SOMOSMASS99
Maureen Clare Murphy / Intifada Electrónica
Lunes 7 de marzo de 2022
La reciente designación de Israel de varios grupos palestinos prominentes como organizaciones terroristas debería ser fácil de condenar para las democracias liberales.
Las designaciones se entregaron sobre la base de pruebas secretas y se produjeron sin el debido proceso. Las organizaciones en cuestión son muy respetadas a nivel local y están bien integradas en la escena internacional de los derechos humanos.
Pero la UE, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido aún no han rechazado explícitamente el «intento cutre» de Israel, en palabras de Zeid Ra’ad Al Hussein, el ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de «manchar la reputación» de los defensores palestinos de los derechos humanos.
Zeid Ra’ad Al Hussein, exAlto Comisionado de la ONU-DH. | Foto: ONU-DH.
Ninguno de estos gobiernos parece convencido por las acusaciones de Israel. Pero ni siquiera le han dado a su aliado un plazo para presentar pruebas creíbles que justifiquen las designaciones destinadas a privar a esos grupos de fondos internacionales.
Y en su intento de aislar y marginar a estos grupos, algunos de los cuales brindan servicios clave a las comunidades más vulnerables de Palestina, Israel está alterando profundamente las vidas de los proveedores de derechos humanos y servicios sociales en su punto de mira.
Una de esas defensoras de los derechos humanos es Khitam Sa’afin, presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas.
En febrero, Sa’afin fue condenado a 16 meses de prisión por un tribunal militar israelí.
Ella ya estaba detenida por Israel y lo había estado desde noviembre de 2020. La mitad de ese tiempo transcurrió en detención administrativa, sin cargos ni juicio.
Cuando Israel finalmente presentó cargos contra Sa’afin, alegaron que estaba ayudando a supervisar la transferencia de fondos de los grupos palestinos ahora proscritos, incluida la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, al Frente Popular para la Liberación de Palestina.
El FPLP, un partido político de izquierda con un brazo armado que se ha comprometido en la resistencia contra la ocupación, está prohibido como grupo terrorista por Israel y muchos de sus aliados occidentales.
Pruebas secretas
Como es típico de sus casos contra palestinos arrastrados a través de su sistema de tribunales militares, el caso de Israel contra Sa’afin se basó en pruebas secretas de las que ni ella ni su abogado estaban al tanto.
Al igual que a muchos palestinos se les negó el debido proceso en el sistema de tribunales militares de Israel, Sa’afin aceptó un acuerdo de culpabilidad que retiró los cargos de lavado de dinero. Fue condenada por ser miembro del FPLP y por ser presidenta de la ahora ilegal Unión de Comités de Mujeres Palestinas.
El grupo palestino de derechos humanos Addameer observa que Israel inicialmente presentó un «largo conjunto de cargos inflados» contra Sa’afin, «mucho más allá de cualquier acto singular y específico» que supuestamente llevó a cabo.
Esta es otra táctica israelí desgastada por el tiempo.
Inflar el número de cargos es una práctica «ampliamente utilizada por la fiscalía militar israelí para extender los procedimientos de detención y juicio como una medida punitiva y coercitiva contra el detenido», agrega Addameer.
En otras palabras, Israel lanza una olla de espaguetis con cargas contra la pared y muy pocos palos. Pero privados de cualquier cosa que se parezca a un juicio justo, los detenidos palestinos aceptan declararse culpables de delitos menores que no cometieron para reducir su terrible experiencia y el tiempo lejos de sus familias.
Israel también presiona a los palestinos para que acepten acuerdos de culpabilidad para evitar tener que probar su caso contra ellos en los tribunales.
Cuando los palestinos no aceptan los acuerdos de culpabilidad, el proceso se prolonga.
Mohammad El Halabi, un trabajador de caridad que vive en Gaza, es un buen ejemplo. En un juicio aparentemente interminable, El Halabi ha estado detenido durante más de media década y su caso ha ido a los tribunales unas 170 veces.
Mohammad El Halabi. | Foto: Mohammed Asad / Intifada Electrónica.
El Halabi ha rechazado numerosos acuerdos de culpabilidad, negándose a admitir su culpabilidad por un crimen que insiste en que no cometió.
Esa es la prueba infernal a la que se enfrentaba Sa’afin, de 60 años.
Y fue a lo que se enfrentó Juana Rishmawi, de 63 años, cuando aceptó un acuerdo de culpabilidad similar que la condenó a 13 meses de prisión por su trabajo con los Comités de Trabajo de Salud Palestinos, un grupo declarado ilegal por Israel a principios de 2020.
Los Comités de Trabajo de Salud no fueron informados de la designación hasta que Israel comenzó «una campaña escalada» contra la organización, arrestando a su directora, Shatha Odeh, y cerrando su sede en Ramallah, la sede de la Autoridad Palestina en Cisjordania.
Odeh, de 60 años, ha estado detenida por Israel desde que los soldados de la ocupación irrumpieron en su casa en julio del año pasado.
Los cargos contra Odeh giran principalmente «en torno a su papel de liderazgo» en los Comités de Trabajo de Salud, según Addameer.
Represión descarada
Odeh es también el presidente de la Red de ONG Palestinas, una coalición de docenas de grupos de la sociedad civil palestina.
Addameer argumenta que el arresto de Odeh indica el «creciente descaro de Israel … en reprimir y criminalizar a los defensores de los derechos humanos palestinos y a las organizaciones de la sociedad civil que desafían el régimen de colonialismo de colonos y apartheid de Israel».
En última instancia, las designaciones de terrorismo y la campaña de larga data de Israel contra los defensores de los derechos humanos palestinos tienen como objetivo preservar su impunidad.
Los movimientos de Israel contra estos individuos y grupos también son una señal de desesperación de que está perdiendo su control sobre la narrativa, con un creciente consenso entre los grupos internacionales de derechos humanos de que Israel está practicando el apartheid contra los palestinos.
«Les quitamos la máscara de la cara», dijo Shawan Jabarin, director de Al-Haq, una de las organizaciones objetivo, a un panel convocado recientemente por el Centro Carter. El consenso global de derechos humanos ahora sostiene que Israel «es un régimen colonial, este es un régimen opresivo».
«Cruzamos las líneas rojas cuando llegamos al tema de la rendición de cuentas y perseguimos a los criminales israelíes», agregó.
Durante ese mismo evento, Wesam Ahmad, también con Al-Haq, señaló que las designaciones de terrorismo y otros movimientos contra los grupos palestinos están siendo emitidos por los mismos funcionarios israelíes que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional.
«El movimiento a nivel de la Corte Penal Internacional es algo en lo que las organizaciones de la sociedad civil palestina como Al-Haq han estado muy involucradas en impulsar y, a pesar de los intentos de Israel de sofocar el progreso hacia esta investigación, ha seguido avanzando».
Ahmad dijo que no es de extrañar que Israel tome tales medidas durante el proceso de investigación en la CPI.
«Es en gran medida un reflejo de las tácticas del apartheid para perseguir a aquellas organizaciones e individuos que buscan desafiar a ese régimen».
Mientras tanto, la represión de Israel contra los trabajadores de derechos humanos solo aumentará a medida que avance la investigación y sin el rechazo de los aliados de Israel, que parecen felices de defender el derecho internacional cuando les conviene.
Imagen de portada: Los grupos palestinos de derechos humanos cruzaron la línea roja de Israel por buscar una investigación de crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. | Foto: Issam Rimawi / Intifada Electrónica.
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