SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Los militares son formados para la guerra y para eliminar a sus enemigos, por tanto no resultan aptos para cuidar a los ciudadanos. Durante 20 años los gobiernos mexicanos se han negado a reconocer tal realidad y la sociedad es quien ha pagado los costos humanos de este error.
El 2 de julio el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó el informe “La orden fue abatir” (http://bit.ly/1HG9p8s), resultado del acompañamiento a una de las víctimas de la masacre sucedida en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, así como del trabajo legal para asegurar los derechos de ésta. El documento reporta los siguientes asuntos: un sistema de justicia incapaz de precisar el número de personas ejecutadas; revela la existencia de un documento que ordena “abatir” a los delincuentes; clarifica cuán difícil es en la práctica acotar a la justicia militar y que las víctimas deben sortear numerosas dificultades para que sus derechos se hagan válidos.
Luego de la presentación del informe, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como funcionarios del gobierno federal, se han dedicado a descalificar el informe centrando sus críticas en el significado de la palabra “abatir”, insistiendo que al usar es vocablo no se ordena matar y por tanto que el Centro Prodh falsea los documentos encontrados.
Cuando sucedió la masacre de 22 personas en Tlatalaya, el país llevaba más de 18 años de recurrir a los militares para realizar labores de seguridad. En Diciembre de 1995 se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, a partir de ahí se incorporó al Ejército en labores de seguridad pública. Al año siguiente, esta ley fue objeto de una controversia constitucional, la cual fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos: es acorde a la constitución que las Fuerzas Armadas coadyuven con las autoridades civiles en la seguridad pública, pero cuando suceda los militares deben estar subordinados a éstas y bajo su responsabilidad.
Estas casi dos décadas han estado marcadas por numerosas denuncias en contra del Ejército por casos de tortura, detenciones arbitrarias y homicidios de civiles en retenes ilegales. ¿De qué información disponemos respecto de las ejecuciones extrajudiciales?
Un grupo de académicos de la UNAM y del CIDE han realizado un par de estudios (2011 y 2015) para evaluar el uso y abuso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Federales. El último trabajo llega a conclusiones como las siguientes (http://info.juridicas.unam.mx/novedades/letalidad.pdf):
- “En el pasado estudio (2011) concluimos que la inclusión del Ejército en tareas de seguridad pública parecía traer consigo un inevitable uso de la fuerza bajo la lógica de guerra”.
- “Aunque el índice de letalidad, y otros indicadores que hemos considerado, no son prueba por sí solos de la existencia – o ausencia- de ejecuciones extrajudiciales, cuando se presentan sistemáticamente con valores elevados son un indicio fuerte de una política deliberada o de una práctica normalizada del uso ilegal de la fuerza letal.”
Por tanto las conclusiones del informe del Centro Prodh no se dan en el vacío, sino que reflejan una realidad donde todos los gobiernos, durante casi dos décadas, han hecho depender de los militares su responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Esta enorme dependencia es la que ha propiciado que se tolere cualquier tipo de abuso. Además existe suficiente evidencia que los militares usan la fuerza para exterminar a aquellos que se ha determinado que son los enemigos.
Bajo estos antecedentes “abatir” quiere decir simple y llanamente matar.
@edgarcortezm
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