El Zapotillo: exigen respeto a resolución de SCJN y denuncian «derroche» de SAPAL

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Redacción / SomosMass99

Guadalajara, Jal. / Jueves 28 de enero de 2016

 

«Inaudito que el Estado mexicano juegue el papel de rescate de las grandes corporaciones que despojan y privatizan el agua en el mundo».

Organizaciones sociales exigieron al gobernador Aristóteles Sandoval cumplir su palabra de no apoyar la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo con la construcción de cortina de la presa El Zapotillo a más de 80 metros de altura y respetar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que desde noviembre de 2015 ordenó suspender la obra.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogadxs reproharon a la vez que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y federal sigan «derrochando los recursos de las y los contribuyentes en beneficio de unas pocas empresas», como quedó de manifiesto a principios de este año cuando el titular del organismo de agua leonés, Enrique Torres López, «aseguró haber transferido alrededor de 700 millones de pesos a la empresa española Abengoa, responsable de la construcción del Acueducto Zapotillo-León, que está en riesgo de quiebra y siendo investigada por sus malos manejos».

A través de un comunicado de prensa, los colectivos recuerdan que el 29 de enero de 2013 «Aristóteles Sandoval, candidato en ese momento a la gubernatura del estado de Jalisco, escribió vía Twitter: ‘Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín’. Una vez electo como gobernador del estado, visitó Temacapulín y afirmó reiteradamente que no inundaría la comunidad.

«Sin embargo, en abril de 2014, contradiciendo lo manifestado, anunció la decisión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre la inviabilidad por aspectos ‘técnicos’ y de ‘seguridad’ de la presa a 80 metros, desacatando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la Nación (SCJN) y anunciando una amenaza de desalojo forzoso de las comunidades. Esta contradicción hace evidente el doble discurso que siempre ha manejado el gobernador sobre el proyecto. Temacapulín no lo olvida y sigue de pie luchando por la defensa de su territorio y los bienes naturales de los pueblos».

Señalan también la «realización de un estudio que llega tarde al conflicto, que representa más dudas que certezas, que no será vinculante y que carece de instancias de participación y contraloría», como es «el convenio contraído con la UNOPS-PNUMA (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) con un costo de 4.6 millones de dólares».

«Temacapulín no lo olvida y sigue de pie luchando por la defensa de su territorio y los bienes naturales de los pueblos».

Respecto a los 700 millones de pesos transferidos a la empresa española Abengoa por SAPAL, según su director Enrique Torres López, las organizaciones afirman que resulta «inaudito que el Estado mexicano juegue el papel de rescate de las grandes corporaciones que despojan y privatizan el agua en el mundo».

Hacen notar que «la SCJN suspendió definitivamente la obra en noviembre de 2015 y al día de hoy ha ratificado la decisión de suspender la obra para que las autoridades acaten esta disposición y se apeguen al proyecto original, para que con esta medida se garantice el respeto a los derechos de las comunidades».

Por lo tanto, exigen a las autoridades «que cumplan con esta disposición y realicen todas las modificaciones necesarias para asegurar que los derechos de las comunidades no sean transgredidos por este tipo de megaproyecto»; aseguran que «las mesas o espacios de diálogo no son un dispositivo suficiente para mantener la interacción de los actores miembros de la sociedad civil con el proyecto, ya que a la fecha se han realizado muchas sin que sean tomadas en cuenta las alternativas generadas», y demandan que se especifique el mecanismo que usará la UNOPS-PNUMA para documentar y hacer valer efectivamente el derecho a la participación de los pueblos y actores involucrados en el conflicto de la presa el Zapotillo».