SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Martes 10 de enero de 2023
“…las condiciones históricas y sociales del país llevan a una época en que la clase obrera necesitará usar todos los medios de defensa contra el capital y el Estado y es menester que los tribunales de trabajo no queden a merced de los representantes del gobierno, pues éstos seguirán la línea de protección a los capitalistas que el Estado les impondrá”.
– Narciso Bassols. ¿Qué son, por fin, las Juntas de Conciliación y Arbitraje? 1930.
Al iniciar su función de impartir justicia, el nuevo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, dependiente del Poder Judicial y sustituyendo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, comete graves actos ilegales: rechazar el emplazamiento a huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) e intentar darle un trato de Apartado B del artículo 123 Constitucional, al no aplicar o desconocer el artículo 3º de la Constitución, fracción VII, terminante: “Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo…”.
Dos veces rechazó el Tribunal el emplazamiento a huelga del SITUAM, siendo hasta la tercera ocasión cuando lo acepta. Ello debido a que el sindicato independiente acompañó a la razón, y a la justicia que le asistía, con la fuerza de la movilización y el derecho de protesta de los trabajadores académicos y administrativos, con lo cual tales derechos duplicaron su fuerza, al tomar grandes avenidas de la Ciudad.
El tribunal no desconocía que las relaciones de trabajo colectivas e individuales de la UAM y el SITUAM se han regido desde hace 42 años por el Apartado A. El rechazo del Tribunal no fue por ignorancia o por equivocación, fue todo un intento deliberado, estratégico, contra todo el sindicalismo universitario, basado en criterios ilegales que, de haberse aceptado por otro Comité Ejecutivo y Asamblea, habrían barrido al SITUAM y al resto de los gremios universitarios -como en otros tiempos lo han intentado-. El cambio del Apartado A por el B implica la pérdida del derecho de huelga (el sueño neoliberal), perder la libre negociación colectiva y la libertad sindical, ni más ni menos los derechos fundamentales colectivos de defensa de los trabajadores ante la patronal universitaria; o acaso ¿las rectorías representan a toda la comunidad universitaria y no a la patronal nacional y estatal?
Como bien lo señalan los directivos -Pamela Gómez Suárez al frente- del SITUAM: el sindicalismo universitario surgió de la lucha de los trabajadores con abierta oposición de gobiernos y rectorías en los años 70; la huelga más larga y trascendente del sindicalismo universitario ha sido la del SITUAM en 2019; el único Contrato Colectivo de Trabajo de administrativos y de académicos universitarios se logró por los trabajadores en la UAM, como la unidad y voluntad de lucha es de ellos. Los demás sindicatos universitarios tienen divididos sus contratos colectivos y gremios en administrativos y académicos.
La clase patronal, a través del Tribunal, Intentó la derrota de todos los sindicatos universitarios empezando por la UAM, por ser estratégica la educación superior para los neoliberales, no sólo por la pérdida de los tres derechos colectivos, sino también porque debilitar a los sindicatos es debilitar la autonomía universitaria. ¿Qué libre debate de ideas puede haber sin un sindicato independiente? Sin un sindicato auténtico, acaso ¿habría “libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”?; y las universidades y las rectorías ¿“tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas;”? (Ver art. 3 Constitucional).
A la secretaria de Trabajo no le pareció importante el caso del SITUAM y se negó a recibir al Comité, dejó a un subordinado su representación para “escucharlos” sin compromiso alguno, ni siquiera con la justicia laboral.
En efecto, no basta contar con los derechos y la razón del lado de los trabajadores, es indispensable darle fuerza social y política a la lucha legal, con la movilización y la amplia participación de los trabajadores, la indispensable unidad interna, así como lograr la solidaridad de otros sindicatos. En esta lucha el SITUAM ha tenido una acertada asesoría jurídica en Manuel Fuentes, la que se ha fortalecido con la acción colectiva del gremio.
El propósito de los emplazamientos a huelga es para poder exigir, luchar y lograr un aumento salarial y por violaciones de la rectoría al contrato colectivo vigente, cuyo vencimiento es el 1 de febrero, que de no llegar a un arreglo estallaría la huelga. Lo que queda enmarcado en los tres primeros meses de cada año, cuando se llevan a cabo la mayoría de las revisiones salariales y contractuales del país, una etapa álgida para la lucha sindical nacional -sobre todo debido a la inflación en 2022 de más del 8% en la canasta básica-, contra aumentos a los gremios universitarios del 4%, más el incumplimiento o violaciones de las rectorías a los contratos colectivos.
En las universidades ha incubado el neoliberalismo a fondo. Siguen un método de exclusión de alumnos de más del 90% a través de exámenes de alta exigencia, con el que solo aceptan el 4% de los examinados en las facultades de Medicina y Derecho con lo que preservan el elitismo universitario que excluye a la mayoría de los jóvenes del país, “casual” y reiteradamente pobres. En cambio, la elección de los altos puestos de las universidades públicas son procesos opacos, reservados solo para las rectorías y cercanos a ellas. Por las universidades públicas no ha pasado la 4T, los rectores “solo comen en la mesa del patrón”, diría Yupanqui.
A favor de la democracia social y participativa es también la lucha del SITUAM, al defender los derechos constitucionales y proteger los intereses más profundos del trabajo: el salario digno, el empleo estable y la libertad sindical, que significan su dignidad, la de su familia y su clase social; de ser tratados como seres humanos; el derecho a la solidaridad con los suyos, a la unidad y a forjar la fuerza social, política e ideológica que solo las luchas amplias alcanzan. Porque la protesta social es también un derecho constitucional el SITUAM nos recuerda que los recursos de los trabajadores y sindicatos son amplios y variados, que no basta tener la razón y la ley de nuestro lado, sino también la fuerza social y política para obligar al Estado a que respete y cumpla su deber y obligación de ser un Estado de Derecho.
Grandes lecciones han dejado los 36 años de neoliberalismo: tener presente cómo y por qué los tres poderes -Ejecutivo, Judicial y Legislativo- se sometieron al capital nacional y extranjero hasta el envilecimiento, aunque visiblemente fuera más el Ejecutivo -6 gobiernos-, siempre al frente de los otros poderes, y el legislativo, visible ante la opinión pública y sintetizado en bloques de partidos. Pero el menos visible ha sido y es el judicial, cuyo trabajo sucio es opaco, el menos evidente pero igual de subordinado que los otros. No resulta fácil superar esa etapa que aún arrastra lastres. Nos exige estar vigilantes como en el presente caso del SITUAM.
No olvidemos que en Brasil, Argentina, Bolivia y Perú, tanto las oligarquías nativas como Estados Unidos abusaron del Poder Judicial para disfrazar los golpes de Estado en contra de los gobiernos democráticos de esos países. Ni tampoco que la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra de todas las iniciativas de AMLO de 2018 a 2022.
En esa lucha actual no se ha oído la postura de los partidos, ni de Morena, ni tampoco parece preocuparles contar con un programa y plan laboral y sindical para el año 2023 y 2024, propiamente con una alternativa social cuya centralidad sea el mundo laboral y sindical, toda vez que los trabajadores y sus familias son la gran mayoría ciudadana de la nación.
* Oscar Alzaga es abogado del Sindicato Minero y de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), además de miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
Foto de portada: Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).
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