SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 16 de agosto de 2023
«Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente; en varios casos torturados, y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. Todos mayas tseltales e n medio de un racismo estructural», denunció el Centro de Derechos Humanos Fraytolomé de las Casas (Frayba).
El Frayba dio como ejemplos los casos de Manuel Gómez Vázquez y los 5 de San Juan Cancuc: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.
Gómez Vázquez un joven maya tseltal, integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en diciembre de 2020 fue falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado y después procesado penalmente con la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, que participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.
Los 5 de San Juan Cancuc, a su vez, son cinco pobladores tseltales del municipio de Cancuc, que a través de la organización comunitaria han resistido frente a la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Actualmente se encuentran presos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena: homicidio calificado, «a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado».
Luchamos por la libertad absolutoria para los seis mayas tseltales, y que se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; «hacemos énfasis en la obtención de su libertad. Y frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, que «se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática».
El Centro Frayba explicó que el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas tiene como características la colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado para la fabricación de culpables; la participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena, utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación; las acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias; privaciones arbitrarias de la libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); detenciones arbitrarias que buscan castigar de forma ejemplarizante la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio; y un Poder Judicial cómplice inactivo.
«La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intenta generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios», sostuvo el Frayba.
Imágenes de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
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