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Eric London / WSWS*
Estados Unidos / Martes 21 de junio de 2022
Las audiencias del Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes están presentando evidencia que vuelve inconfundiblemente evidente que Donald Trump intentó llevar a cabo un golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones de 2020 y permanecer en el poder como un dictador.
No hay nada ordinario ni rutinario sobre estas audiencias, que tratan de acontecimientos sin precedente histórico: el presidente Estados Unidos emprendió una conspiración con grupos neonazis, jueces de la Corte Suprema y 147 congresistas republicanos para derrocar la Constitución por la fuerza bruta.
Durante su tercera audiencia, llevada a cabo el jueves en medio de la jornada laboral para garantizar una audiencia mínima, el Comité presentó evidencia de que Trump y uno de sus principales abogados, John Eastman, sabían que su plan para obligar al vicepresidente Mike Pence a rechazar los electores de los estados ganados por Biden era inconstitucional. Pence había apoyado hasta ese momento las acusaciones infundadas de Trump de fraude electoral, pero cuando anunció que certificaría los resultados, Trump y sus cómplices se volvieron violentos en su contra.
La audiencia reveló que, después de que Trump comenzó a atacar públicamente a Pence, sus partidarios estuvieron a tan solo 12 metros de capturar al vicepresidente. Un militante de extrema derecha, quien se transformó en un testigo confidencial, atestiguó que los fascistas armados buscaban asesinar al vicepresidente y a otros líderes, incluyendo a la presidenta de la Cámara de Representantes, al demócrata Nancy Pelosi.
El juez federal retirado y conservador John Michael Luttig declaró ante el Comité el jueves que Trump y “sus aliados y partidarios representan un peligro claro y presente para la democracia estadounidense”.
Utilizando un lenguaje aún más impactante, Luttig dijo que el complot no se quedó en el pasado, sino que es una conspiración aún en marcha para establecer una dictadura:
«Hasta el día de hoy, el expresidente, sus aliados y partidarios están comprometidos en la elección presidencial de 2024, si el expresidente o algún sucesor asignado como candidato presidencial del Partido Republicano perdiera la elección, a intentar anular la elección de 2024 de la misma manera en que intentaron anular los comicios de 2020, pero teniendo éxito en 2024 donde fracasaron en 2020».
El Comité también reveló información que demuestra que los jueces republicanos de la Corte Suprema desempeñaron un papel crítico en la intentona golpista, a pesar de que el propio Comité hizo lo posible para alegar que la integridad institucional del tribunal sigue intachable.
Previo al 6 de enero, John Eastman se mantuvo secretamente en contacto con figuras prominentes de la Corte Suprema y descubrió que al menos dos de los nueve jueces apoyarían los esfuerzos pseudolegales para frenar la certificación constitucional de los votos del Colegio Electoral.
Antes de la audiencia del jueves, había salido a la luz información de que el contacto de Eastman era Virginia Thomas, la esposa del juez Clarence Thomas. Eastman había trabajado como asistente judicial de Thomas y formaba parte de su círculo político. Solo los ingenuos políticos pueden creer que Virginia Thomas actuaba sin el conocimiento o la participación de su esposo.
En los mensajes de texto revelados por el Comité, Virginia Thomas urgió al jefe de personal de Trump, Mark Meadows, para que enviara a los opositores políticos de Trump a la “bahía de Guantánamo” para torturarlos por interferir con el complot. Aparentemente esto incluía a Pence, hacia el cual Thomas dijo a Meadows que sentía “repugnancia” después de que anunciara que no bloquearía la certificación de los votos del Colegio Electoral.
Virginia Thomas también animó a Meadows a permitir que la abogada ultraderechista de Trump, Sidney Powell, asumiera un mayor protagonismo en la operación.
El 6 de enero, Powell presentó lo que llamó una “solicitud de emergencia” a la Corte Suprema en nombre del aliado republicano de Trump, Louie Gohmert, y varios otros políticos estatales de extrema derecha. La solicitud de emergencia argumentaba de que Pence estaba violando la Constitución al invocar el “proceso de resolución de disputas” en la Ley de Conteo Electoral, que establece que, en caso de desafíos a los votos electorales, el vicepresidente tiene la autoridad constitucional de resolver la disputa definiendo cuáles son los correctos. Dadas las reglas asociadas a tales “solicitudes de emergencia”, un juez, el republicano Samuel Alito, tenía la potestad de concederla o negarla sin tener que presentarla ante el resto del tribunal.
La solicitud de emergencia fue presentada poco antes o a mediados de la tarde, cuando la multitud estaba atacando el Congreso. Fue registrada oficialmente por la Corte Suprema a las 3:51 p.m., durante los 199 minutos en que el Departamento de Defensa retrasó el despliegue de la Guardia Nacional para darle tiempo a los insurrectos.
Alito no rechazó inmediatamente la solicitud de emergencia, a pesar de ser una solicitud flagrantemente inconstitucional de anular los resultados de la elección de 2020. Alito tampoco la reportó a la prensa y simplemente se dejó pasar sin conocimiento público. La guardó en su bolsillo, esperando el resultado de los acontecimientos en el Capitolio.
El Partido Demócrata estaba al tanto de la solicitud y no hizo ningún esfuerzo por informar al público de que un juez de derecha estaba a punto de proporcionar una hoja de parra pseudolegal para el golpe de Trump. Fue debido a la solicitud de emergencia –que Alito aún no había rechazado— que Pelosi se vio obligada a volver a convocar al Congreso a las 8:00 p.m. de la noche del 6 de enero, para certificar los resultados antes de que Alito pudiera conceder la solicitud. No fue hasta la 1:00 p.m. del 7 de enero que Alito emitió una orden sin firma rechazando la solicitud de Powell, para cuando la solicitud había quedado sin efecto por la certificación de la noche anterior.
Los demócratas no hicieron nada el 6 de enero para frustrar el golpe en curso de Trump por temor a que cualquier acción hubiera desencadenado una oposición masiva en la población. Las audiencias de este mes solo han contado con “héroes” republicanos, en parte debido a los esfuerzos demócratas por preservar al Partido Republicano, pero también porque simplemente no hubo ninguno demócrata. En este sentido, las audiencias no son solo sobre lo que hizo Trump, sino también sobre lo que no hicieron los demócratas.
El abogado de Mike Pence, Greg Jacobs, testificó el jueves que, si Trump hubiera triunfado, la cuestión del poder “se hubiera tenido que resolver posiblemente en las calles”. No si tenían voz los demócratas. Aunque habría habido una indignación popular masiva por la anulación de una elección, el Partido Demócrata habría hecho todo lo posible para evitar esas manifestaciones y buscar, en cambio, un acuerdo negociado con Trump que lo mantuviera en el poder.
La respuesta inicial de los demócratas, que fue poco convincente, marcó la pauta. En nombre del bipartidismo con los “colegas republicanos” de Biden, su Administración ha permitido que los principales golpistas sigan libres, ha mantenido en el Congreso a más de 100 congresistas republicanos que votaron en contra de la certificación de las elecciones y se ha opuesto a los crecientes llamamientos para destituir a Clarence Thomas de la Corte Suprema a pesar de su papel en el golpe. En respuesta al escándalo, la jueza Sonia Sotomayor incluso emitió una nota pública –algo poco habitual para los jueces— elogiando a Thomas como “un hombre que se preocupa profundamente por el tribunal como institución”.
La historia deja muy claro que la estrategia más amplia del Partido Demócrata está creando condiciones en las que los aspirantes a führer prosperan. La inflación está por las nubes tras años de expansión cuantitativa y rescates corporativos. La carga de la deuda de los estadounidenses y los costes de los préstamos están aumentando rápidamente. El Partido Demócrata dice a los estadounidenses que se necesitan 50.000 millones de dólares para armar al ejército ucraniano, mientras recorta los programas sociales y las prestaciones de desempleo de los que dependen millones de personas para sobrevivir. Y la pandemia de coronavirus desgarra a millones de familias, mientras la Administración les dice que la pandemia ha terminado.
De hecho, 48 horas antes de la audiencia del jueves, los candidatos respaldados por Trump derrotaron a los oponentes más moderados en las primarias republicanas más importantes en todo el país, incluso en una carrera por el secretario de estado en Nevada, el funcionario que será responsable de certificar los resultados de las elecciones de ese estado reñido en 2024. La extrema derecha parece bien posicionada para ocupar un lugar destacado en el funcionamiento de muchos Gobiernos estatales, así como en el Congreso.
Trump y sus cómplices están aprendiendo de sus errores y tramando sus próximas maniobras. Las audiencias están revelando que el golpe del 6 de enero de 2021 fracasó, pero no por falta de apoyo institucional dentro del ejército, los tribunales y el Partido Republicano, ni por la oposición de los demócratas. Fracasó por la inexperiencia y la mala suerte de quienes lo llevaron a cabo.
Se está desarrollando un movimiento en la clase obrera contra las intolerables condiciones sociales, el aumento de los precios y el odio generalizado a toda la élite política. El poder social emergente de la clase obrera es la única fuerza que puede dirigir la lucha contra la desigualdad, la dictadura y el fascismo. Puede hacerlo atacando su origen común: el sistema capitalista.
* Publicado originalmente en inglés por World Socialist Web Site (WSWS) el 17 de junio de 2022.
Foto de portada: WSWS.
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