año se mantuvo un intensa dinámica de trabajo entre un grupo de senadoras, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y un grupo de integrantes de organizaciones civiles mandatados por los colectivos de familiares de personas desaparecidos para representar sus intereses en el proceso de elaboración de lay.
Finalmente el cuatro de abril estos actores alcanzaron un texto en el que estaban de acuerdo. Pero ese documento aún tenía que ser consultado con otros actores gubernamentales con responsabilidad sobre las desapariciones. Estos fueron la Procuraduría General de la República (PGR), Consejería Jurídica de la Presidencia y Comisión Nacional de Seguridad. Todas estas instituciones hicieron una serie de observaciones que apenas una semana antes del fin del periodo legislativo fueron informadas a las organizaciones de la sociedad civil.
A partir de ahí inició una vorágine: reuniones, discusiones, acuerdos y momentos de ultimátum. Los cambios propuestos eran de muy diverso tipo y algunos regresaban la discusión varios meses atrás.
El resultado final era una ley que tiene contenidos positivos y podrá permitir avances en el combate a la desaparición de personas pero a la par se desdibujaba asuntos claves como la comisión nacional de búsqueda (http://bit.ly/2p2pxdb).
¿Por qué resulta tan difícil la generación de acuerdos que permitan, en este caso, una ley que responda a las necesidades de las familias de personas desaparecidas y permita cambiar la actual realidad de la desaparición?
Estos son algunos posibles factores. Aún no se reconoce el legítimo derecho de la ciudadanía organizada a participar en la construcción de leyes y políticas públicas para resolver los problemas sociales. En ocasiones la participación sucede como una simple concesión del poder político.
Un segundo factor tiene que ver con que los diversos actores políticos no actúan como parte del Estado y responden a una política coherente, sino como oponentes que defiende sus propios intereses; dando como resultado procesos parciales que en el último momento son alterados por actores que nunca se rebajan a la interlocución con la sociedad civil. El mejor ejemplo es la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Desde la sociedad, estas experiencias, se viven con mucho desgaste y una enorme frustración. Todo el trabajo y diálogo mantenido durante meses puede ser tirado por la borda por instituciones públicas que de manera arrogante imponen sus criterios burocráticos.
Algo muy similar sucedió con la ley general de tortura que finalmente fue aprobada en este mismo periodo. Inicialmente meses de trabajo coordinado entre PGR y un grupo de organizaciones civiles de derechos humanos que dió como resultado un texto satisfactorio para los involucrados, que luego fue modificado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Lo que obligó a que las organizaciones civiles volvieran a realizar un diálogo con la Cámara de Diputados para corregir el texto de ley y lo aprobado resultara de mejor calidad.
Son dos experiencias que muestran que en la idea oficial de gobernabilidad, la sociedad civil organizada está fuera.
@edgarcortezm
Foto de portada: Galo Cañas / Cuartoscuro.
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