En caso Ayotzinapa, el «objetivo es conocer la verdad y castigar a los responsables, sean quienes sean»: Segob

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 15 de enero de 2019

 

«Nuestro objetivo es conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, deslindar responsabilidades, castigar a los responsables sean quienes sean, y que estos hechos no queden en la impunidad», afirmó hoy el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, durante la instalación de la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia para el Esclarecimiento del caso de Ayotizinapa.

«Partimos -añadió- de una sola premisa: la verdad es que no hay verdad en el caso de Ayotzinapa. La verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los (43) estudiantes de la Escuela Normal (Raúl) Isidro Burgos, y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala». «Nuestra obligación es brindar a las víctimas y a sus familiares, la garantía de ejercicio de sus derechos humanos a conocer la verdad y hacer justicia para que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir».

La Comisión está integrada por la señora Cristina Bautista Salvador, Mario César González Contreras, Hilda Legideño Vargas, María Martínez Ceferino y Emiliano Navarrete Victoriano, madres y padres de cinco de los normalistas desaparecidos, tres de los cuales participarán de manera permanente según lo decidan los familiares. Por parte de la sociedad civil, Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Humberto Guerrero Rosales, de Fundar; y Miguel Álvarez Gándara, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Por parte del gobierno federal, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón; el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. La Comisión sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, pero podrá sesionar cuantas veces sea necesario como se acordó desde el 26 de agosto de 2018.

Encinas Rodríguez agregó que la Comisión es un mecanismo extraordinario que surge en un entorno de transición política, no una Comisión de la Verdad en su sentido tradicional y para un periodo determinado. Se espera que su desempeño y los resultados que se obtengan provengan de un «nuevo modelo de intervención gubernamental, que en coordinación con las víctimas, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil, permita avanzar en las investigaciones y el esclarecimiento de la desaparición de más de 300 mil mexicanas y mexicanos en nuestro país y de otras violaciones graves a los derechos humanos cometidos en México en las últimas décadas».

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó que con la Comisión se cumple el primer Decreto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo el pasado 3 de diciembre, y afirmó que el compromiso es esclarecer los hechos y a conocer la verdad.

«El objetivo del Decreto presidencial es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad, para dar satisfacción al justo reclamo de las madres, padres y familiares de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural (Raúl) Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y para dar paso a la aplicación de la justicia a los responsables de esos hechos, sin importar quienes hayan sido ni qué cargos ocupaban». Y agregó: “Estamos creando una instancia para que, con la participación de los familiares de las víctimas y expertos de diversas disciplinas, se esclarezca la verdad de lo ocurrido, para así fincar responsabilidades y aplicar la ley”.

Romper los pactos de impunidad

Ante de Esmeralda Arosamena de Troitiño, comisionada titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de Luis Ernesto Vargas Silva, comisionado de la CIDH, y de Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que asistieron como testigos de la instalación de la Comisión de Verdad, Santiago Aguirre Espinoza, del Centro Prodh, sostuvo que la desaparición forzada de los 43 normalistas, la ejecución de seis personas y las lesiones causadas a decenas de hombres y mujeres en un solo evento es uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país.

Es «un crimen paradigmático de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrenta México. Una herida abierta en el corazón de nuestra patria. Porque a los atroces crímenes del 26 de septiembre de 2014 les siguió una respuesta institucional que no sólo mostró las peores prácticas del sistema de justicia penal, sino que también evidenció a un sistema político agotado. Vino primero el desdén de la Federación (…), a esta fase le sucedió otra en la que la Federación intervino para confeccionar atropelladamente y acudiendo a métodos ilícitos una versión de los hechos que se presentó a las familias y a la opinión pública como definitiva, aun cuando no estaba respaldada en evidencia científica sólida. Enseguida, en un ejercicio inédito, tuvo lugar una fase de escrutinio internacional, conducida por el valeroso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que designó la CIDH, en la que fueron reprobados los esfuerzos del Estado mexicano en el caso y surgieron otras líneas de investigación que no habían sido agotadas. Después sobrevino un prolongado letargo, donde el caso fue más bien administrado políticamente. Esta negligencia llevó a que entráramos, recientemente, a una nueva fase en la que las acusaciones formales han comenzado a caerse una a una en sede judicial, a consecuencia de las irregularidades cometidas en la investigación».

Llegada la alternancia política, «que esperamos devenga verdadera transición», recordó que en su primer acto de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a las familias en Palacio Nacional y anunció la emisión de un Decreto en el que instruyó a toda la administración pública federal a contribuir proactivamente en el esclarecimiento del caso, y formalizó la instrucción al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de supervisar el cumplimiento de esa instrucción.

«El reto que enfrentará la Comisión no es menor: deberá romper los pactos de impunidad que impiden saber cabalmente qué pasó en el caso Ayotzinapa. Y aunque la tarea es desafiante, para acometer ese objetivo la Comisión cuenta con el respaldo presidencial; con un mandato jurídico claro contenido en un decreto; con el liderazgo de una secretaria de Gobernación y un Subsecretario de Derechos Humanos comprometidos a fondo con la agenda de derechos humanos; y, sobre todo, con la participación activa de los propios familiares. La Comisión cuenta también con el respaldo del secretario de Relaciones Exteriores, para concretar la asistencia técnica internacional que se requiera; y con el respaldo del Secretario de Hacienda, para asignar los recursos requeridos».

En su turno, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, señaló: “No nos hemos rendido. Para nosotros como padres y madres ha sido muy difícil caminar cuatro años y tres meses sin nuestros hijos. Sin saber en dónde están. Ha sido muy difícil para nosotros, porque estamos lejos de nuestras comunidades, de nuestras familias. Amamos a nuestros hijos. Los extrañamos. Nos sentimos muy desesperados y desesperadas de no saber cómo están. El gobierno de (Enrique) Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó. Se burló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México”.

A su vez, Emiliano Navarrete Victoriano, padre del estudiante normalista Ángel Navarrete González, reclamó que la administración pasada no ayudó en nada en las investigaciones para conocer los hechos ocurridos en Iguala: “El gobierno en lugar de ayudarnos obstaculizó la información. El gobierno federal del expresidente Enrique Peña Nieto, (fue de) una persona inhumana y que solamente obstaculizó la información”.

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Fotos de portada e interiores: Centro Prodh.