SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 26 de mayo de 2023
En toda sociedad la conformación de la superestructura ─instituciones, leyes, reglamentos y normas─ obedece siempre a la base económica en que se sustenta esa sociedad.
Cuando algún elemento de la superestructura no responde a las necesidades o a las imposiciones de la base económica surgen contradicciones que se resuelven, generalmente, con la sustitución del elemento que no encaja en la «normalidad» construida para que esa base económica funcione sin mayores problemas; y cuando estos se presentan, se crean o modifican los elementos superestructurales que garanticen tal normalidad.
Nuestro país nació a la vida independiente bajo el capitalismo, herencia del dominio español; un capitalismo dependiente que se consolidó con las características que le imprimió el subdesarrollo. Con tal base económica se construyó una superestructura que respondía a su carácter dependiente y subdesarrollado.
Ello no impidió el surgimiento de una burguesía como clase dominante-dominada ─característica del subdesarrollo─ y la conformación de una oligarquía, su segmento hegemónico, que históricamente ha detentado el poder económico y político y, por consecuencia, el control de la superestructura en nuestra sociedad.
Con el advenimiento del neoliberalismo ─como respuesta a la interminable crisis que se presentó a finales de la década de los sesenta del pasado siglo─, esa clase dominante-dominada modificó elementos de la superestructura, creó otros y reforzó los que garantizaban la continuidad de su poder.
En el tiempo en que los neoliberales manejaron el gobierno de la república (1982-2018), en abierta violación a los preceptos constitucionales se modificó la Carta Magna para entregar al capital monopólico ─local y transnacional─ bienes, servicios y riquezas nacionales, muchos de ellos estratégicos; se despojó a pueblos originarios y a ejidatarios de sus tierras; se modificó la legislación laboral que significó pérdida de derechos y conquistas; se entregó al capital privado el manejo del fondo de pensiones de los trabajadores; y se provocó el deterioro de los sistemas públicos de salud y educación, entre otros «logros».
Uno de esos elementos superestructurales que fueron reforzados fue el Poder Judicial. Un claro ejemplo de su proceder fue el proceso para imponer la [contra] reforma energética de 2013, la que con graves violaciones a la Constitución y sobornos de por medio a los «legisladores», se aprobó en menos de quince minutos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mantuvo tranquila y en silencio, actitud que la caracterizó durante los gobiernos neoliberales.
Sin embargo, a raíz de que la oligarquía perdió el control del gobierno federal (1 de julio de 2018) la SCJN ─y casi todo el Poder Judicial─ ha actuado como aliada de la oligarquía para obstaculizar las iniciativas, proyectos y acciones del gobierno surgido en la elección presidencial de esa fecha.
Tal proceder forma parte de la táctica de la oligarquía a nivel internacional. Con el desprestigio acumulado por los golpes militares, las oligarquías recurren ahora a golpes parlamentarios y judiciales, etapa final de los golpes «blandos».
Como en México las circunstancias le impiden a la oligarquía recurrir a las cámaras legislativas para implementar su golpe, el Poder Judicial es su más firme aliado, no tanto para deponer al gobierno, que cuenta con gran apoyo popular, sino para entorpecer su acción, culparlo por fracasar y de alguna manera utilizar esos fracasos en la propaganda electoral del próximo año en favor de las fuerzas de la derecha y del coro de sirvientes que tiene como aliados.
Es cierto que urge la transformación del Poder Judicial. Es algo que debe planificarse debidamente para contar con una institución al servicio del pueblo, no de partidos políticos ni de minorías privilegiadas y corruptas.
Así como el Poder Judicial, muchas instituciones y leyes deben transformarse para que el país y el pueblo recobren su soberanía y la ejerzan en función de un mejor futuro para todas las hijas e hijos de esta patria nuestra.
Mientras el modo de producción dominante en nuestro país sea el capitalismo, habrá siempre obstáculos para cualquier proyecto cuyo objetivo sea el bienestar y desarrollo de las mayorías, porque va en detrimento de las ganancias del capital. Por ello el capitalismo es el principal obstáculo al desarrollo de los pueblos.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Foto: Wikimedia Cominos.
0 Comentario