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Tom Hall / WSWS
Estados Unidos / Viernes 28 de enero de 2022
Un juez federal falló el martes prohibir que 17.000 trabajadores ferroviarios de BNSF hagan huelga contra una nueva política de asistencia, siendo este la más reciente coerción legal del Estado para prevenir la resistencia de la clase obrera.
Mientras EE.UU. nunca se cansa de sermonear a otros países por la violación de “derechos humanos” y la “democracia”, el Gobierno estadounidense regularmente aplasta los derechos básicos de los trabajadores, incluyendo su derecho a la huelga y a un ambiente laboral seguro y saludable. El grado al cual se subordinan todas las decisiones sociales en EE.UU. al afán de lucro de una diminuta minoría adinerada es incompatible con las formas democráticas de gobierno.
Los trabajadores de BNSF, la empresa ferroviaria de carga más grande de EE.UU., votaron de forma casi unánime a favor de hacer huelga contra la imposición unilateral de la gerencia de un nuevo sistema de asistencia de puntos, que regiría a partir del 1 de febrero. Conocida anteriormente como Burlington Northern Santa Fe, BNSF es una subsidiaria completamente controlada por la firma Berkshire Hathaway del milmillonario Warren Buffett.
Los trabajadores de BNSF se enfrentan a horarios brutales empeorados por la constante incertidumbre y la brevedad de los intervalos entre turnos, lo que les impide tomar tiempo libre para estar con sus familias o acudir a citas médicas. Estas condiciones han empeorado con la pandemia, creando un entorno peligroso tanto para los trabajadores como para sus comunidades.
El nuevo sistema, si se aplicara, sometería aún más a los trabajadores a los caprichos de la gerencia, reduciéndolos al nivel de esclavos industriales sin vida fuera del trabajo. Los empleados con años de experiencia también podrían enfrentarse a despidos tras ausentarse solo unos pocos días.
Pero en su declaración escrita de cuatro páginas, el juez Mark Pittman del distrito del norte de Texas concedió un recurso temporal contra la huelga. Aceptó el argumento de la empresa de que el nuevo sistema de puntos es solo una “cuestión menor”, una categoría en la que la ley federal prohíbe huelgas en las industrias ferroviaria y aérea.
La sentencia de Pittman fue una decisión política, no jurídica ni técnica. En ella declaró: “El expediente establece además que una huelga exacerbaría nuestra actual crisis de la cadena de suministro, perjudicando al público en general, no solo a BNSF. Por lo tanto, una orden de restricción temporal servirá, en lugar de perjudicar, al interés público”. Por “interés público” se entiende, de hecho, los intereses de una pequeña élite empresarial.
La cuestión del nuevo sistema no es “menor” para los trabajadores. Afecta de lleno a su medio de vida. Incluso con el sistema actual, los trabajadores casi no tienen tiempo para sus familias, y toda su existencia está subordinada a los caprichos de la patronal.
La asistencia tampoco es “menor” para la clase capitalista. La cadena de suministro global se tambalea al borde del colapso. La industria automotriz estadounidense, por ejemplo, solo tiene a mano un suministro de cinco días de microchips críticos, y cualquier interrupción del flujo de estos componentes desde Asia oriental, ya sea por el cierre de la producción o por problemas logísticos en su entrega a las plantas estadounidenses, provocaría interrupciones de la producción en todo el país. En prácticamente todas las demás industrias se dan condiciones similares.
El problema para la élite empresarial es que sigan fluyendo las ganancias generadas por el trabajo de la clase obrera, a fin de pagar por el alza masiva de las bolsas de valores. Han utilizado la pandemia, que han permitido extenderse bajo la estrategia asesina de “inmunidad colectiva”, para enriquecerse masivamente y aumentar aún más la explotación de los trabajadores.
La propia BNSF ha aprovechado la flexibilización de la normativa federal durante la pandemia para aumentar la longitud de los trenes y reducir el número de maquinistas que trabajan en ellos. Mientras tanto, la ausencia casi total de medidas de seguridad contra el COVID-19 significa que sus trenes no solo transportan mercancías por todo el país, sino también el virus mortal.
En relación con estos motivos, también están los preparativos del capitalismo estadounidense para nuevas y catastróficas guerras con sus principales rivales, Rusia y China. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, calificó la solución de la escasez de microchips como un “imperativo de seguridad nacional”. Esto ser refiere a la dependencia de la industria estadounidense de los proveedores ubicados en China, donde las sólidas medidas de salud pública, como los confinamientos selectivos y el rastreo de contactos, han salvado millones de vidas, pero se consideran intolerables porque han repercutido en la producción estadounidense, donde nunca se tomaron medidas comparables.
En los primeros meses de la pandemia, Trump invocó la Ley de Producción de Defensa de la época de la guerra fría para ordenar que se abrieran las plantas empacadoras de carne, donde decenas de miles de trabajadores se han infectado y casi 300 han muerto. Esta orden ejecutiva quedó vigente tras la toma de posesión de Biden. En octubre del año pasado, Biden amenazó con utilizar la Guardia Nacional para mantener los puertos en funcionamiento en el sur de California y negoció un acuerdo con los ejecutivos de la industria y los sindicatos para mantenerlos en funcionamiento las 24 horas del día.
Al mismo tiempo, las empresas están reviviendo los métodos rompehuelgas de los años ochenta para acabar con la resistencia de los trabajadores. La patronal obtuvo órdenes judiciales contra los piquetes en las recientes huelgas de Kellogg’s y de la cadena de supermercados King Soopers. La gerencia de Kellogg’s también amenazó públicamente con despedir y reemplazar a toda su plantilla para poner fin a una huelga, que no llevó a cabo solo porque el sindicato BCTGM conspiró con ellos para forzar la aprobación de un contrato favorable a la empresa.
Los Gobiernos locales y estatales controlados por ambos partidos políticos están respondiendo agresivamente a la oposición de los profesores y los estudiantes a la reapertura de las escuelas. En Chicago, la alcaldesa del Partido Demócrata, Lori Lightfoot, denunció airadamente a los profesores por negarse a dar clases presenciales y tomó represalias con un cierre patronal. En Jacksonville, Florida, las autoridades locales impidieron un paro estudiantil que exigía cierres aumentando la presencia policial en las escuelas. En Oklahoma, incluso se está contratando a agentes de policía como profesores sustitutos.
En uno de los incidentes más escandalosos, un juez de Wisconsin emitió recientemente una orden judicial que impedía a los trabajadores de la salud abandonar sus puestos de trabajo en un hospital local para ir a otro que pagara salarios más altos, de nuevo en nombre del “interés público”. Este fallo, que posteriormente fue revocada en apelación, despierta el espectro de la servidumbre industrial, en la que los trabajadores están atados a sus puestos de trabajo y no pueden abandonarlos sin el permiso de sus amos corporativos.
El actual ataque a los derechos de los trabajadores se basa en décadas de legislación antihuelgas, incluida la reaccionaria Ley de Trabajo Ferroviario aprobada en 1926. El efecto de esta ley, que más tarde se amplió para cubrir la industria de las aerolíneas en 1936, fue prácticamente prohibir las huelgas en la industria ferroviaria, que había sido el centro de algunas de las luchas industriales más poderosas de la clase obrera estadounidense, incluyendo la Gran Huelga Ferroviaria de 1877 y la Huelga Pullman de 1894.
En estas huelgas, los trabajadores fueron más allá de las cuestiones inmediatas de los salarios y las condiciones de trabajo y comenzaron a desafiar el propio sistema de beneficios capitalista. En St. Louis, el centro de la huelga de 1877, los trabajadores socialistas establecieron brevemente una comuna siguiendo el ejemplo de la Comuna de París de 1871. El líder de la huelga de Pullman fue Eugene Debs, quien, tras leer las obras de Marx y Engels durante su encarcelamiento tras el aplastamiento de la huelga por parte del Gobierno federal, se convirtió en el líder socialista más conocido y popular de Estados Unidos.
Cabe notar que el juez Pittman se refiera favorablemente a una cita del presidente Harry Truman en una extensa nota a pie de página de su sentencia. Truman, que asumió el cargo a raíz de la muerte de Franklin Roosevelt en 1945, invocó regularmente la nueva Ley de Producción de Defensa para prohibir las huelgas con el argumento de que los paros laborales obstaculizarían la guerra imperialista en Corea.
La sentencia del martes es una nueva confirmación de que el Estado no es un espacio neutral, sino un instrumento de dominio de clase. Los sindicatos, que se basan en un programa nacionalista y procapitalista, no ofrecen ninguna salida. Sin duda, los sindicatos acatarán servilmente cualquier sentencia favorable a las empresas que dicten los tribunales.
Hace tiempo que los sindicatos se han transformado en poco más que auxiliares de la patronal, gobernados por burócratas privilegiados con sueldos de seis cifras que imponen concesiones a los trabajadores. Frustran las iniciativas de los trabajadores mediante la farsa de las “negociaciones” y llamamientos inútiles al Partido Demócrata, que es cómplice del ataque a los derechos de los trabajadores.
Esto significa que los trabajadores deben tomar el asunto en sus propias manos. Los trabajadores de BNSF deben organizarse en un comité de base, independiente de los sindicatos Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Union-Transportation Division (SMART-TD), Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET) y todos los demás, y desarrollar su propia iniciativa independiente y hacer un llamamiento para conseguir el mayor apoyo posible entre otros trabajadores ferroviarios y de otras industrias.
Pero esta lucha no es solo una lucha económica contra la empresa, sino una lucha política contra toda la élite política capitalista. Requiere el desarrollo de un movimiento socialista en la clase obrera, para luchar por el uso democrático de la infraestructura de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas, no para sacrificar la salud y la seguridad por el lucro privado.
Foto de portada: World Socialist Web Site (WSWS).
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