El poder

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Alfonso Díaz Rey*

Viernes 13 de enero de 2017

 

 Un pueblo desorganizado, disperso, que no disfruta de libertad y no ejerce realmente el poder político, tampoco es soberano.

Alonso Aguilar Monteverde

(Defensa de nuestra soberanía nacional y popular)

 

El poder, como los derechos, solamente es útil si se ejerce.

En una sociedad dividida en clases, la clase dominante ejerce el poder para defender sus intereses y preservar sus privilegios; crea las leyes, elementos del derecho, instituciones e instrumentos necesarios para tal fin y los hace extensivos a la sociedad entera, como si los intereses de ésta  fueran los mismos que los del grupo dominante.

Así, el pueblo mexicano recibió el nuevo año con medidas que agravan aún más las precarias condiciones de existencia de la mayoría de quienes pueblan este país; específicamente, la política de incremento de precio de los combustibles que, como bien sabemos, repercutirá en los precios de los bienes de consumo de la población y en la disminución de los salarios reales de los trabajadores.

Esa medida, como las que se han aplicado desde hace más de tres décadas en nuestro país y que han prácticamente entregado el patrimonio nacional y las riquezas naturales al gran capital privado local y extranjero, las ha impuesto el grupo que detenta el poder, cuyos miembros son los únicos beneficiados.

Los argumentos principales para la aplicación de medidas “dolorosas pero necesarias” han sido siempre los mismos: preservar la estabilidad económica del país; evitar medidas aún  más dolorosas; proteger a los sectores más vulnerables de la población y un largo y demagógico etcétera.

Y como todo se hace desde el poder, desde ahí también se elaboran pactos cupulares que incluyen también a los trabajadores del campo y urbanos; pactos que en un mismo nivel de responsabilidades colocan a los monopolios y grandes empresarios, al gobierno  y a quienes tienen que vender su fuerza de trabajo para poder, en muchos casos, sobrevivir.

Y resulta que a quienes realmente producen, los trabajadores, los comprometen a elevar la productividad. Y como el único precio que controla el gobierno es el de la fuerza de trabajo, quienes realmente se benefician de esos pactos son los empresarios, pues nunca hay una correspondencia justa entre la productividad y el aumento a los salarios; eso sin considerar la inflación, que también actúa en beneficio de los dueños del dinero.

Y, cínicamente, preguntan: ¿Qué hubieran hecho ustedes?

Y aunque para efectos prácticos no existe el “hubieran”, sólo para reflexionar un poco, imaginémonos qué país tendríamos si en vez de la neoliberal se (de nuevo) hubieran definido con claridad las áreas estratégicas de la economía y mantenerlas (o recuperarlas, si fuera el caso) bajo dominio de la nación y aplicado, entre otras, políticas como:

En el campo de la energía (por lo de los gasolinazos):

• Explotación racional de los recursos energéticos, privilegiando el desarrollo nacional e impulsando, a partir de los ingresos excedentes, la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías para uso de energías renovables y limpias. Cabe aclarar que cuando hablamos de desarrollo se incluye el mejoramiento del nivel de vida del pueblo, con todo lo que ello significa, no solamente de crecimiento económico.
• Construcción de la infraestructura necesaria para asegurar la soberanía energética.
• Integración de las cadenas productivas en este sector para reducir costos y aprovechar al máximo los derivados con mayor valor agregado.
• Municipalizar y mejorar el transporte público, eficaz y eficiente, para desincentivar el empleo del automóvil, ahorrar energéticos y reducir los impactos de la contaminación.

En la educación y cultura:

• Eliminación del analfabetismo y democratización de la enseñanza.
• Impulso a la creación de servicios culturales y educativos al alcance de los trabajadores del campo y la ciudad.
• Reestructuración del sistema educativo y de la política cultural, con la finalidad de formar seres humanos con principios y valores que los conduzcan hacia una vida digna y se promueva la identidad nacional y latinoamericana.

En aspectos laborales:

• La elevación de los salarios mínimos a niveles que permitan una vida digna y la eliminación de la discriminación que en este aspecto se ejerce sobre las mujeres.
• El establecimiento de una escala móvil de salarios, para ajustarlos a los aumentos de precios y a la productividad.
• Eliminación de las jornadas superiores a la máxima legal y reducción de la jornada laboral en las ciudades.
• Reducción de ritmos y cargas de trabajo en actividades y tareas que entrañen un desgaste excesivo para el trabajador.
• Incremento de salarios a los trabajadores más mal retribuidos del Estado y las empresas públicas y reducción sustancial de los sueldos y demás ingresos que perciben altos funcionarios y quienes ocupan puestos de elección popular, de modo que esos puestos no sean objeto de disputas por un botín.
• Revisión de las leyes laborales a fin de eliminar subterfugios que las autoridades y patrones aprovechan para lesionar los intereses y derechos de los trabajadores y la reivindicación del derecho de huelga.
• Defensa del derecho al trabajo y promoción de programas para reducir el desempleo y subempleo.

En lo social:

• Incremento de las pensiones, sobre todo de aquellas cuyo monto no exceda el salario de un obrero medianamente calificado y, tratándose de mujeres y de trabajadores que realicen actividades peligrosas o especialmente agotantes, la reducción del tiempo para obtenerlas.
• Ampliación real de la seguridad social y establecimiento del seguro de desempleo, así como el manejo de los fondos de pensiones en favor de los trabajadores.
• Aumento de las prestaciones sociales básicas y ajuste de éstas conforme el número de dependientes del beneficiario.
• Construcción de viviendas populares para los trabajadores sin que ello entrañe corrupción en asignaciones y adquisiciones.

En lo económico:

• Revisión del TLCAN y otros tratados comerciales, de modo que sean un instrumento para el desarrollo sostenible del país y no de subordinación y saqueo.
• Combinar el incremento de la inversión con restricciones al gasto suntuario, a  fin de hacer posible tanto una creciente acumulación como un aumento en el consumo de bienes y servicios necesarios para la mayoría de la población.
• Modificar la estructura de la inversión, para aumentar la que se destina a actividades productivas, servicios sociales básicos, obras de importancia regional y empresas controladas por el capital mexicano.
• Evitar al máximo el desperdicio de capacidad instalada y de recursos productivos disponibles.
• Optar por métodos y técnicas de producción que más contribuyan a acelerar el proceso de un desarrollo sostenible y combinarlos con métodos menos costosos cuando por diversas razones no sea posible o aconsejable usar los más eficientes.
• Limitar la ruinosa fuga de recursos hacia el exterior, de lo que fundamentalmente son responsables el capital monopolista extranjero, la oligarquía y altos sectores de la burguesía y el Estado, a fin de poder financiar el desarrollo con recursos internos y reducir el endeudamiento externo.
• Elaborar una nueva política fiscal que con base en la restructuración del sistema impositivo tienda a incrementar el gasto público, reducir impuestos que afectan a trabajadores y pequeños productores de menores ingresos y aumentarlos a las grandes empresas y a quienes perciben altos ingresos.
• Reorientar la política de subsidios para apoyar a quienes realmente los requieren y no a los grandes grupos industriales y comerciales.
• Una nueva política monetaria y financiera acorde a las necesidades e intereses del país y no de los del FMI o el BM, que proteja los ingresos de las más amplias capas del pueblo trabajador.
• Una nueva política de comercio exterior y relaciones económicas internacionales que haga frente a los desequilibrios que origina el intercambio desigual.

Estos son solamente algunos aspectos en los que el “hubiera” podría haber evitado el deterioro en todos los aspectos que ha experimentado nuestro país. Pero la clase y el grupo en el poder son históricamente incapaces de encauzar un tipo de desarrollo que represente disminución en sus ganancias, privilegios y poder.

Por tanto, una política de desarrollo que realmente beneficie al pueblo mexicano solamente podrá implementarla y llevarla a cabo el propio pueblo. Para ello necesita alcanzar el poder político y ejercerlo en función de sus intereses.

En estos momentos es importante manifestar de una manera pacífica  nuestra indignación acumulada. Sin embargo, para revertir el actual estado de cosas, no bastará con las marchas, plantones y otras formas de manifestación, habrá que dar el paso siguiente: la organización.

* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular y del Observatorio Biosfera de Salamanca, Guanajuato.

Foto de portada: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.