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Clau O’Brien Moscoso*
Jueves 11 de mayo de 2023
Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirman lo que ya estaba claro para el reportero de BAR y otros en el terreno en Perú. El gobierno golpista ha cometido ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra los derechos humanos.
Paro Nacional, Día 120
La semana pasada se cumplieron 5 meses desde que el presidente democráticamente elegido Pedro Castillo fue derrocado en un golpe parlamentario. También marca cinco meses de movilizaciones populares masivas contra el actual régimen golpista liderado por Dina Boluarte y el Congreso de extrema derecha, controlado por la mafia Fujimori/Montesinos. En las últimas semanas también se han visto múltiples publicaciones de Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirman lo que los peruanos ya han informado, que los abusos contra los derechos humanos, incluido el uso indiscriminado de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, ocurrieron durante las protestas en todo Perú después del golpe, con la mayor parte de la violencia concentrada principalmente en las regiones andinas del sur. Estos informes, y varios que ya han sido publicados por otros observadores de derechos humanos, confirman lo que la gente en el terreno ha estado protestando desde el 7 de diciembre del año pasado. Se formulan recomendaciones para que se investiguen de manera imparcial e independiente estas muertes y violaciones, prestando especial atención a la discriminación racial y étnica.
El régimen golpista continúa atrincherándose y niega la responsabilidad diciendo que «es solo una ONG» alegando que los detractores de Boluarte son misóginos porque es la primera mujer jefa de Estado. Las masas populares que han permanecido en las calles y luchando para derrocar esta dictadura dicen que no es la primera mujer presidenta; Es la primera mujer dictadora. Dicen que no se trata de ser mujer, se trata de que el voto popular se le niegue una vez más a la clase campesina y trabajadora principalmente indígena del país que votó abrumadoramente para rechazar el fallido régimen neoliberal de 30 años instalado por una constitución dictatorial. Se trata de que las masas obreras, campesinas e indígenas peruanas sean las protagonistas en la esfera política, ya sea eligiendo a uno de los suyos en Castillo o participando activamente en una Asamblea Constituyente. El hueco «reduccionismo identitario» que Boluarte utilizó como justificación para llevar a cabo masacres, que ascienden a más de 80 muertes en este momento, es más una retórica fallida para evadir la responsabilidad de esas muertes. La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, al responder a estas declaraciones declaró: «La declaración del presidente es decepcionante, pero estas cosas suelen suceder».
Ambos informes se basan en cientos de entrevistas, imágenes y fotografías revisadas de las protestas, y revisadas balísticas e informes de autopsias de los muertos, inmediatamente después del golpe y varios meses después, ya sea en el terreno o de forma remota. Llegaron a la conclusión de que el ejército y la policía nacional peruanos llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, y que la violencia en Ayacucho equivalió a una masacre, violaron los derechos constitucionales a protestar pacíficamente, detenciones arbitrarias, violaciones de la prensa libre y que hubo estigmatización racial contra los manifestantes campesinos, en su mayoría indígenas, y sus partidarios en la ciudad capital, entre otros abusos. Este tipo de animosidad fue destacada por el informe de HRW en la ciudad montañosa de Ayacucho, «‘Vete a la mierda’, recordó Bárcena Loayza que respondió un oficial militar. ‘ Los terroristas merecen morir así». La ambulancia llevó a los heridos de vuelta al hospital. Hancco Chacca murió en la madrugada del 17 de diciembre». El Estado peruano y los principales medios de comunicación, propiedad de algunas de las familias más ricas del país, han alimentado esta retórica contra los campesinos indígenas llamándolos «terroristas», «terrucos», «senderistas», «cholos» e «indios» (los dos últimos específicamente cargados racialmente menosprecian a los pueblos indígenas), permitiendo que las más de 80 muertes y otras violaciones que ocurren sean encubiertas, según la CIDH.
A medida que los índices de aprobación tanto para Dina Boluarte como para el Congreso alcanzan mínimos históricos, el gobierno golpista ha contratado a una empresa estadounidense de relaciones públicas para suavizar la imagen de Boluarte en medio de todas las continuas protestas y ahora informes de derechos humanos de múltiples órganos que confirman ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones del derecho internacional, de las cuales el Estado es responsable. Boluarte y su primer ministro Alberto Ótarola también han comenzado a distanciarse de estas acusaciones al afirmar que ni Dina Boluarte ni ningún alto funcionario dieron la orden de estos asesinatos, lo que convierte al Jefe de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la parte responsable. A pesar de los hallazgos de estos informes, ambos dan credibilidad a la derecha diciendo que Castillo lanzó un intento fallido de golpe de Estado y que se siguieron las órdenes constitucionales. Este aspecto de los informes ha sido negado por los manifestantes, diciendo que el juicio político en sí era ilegal, solo alcanzó los 101 votos y no los 104 requeridos, y que no se siguieron los protocolos para un juicio político. Por supuesto, el hecho de que la CIDH esté bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos, una organización dominada por los intereses estadounidenses que dio luz verde a las masacres en los Andes en Bolivia en 2019, no pasa desapercibido para la gente.
En los últimos meses se han visto movilizaciones masivas y organización contra este régimen golpista en las 25 regiones de Perú y en la capital, con múltiples oleadas de delegaciones provinciales que viajan a la ciudad capital, así como la construcción de cientos de bloqueos en todo el país como parte del paro nacional. Si bien muchas delegaciones han regresado a sus regiones para continuar la lucha en sus propias comunidades y como campesinos para cosechar las tierras, hay planes para una próxima «Tercera Toma de Lima» por la que se espera que miles de manifestantes se movilicen. Hay concentraciones diarias en Lima fuera del Penal de Barbadillo, donde Pedro Castillo, junto con el ex dictador Alberto Fujimori, están detenidos para exigir la libertad y restitución de Castillo y huelgas coordinadas en las macrorregiones mientras los manifestantes están de regreso en sus regiones de origen. Dicen que no dejarán de movilizarse, mucho menos ahora que los informes de derechos humanos han confirmado lo que las masas han denunciado como asesinatos y actos de abusos contra los derechos humanos que parecen estar causando una ruptura en el régimen golpista entre los jefes de las Fuerzas Armadas y los poderes ejecutivo y legislativo.
* Clau O’Brien Moscoso es organizadora del Equipo Haití/Américas de la Alianza Negra por la Paz. Originaria de Barrios Altos, Lima, creció en Nueva Jersey y ahora vive entre ambos países.
Fuente: Informe de la Agenda Negra.
Imagen: Familiares lloran a las víctimas durante una misa después de los enfrentamientos más mortíferos en las protestas antigubernamentales contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Juliaca, Perú, el 9 de febrero de 2023. | Foto: Informe de la Agenda Negra.
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