NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Ya lo sabíamos desde el 2012: con el regreso del PRI a la presidencia de la República, con el grupo Atlacomulco a la cabeza, la política nacional retomaría muchos de los usos y costumbres que en el ínter panista muchos soñaron que habían quedado atrás. Vicente Fox no removió las estructuras que por años criticó. Al contrario, asentó en ellas su administración, dándole apenas una pintadita de pluralidad discriminatoria, transparencia opaca y democracia apelativa. Felipe Calderón menos. Sustentado en un inacabado presidencialismo que no admite objeciones, desató para legitimarse su muy particular guerra contra el narcotráfico y multiplicó la corrupción gubernamental, con su Estela de Luz como monumento.
Llegado el nuevo tiempo priista, vemos que para el segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto el zócalo de la Ciudad de México es utilizado como estacionamiento por funcionarios federales de primer nivel, distinguidos representantes de la cúpula empresarial del país, jerarcas de las distintas iglesias y hasta estrellas de televisión. Y como en el primer año del sexenio, la plaza cívica es llenada con acarreados que son instruidos -a cambio de la comida y unos pesos- para vitorear el Grito de Independencia que ofrece el mexiquense desde el balcón principal de Palacio Nacional.
Pero algo ha ocurrido en el país que ahora se catea a los ciudadanos que todavía asisten al Grito por voluntad propia y que no alcanzan a llenar la plancha de concreto. Con el agravante de que agentes federales amplían el operativo hasta revisar a menores de edad, incluidos bebés en carreolas. ¿Se trata de una violación a los derechos humanos de niños, niñas y adultos? Pregunta es necia, pero que debería responder la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyos funcionarios no estaban disponibles para recibir denuncias la noche del lunes.
Algo pasa en este país que cada vez las autoridades y los políticos están más alejados de los intereses de la sociedad. Parece que hemos llegado a un punto en el que quienes toman decisiones desde las instituciones, perciben a los ciudadanos como una amenaza o como enemigos. Por eso se les catea y se les ponen vallas para mantenerlos a distancia.
Comparte en Facebook
Twittéalo
