SOMOSMASS99
NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
En concreto, lo que se conoció desde el lunes cuando ocurrieron los disturbios en Pueblo Nuevo, es que se trató del desbordamiento de una manifestación de inconformes con el triunfo de la priista Larissa Solórzano en la elección a la presidencia municipal.
Lo que ayudaría a entender lo que realmente pasó sería información completa y una explicación de quien tiene la obligación de darla, toda vez que lo sucedido afectó un edificio público y alteró la vida de ese municipio. Esperar que eso ocurra sería ingenuo, pues rompería con la lógica con que se ha conducido el gobierno del estado, una en la que se habla de transparencia pero al mismo tiempo va haciéndose del lado del ocultamiento.
Los datos que se han dado a conocer a través de los medios son escasos: que el gobierno del estado realiza operativos para garantizar la seguridad de la población; que corporaciones estatales de seguridad y procuración de justicia detuvieron primero a “varias” personas, luego a 17 y después que solamente a tres; que la PGJE investiga los daños a la presidencia, mobiliario y vehículos; que hay algunos funcionarios municipales implicados; que el PRD pidió una investigación a fondo y que prometió que expulsará a los militantes que se compruebe su participación.
Sin embargo, ahora en Pueblo Nuevo se habla de que no sólo estarían involucrados perredistas sino miembros del PVEM y hasta del PAN. Personas que han acumulado “mucho rencor” en los últimos años y que pertenecerían o recibirían apoyo “de la delincuencia organizada”.
Para un estado que en el discurso oficial se presume en paz y en pleno camino hacia el desarrollo, esta versión parecería poco creíble. No lo es para quienes conocen los municipios de esa región y desde hace años están al tanto de las andanzas del crimen organizado. No sería la primera vez que bandas de delincuentes tratan de influir en la política, ni aquí ni en cualquier otra parte.
El único que tiene datos precisos sobre lo que de verdad pasa en esa demarcación es el gobierno de Miguel Márquez. Pero si de lo que se trata es de diluir la información, tal vez tenga éxito. Han pasado ya varios días y todavía no se sabe bien a bien qué ocurrió para que una manifestación pacífica terminara en violencia. Porque si sólo se trató del desbordamiento de las pasiones político-electorales, lo más sencillo sería explicarlo y que las autoridades, con la ley en la mano y el sentido de justicia del que se ufanan, actuaran en consecuencia.
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