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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Si bien la decisión de llevarlo a desempeñar funciones para la seguridad pública fue tomada a finales de 1995 por el gobierno de Ernesto Zedillo, fue a partir del año 2000 en la administración de Vicente Fox y notoriamente en el sexenio de Felipe Calderón cuando se le ordenó realizar masivamente funciones policiacas. No estaba preparado para asumir semejantes responsabilidades, de modo que no tardó en demostrar ineficacia y, peor aún, que sus actuaciones resultaban contraproducentes al incurrir frecuentemente en violaciones a los derechos humanos. Hoy, al cabo de casi 20 años, es urgente que el Ejército mexicano regrese a los cuarteles.
El caso Tlatlaya es la muestra más acabada de tal despropósito. No se defiende aquí a presuntos delincuentes, solamente se destaca lo obvio y elemental: no se puede combatir el delito con acciones que al mismo tiempo transgreden la ley.
El informe presentado el jueves pasado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que revela que la orden que recibieron los militares fue la de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, ha derivado en una supuesta controversia sobre el significado de la palabra abatir. Pero los hechos hablan por sí solos: 22 civiles murieron a manos de un grupo de militares en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.
El daño que se le ha hecho al Ejército es enorme. Hoy paga los costos por haber asumido responsabilidades que por naturaleza no son suyas; porque se le han querido dar las atribuciones que les corresponden a corporaciones de seguridad incapaces e inmersas en su profunda crisis, y porque los gobiernos han sido displicentes en el combate a la corrupción que carcome a las policías.
A la regla de que la delincuencia sólo prospera con la colaboración de las autoridades, ahora habrá que sumarle el hecho de que en el Ejército se dan órdenes de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad” sin importar lo que diga la ley. Por eso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha dado tres días para precisar qué quiere decir cuando emplea esos términos. Porque el Estado de derecho en México está en crisis.
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