El sector privado

SOMOSMASS99

Alfonso Díaz Rey*

Viernes 2 de octubre de 2020

Las recientes declaraciones de Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, dejan ver las contradicciones en un gobierno que, al menos declarativamente, se propone una transformación del país equiparable a otras tres de gran envergadura que han ocurrido: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Fiel a su clase, desde su puesto en el gobierno, no duda en manifestar su postura ideológica, la que en ocasiones ha chocado con la de otros miembros del gabinete presidencial y ha causado, directa o indirectamente, fracturas en el equipo de gobierno.

Su declaración en cuanto al papel del sector privado en la economía, cuando la pasada semana en una reunión con empresarios expresó: «No tengo duda, pese a la dialéctica, de que el sector privado es la única esperanza para crecer que tiene el país, el sector público no tiene recursos suficientes», exhibe su desmemoria y la insistencia cínica de los de su clase para retornar a las épocas de manos libres al capital, durante los gobiernos neoliberales.

El «sector privado» al que se refiere no es otro que la fracción hegemónica de ese grupo, el que con su poderío económico se cree con el derecho a disponer de los recursos del país para beneficio propio.

Habría que recordarle que ese sector privado durante casi cuatro décadas gozó de amplios privilegios y preferencias que se reflejaron en el fortalecimiento de la oligarquía local y, por otro lado, en el empobrecimiento y precarización de las condiciones de vida y trabajo de millones de trabajadores del campo y la ciudad, debido a la desigual distribución de la riqueza generada por el anárquico crecimiento económico propiciado por ese sector.

Durante ese periodo se despojó a la nación de bienes materiales y naturales de alto valor estratégico, los que se transfirieron al sector privado, local y transnacional. Ello se tradujo en beneficios para los nuevos poseedores de esos bienes; en aumento de la dependencia estructural del país; incremento desmedido de la deuda pública; incremento de la pobreza y la miseria; crecimiento incontenible de la corrupción, la violencia y la impunidad; y lesiones a la soberanía nacional y popular, además de lo señalado anteriormente. También, el sector privado adquirió el control de los fondos de retiro de los trabajadores, que son la segunda fuente en importancia del sector financiero del país, para obtener elevadas ganancias con su manejo.

La apología del sector privado es parte de la lucha ideológica desplegada por la clase dominante para presentarse como única opción en la conducción política y económica del país. Se apoyan en los grandes medios de difusión, que son de su propiedad, para mantener un constante bombardeo ideológico, presentándonos su verdad, aunque la realidad y la historia nos muestren resultados muy diferentes y en ocasiones contrarios a los que ellos nos presentan. Para ellos, la realidad está equivocada.

Como justificación a la libertad económica que exigen, aluden continuamente a la «libre competencia», sin embargo olvidan que esta pasó a mejor vida con el surgimiento de los monopolios, hace casi un siglo y medio, que junto con el capital financiero son los organismos dominantes en la fase actual del capitalismo.

Esa lucha ideológica tiene como finalidad obstaculizar cualquier transformación, por mínima que sea, que signifique disminución de los privilegios de la clase dominante.

Ahora bien, no se trata de demonizar al capital y al sector privado. Algunos creemos que en estos tiempos lo más sano para el país podría ser que en un ejercicio verdaderamente democrático, con la participación más amplia posible, se definieran:

Los sectores estratégicos, que serían propiedad irrenunciable de la nación (no del gobierno o del Estado).
Los sectores prioritarios, en los que, bajo ciertas reglas, tendría participación el capital privado.
Las reglas a que debiera sujetarse el capital privado en casos que, por insuficiencia de recursos públicos, se requiera su participación en actividades estratégicas, garantizándole una justa retribución.

El objetivo sería propiciar que la actividad económica se reflejara, además del crecimiento económico, en la erradicación de la pobreza y la miseria, en el acceso universal a la salud, la educación, la recreación y la cultura, el disfrute de un medioambiente sano; en otras palabras, en el desarrollo de la sociedad entera.

Es por ello que cualquier transformación que pretenda sacar al país del subdesarrollo y beneficiar a la mayoría de los mexicanos, será con la participación del pueblo, o se quedará en aspiración malograda.

El dos de octubre no se olvida.

* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.

Imagen de portada: Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y Alfonso Romo. | Foto: Gobierno de la República.