SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Chilpancingo, Gro. / Jueves 5 de octubre de 2017
Pese al aumento de la violencia en 2017, los gobiernos federal y de Guerrero han renunciado a garantizar la seguridad y procurar justicia en la entidad. Familias enteras viven «en total vulnerabilidad» el desplazamiento forzado, las ejecuciones y las desapariciones, denunciaron tres organizaciones defensoras de derechos humanos que, a la vez, consideraron que la decisión de la Secretaría de Gobernación y del gobierno de Héctor Astudillo Flores de dejar toda la responsabilidad a policías municipales es inaceptable y negligente.
Por ello exigieron que las autoridades de ambos niveles de gobierno cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales en materia de Seguridad Publica para proteger la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población, en particular de la región de Chilapa; que cumplan con sus atribuciones de persecución del delito en lo que les corresponde tanto en el fuero común como federal para terminar con la impunidad con que actúan los delincuentes en esta zona; y que la Fiscalía General del Estado dé seguimiento a los casos de desaparición de personas y homicidios, y que se aplique el marco legal para la atención de víctimas de desaparición, desplazamiento y homicidios.
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por la facilidad con que las instancias creadas para procurar justicia y garantizar la integridad física de las personas «se deslindan sin más, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales, de la fuerte violencia que de manera particular el municipio de Chilapa enfrenta desde hace una década».
Tan sólo en diez meses se han cometido más de 200 homicidios dolosos «que han quedado en la impunidad», lo que hace que en este 2017 se hayan ya rebasado las cifras de años pasados. Además, el incremento del desplazamiento forzado «se refleja en las casa vacías de Chilapa así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundida por grupos de la delincuencia organizada». Tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, de donde en sólo tres días fueron desplazadas aproximadamente 530 familias «bajo el desamparo de las autoridades municipales y estatales».
Debido a ello, las organizaciones consideraron que es «inaceptable la negligencia» con que actúan la Secretaria de Gobernación y la Fiscalía General del Estado al dejar toda la responsabilidad a policías municipales al manifestar «que ellos son los encargados de la prevención del delito», cuando en el orden municipal ha sido ya rebasado y los niveles de violencia requieren de la participación de las autoridades federales.
«Es necesario que el gobierno federal cumpla con sus atribuciones en cuanto a política criminal y persecución del crimen organizado a quien las propias autoridades acusan de ser responsables de la mayor parte de la violencia sucedida en la región de Chilapa. A la Fiscalía General del Estatal le corresponde la investigación de los delitos, la detención de los presuntos responsables y llevarlos ante el Poder Judicial. Si no se persigue a los responsables de los crímenes, se perpetúa la impunidad dejando en indefensión a la población que en su mayoría está compuesta por campesinos e indígenas marginados y en extrema pobreza».
Desde noviembre de 2016 mujeres han denunciado ante representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la desaparición forzada de sus familiares.
Las tres organizaciones estimaron que «la actitud de estos organismos forma parte de una estrategia perversa que pretende abonar el débil terreno en que está cimentada la militarización del estado de Guerrero y por ende lo que se busca es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, como organismos civiles que promueven y defienden derechos humanos consideramos que ese es un camino equivocado para revertir la violencia e inseguridad».
Fotos de portada e interiores: José I. Hernández / Cuartoscuro.
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