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Aram Aharonian* / Alainet
Viernes 27 de agosto de 2021
El magnicidio de Moïse puso en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada, asociadas con actores políticos actuales
Parece una mala novela policial, donde un comando de mercenarios comete un magnicidio y donde los gobiernos que envían y financian a los asesinos luego se aseguran que sean funcionarios propios quienes investiguen el hecho, amparados por un comando “humanitario” de marines estadounidenses.
Todo esto hace cada vez más difícil que alguna vez se sepa realmente la verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenal Moïse, el 7 de julio pasado.
Una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, salpican directamente a los países que están colaborando con las investigaciones sobre el crimen: Colombia y Estados Unidos. Pero sobre llovido, mojado. El 14 de agosto, un terremoto, de más potencia pero con menos víctimas fatales que el de 2010 que dejara más de 300 mil muertos, se abatió contra Haití, con sus secuelas de muertes, destrucción y hambruna.
La respuesta humanitaria de Washington fue enviar un contingente de “marines”, que si bien no necesitan dar rodeos para invadir países, en este caso han utilizado el recurso de ser «bondadosos» y «solidarios» con la tragedia haitiana, y han hecho pie nuevamente en un país que invadieron en varias ocasiones y en donde casi siempre controlaron a sus gobernantes.
Unos 420 marineros y alrededor de 200 infantes de marina, trabajarán en la limpieza de escombros y reapertura de carreteras, búsqueda, rescate y evacuación de heridos. Las tropas podrían permanecer en Haití hasta cuatro meses o más según sea necesario. El transporte anfibio USS Arlington se desplegará con dos helicópteros MH-60 Seahawk, un equipo quirúrgico y una lancha de desembarco.
Además, Estados Unidos está enviando el USNS Burlington Spearhead Class Expeditionary Fast Transport (T-EPF-10) –un transporte rápido expedicionario- que también servirá como plataforma para lanzar drones para vigilancia aérea, así como dos aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon. ¿Ayuda humanitaria?
La población haitiana que viene sufriendo una desgracia tras otra, entre los malos gobernantes, el asesinato de su presidente Jovenal Moïse por mercenarios colombianos y estadounidenses, y la reacción de la Naturaleza en forma de terremoto frente a tanta agresión, ahora tendrán que lidiar con la prepotencia y el afán represivo de una tropa como la de los marines estadounidenses, acostumbrada a matar, a violar y a torturar.
Los haitianos aún recuerdan el terremoto de 2010 que mató a cerca de 300 mil personas, en particular en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores, y ahora vuelven a preguntarse sobre la frontera entre la ayuda de buena fe ante una emergencia humanitaria y la alimentación carroñera del “capitalismo del desastre”, ya que éste lucra con los cadáveres y el dolor ajeno. El terremoto pasa, las invasiones no.
Las familias haitianas que trataban, durante más de una década, de superar el duelo, de un momento a otro se vieron literalmente obligadas a enfrentar sus viejos fantasmas: el miedo, la incertidumbre, la zozobra, los turbulentos estados emocionales y psíquicos e incluso los complejos cuadros psicopatológicos que provocaron el terremoto y sus múltiples réplicas de sur a norte del país.
Mercenarios y algo más
Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad privadas en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor). Para el New York Times, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir.
El gobierno colombiano incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, seguramente será captada por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.
Colombia fue ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubai. Las ofertas llegan por whatsapp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de ellos de cobertura de altos cuadros en actividad. Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad: a mediados de la década del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando aldeas en Afganistán o Irak.
¿Una trasnacional del crimen?
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen las operaciones mercenarias que vinculan a EEUU y Colombia y denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crimen transnacional narcoparamilitar que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y “su aparato de propaganda” para lavar sus actos criminales.
Pero vayamos a los hechos. La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe por su participación en el magnicidio del presidente Moïse, desató un debate sobre el trato que el gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de éstos para perpetrar asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas. También Estados Unidos está involucrado en el magnicidio, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios fueron entrenados por el Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa.
La canciller Marta Lucía Ramírez y el gobierno de Iván Duque han asegurado que los mercenarios “fueron engañados”. O sea, no se niega que sean mercenarios ni que el gobierno supiera de sus actividades, sino que además ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.
Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un manto que le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo. Por su parte, Washington envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para “apoyar” la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien –siguiendo el libreto- pidió “investigadores” a Interpol y a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Colombia.
La policía colombiana confirmó que los asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EEUU y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos. Pero a mediados de julio, el discurso oficial dio un giro, y la vicepresidente Ramírez -quien fuera ministra de Defensa del genocida presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2003- anunció el envío de una misión consular para asistir a los mercenarios colombianos detenidos y gestionar la repatriación de los asesinos muertos en el magnicidio. Y lanzó la especie –que tomaron varios medios trasnacionales- de que varios de los conspiradores, lamentablemente, habían sido engañados: algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba, la mayoría fue a otra misión, que supuestamente consistía en apoyar las fuerzas de seguridad de ese país. Y en arenga patriotera dirigida quizá al mercado interno, aseguró que “jamás un militar colombiano” sería capaz de pensar “en la hipótesis de participar en un magnicidio”.
Obviamente, el gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan imponer la narrativa de que los mercenarios son héroes y caballeros militares (no sería de extrañar que apareciera alguna película sobre el hecho), pero se trata de otra operación de desinformación en desarrollo contra Haití.
Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense anunció que Dabniel Foote sería el enviado especial a Haití para colaborar “con los socios haitianos e internacionales“, “facilitar una paz y una estabilidad duradera”, y apoyar “los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas”. Amén.
El magnicidio de Moïse puso en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada, asociadas con actores políticos actuales, relacionados estrechamente con actores económicos estadounidenses, israelíes y del Reino Unido, países a los que se les hace rentable contratar mano de obra asesina colombiana, ya utilizada en los conflictos de Irak, Siria, Afganistán y Yemen. “Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional”, denuncia el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus.
Unos 15 mil soldados, con alta preparación castrense, salen del Ejército colombiano tentados por contratos apetitosos de contratistas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse). Los dineros los reciben a través de empresas legalizadas en Colombia que guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.
* Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Foto de portada: Alainet.
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