SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 23 de agosto de 2016
De los 117 cuerpos enterrados ilegalmente por la Fiscalía del estado de Morelos, 84 presentaron huellas de muerte violenta y cuatro de ellos sufrieron impactos de bala creaneal, al estilo de tiro de gracia, revelaron expertos independientes en materia forense de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el poeta Javier Sicilia, quienes dieron a conocer el informe preliminar sobre el caso de las fosas clandestinas en el poblado de Tetelcingo, donde también se encontraron los cuerpos de al menos dos niñas.
Javier Sicilia comentó que gracias a la presión de personas que buscan a sus familiares y al equipo de expertos de la UAEM se logró descubrir que las fiscalías tienen fosas clandestinas. Pero, además, «lo que queda muy claro son las complicidades del gobierno, como del crimen organizado, para desaparecer cuerpos. Y cuando un gobernador como Graco Ramírez dice que esas fosas son una práctica común, y vemos las fosas de Los Zetas, ya vemos dónde aprendieron Los Zetas a desaparecer cuerpos: el Estado se los enseñó, los gobiernos se los enseñaron».
- Con Graco Ramírez como gobernador de Morelos, han aumentado la violencia y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, acusa el poeta Javier Sicilia |Foto: María José Martínez / Cuartoscuro
El Estatuto de Roma, recordó, tipifica los crímenes de lesa humanidad como aquellos que surgen de fenómenos estructurados, organizados y en algunos casos maquinados desde los poderes de facto, sean formales o no. Crímenes que, como señala Jacobo Dayán, experto en estas cuestiones, «agreden la condición humana y requieren asignar responsabilidades individuales. Entre esos crímenes se encuentran aquellos actos inhumanos que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental. Las fosas, los desaparecidos, tienen que ver con esto. El sufrimiento de las víctimas es, en primer lugar, contra su integridad física porque desaparecen, no sabemos en qué condiciones, o los torturan, les pegan el tiro de gracias o los tienen esclavizados, o en la pornografía, infantil, o en redes de trata, daños gravísimos que además se hacen ocultamente. Y daños mentales a la familia, porque (…) si la vida de los que tenemos familiares muertos, asesinados, es dura, la de los desaparecidos es peor».
Afirmó que «el Estado ha apostado por la impunidad, el olvido y el ocultamiento del horror. La muestra más clara la tenemos en el gobierno de Morelos, encabezado por Graco Luis Ramírez Garrido-Abreu, y las fosas clandestinas de Tetelcingo. Graco Ramírez ha minimizado la violencia en Morelos y ha criminalizado a las víctimas, ha simulado que las atiende creando una ley de atención a víctimas que en realidad las tiene secuestradas. No ha realizado un cambio profundo en la seguridad. Lejos de ello, ha concentrado a policías impreparados y en muchos casos corrompidos en un mando único que lejos de disminuir la violencia, la ha acrecentado con violaciones sistemáticas a los derechos humanos».
El informe
En conferencia de prensa, Javier Sicilia y Roberto Villanueva presentaron el informe del análisis pericial independiente realizado a los cuerpos encontrados en las fosas de Tettelcingo desde el Programa de Atención a Víctimas y la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM. El equipo estuvo integrado por especialistas en antropología, arqueología y sociología, quienes realizaron un análisis de la violencia y la ilegalidad en las fosas, «que nos permite reconocer la violencia que ejerce el Estado sobre los cadáveres humanos a través de la crueldad y la reproducción del terror en un escenario de impunidad generalizada».
Roberto Villanueva comentó que Silvano Cantú, abogado defensor de derechos humanos y especialista en casos de tortura, realizó una evaluación de las evidencias de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes que fueron observados en algunos de los cuerpos: «Silvano da cuenta de la necesidad de realizar el procedimiento de necropsia a los cuerpos donde hay huellas evidentes de violencia, destacando la recomendación de investigar el encubrimiento de los posibles delitos y violaciones a los derechos humanos acontecidos sobre los cuerpos que murieron por arma de fuego, independientemente de lo que arrojen los peritajes de balística o de la identificación del agresor».
En los estudios realizados por los expertos de la UAEM, añadió Villanueva, se comprobó que dos de los cuerpos que estaban completos contaban con múltiples facturas; al menos 31 habrían sido víctimas de hechos violentos, y de los que no fueron sometidos a necropsia o que no fue posible identificarla, se advierte que en nueve de los 12 casos hay huellas evidentes de violencia. También, 84 de los cuerpos inhumanos corresponden a personas que tuvieron muertes violentas; con respecto de los cuerpos de cuatro de las personas inhumadas, todos con impactos de bala craneal, (presentan evidencias) con estilo de tiro de gracia».
- Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro
Respecto a las irregularidades en el registro de los restos humanos, dio a conocer que entre ambas fosas se localizaron 117 cadáveres y nueve bolsas con partes de restos humanos. De los 117 individuos, el 93 por ciento no están identificados. «Tomando en cuenta que el gobierno y la Fiscalía de Morelos estuvieron informando que había cuerpos con nombre dentro de las fosas y que presuntamente habían muerto en penales de Morelos», el 7 por ciento corresponden a los siguientes nombres: Alfonso N, Gerardo N, Crispín N, Mario N, Juan N, José N, Braulio N y Mario N.
«De todos los individuos que se exhumaron, los cuerpos del 37 por ciento corresponden a individuos del sexo masculino, mientras que el 7 por ciento al sexo femenino y el 56 por ciento no fue identificado (…) A varios de los 117 cadáveres no se les practicó la necropsia de ley, entre estos cinco cuerpos, tres osamentas y uno que no se pudo identificar (…) Con respecto al registro previo a la inhumación de cadáveres, a pesar de que el 96 por ciento contaba con una etiqueta con los datos correspondientes a su respectiva carpeta de investigación, el 50 por ciento de éstas no eran legibles (…) El 43 por ciento fueron inhumados con objetos asociados, es decir, ropas, algunas cadenas, pulseras, zapatos, etcétera (…) Cabe mencionar que desde la exhumación del 23 de mayo al 23 de junio, había el compromiso de la Fiscalía de dar a conocer las fotografías de estos objetos asociados, pero hasta la fecha no se ha hecho a pesar de muestras peticiones (…), estos objetos asociados podrían hacer que las personas que están buscando a sus familiares pudieran reconocer a algunos».
Además, la Fiscalía «omitió localizar a los familiares de los cadáveres con datos de identificación antes de la inhumación; no se realizó trabajo etnográfico para entrevistarse con los familiares de las personas desaparecidas, principalmente entre los vecinos de la localidad, entre los años 2010 a 2013, con el fin de obtener rasgos particulares (…), se omitió guardar las ropas y elementos de confronta en el cuarto de evidencias de las procuradurías de Justicia».
«Fosas que ensombrecen la violencia»
Roberto Villanueva, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, sostuvo que «el gobierno de Graco Ramirez incurrió en «numerosas violaciones a los derechos humanos de las víctima». De tal cuenta, y a partir de datos típicos de medición de la violencia, el informe «concluye que el estado de Morelos es hoy en día una de las entidades más violentas de México, (donde) los intereses económicos sobre los territorios para el desarrollo de actividades ilegales se suman y se complementan con la acción violenta de las autoridades que se ve reflejada en el aumento de denuncias por violaciones a los derechos humanos, de manera sostenida durante los últimos años.
- Roberto Villanueva y Javier Sicilia | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro
«El descubrimiento de las fosas de Tetelcingo refleja los métodos con los que el Estado lidia con los muertos en fosas ocultas que ensombrecen las expresiones de la violencia. Este entierro que por su irregularidad remite a un mecanismo de violencia extrema sobre los cadáveres, revela también la existencia de una modalidad de desaparición en un momento en que este fenómeno resulta ser cada vez más complejo y menos comprensible. Las inhumaciones de las más de cien personas muertas halladas en estas fosas son en sí mismas una manera de ocultar la verdad e impedir la posibilidad de su identificación.
«Al menos en tres aspectos el entierro irregular impide el esclarecimiento de los hechos e instala un Estado de terror. En primer lugar, al evadir la responsabilidad de castigar a los responsables; en segundo lugar, al enmascarar las dimensiones reales de la violencia e impedir la posibilidad de su comprensión con el borrado de sus huellas; y en tercer lugar, al cancelar la posibilidad de identificación de los cuerpos y, a través de ella, la reparación a las víctimas que han sufrido estas pérdidas».
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