SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Martes 28 de julio de 2020
Justo en medio de la crisis múltiple de la Covid-19 inicia el T-MEC, el 1 de julio de 2020, como un compromiso comercial, industrial, financiero y de servicios de los tres países de América del Norte, muy desiguales en su desarrollo, y sin saber a qué nivel caerán sus respectivas economías, el desempleo, la salud y las vidas de sus poblaciones; peor aún, sin saber cuándo será controlada la pandemia y los rebrotes. Con crisis políticas en Estados Unidos (EU) y México: por discriminación y violencia en todos los ámbitos de EU y un presidente supra racista y, en México, por una derecha enemiga al cambio social, que anhela volver al pasado neoliberal a favor de la oligarquía, la que no da la cara y lo hace a través de sus mercenarios, a los que paga.
Su antecedente, el TLCAN de 1994 a 2019, no dejó gratos recuerdos, al contrario: disminución en salarios, empleos, gasto social, crecimiento económico. El TLCAN fue un típico producto neoliberal bajo el mandato del Consenso de Washington; con gobiernos mexicanos sumisos que todo lo apostaron al “libre” mercado de los monopolios, incluidos el trabajo, sindicatos y la soberanía. El TLCAN no cumplió ninguna promesa social y popular de mejorar salarios, empleos etc. Los acuerdos paralelos ambiental y laboral fueron viles mentiras, ni una queja en esas materias progresó nunca en Canadá, EU y México.
Hoy se pretende un T-MEC mejor, en el que México reserva su política laboral y social para aplicarla sólo aquí, no trinacional. Sin embargo, será supervisado de modo trilateral su cumplimiento en base al capítulo 23 Laboral, anexo 23-A, dedicado al tema sindical de México. Esa supervisión enfrentará dos retrasos brutales e históricos: el racismo laboral y social de EU y, de México, el sindicalismo charro y patronal, y la falta de justicia laboral. Ningún país puede ocultar esos atrasos y taras, contrarios a la democracia, justicia y autonomía sindical.
Aquí, los grandes ausentes del cambio de la 4T desde las elecciones de 2018, son la mayoría de las y los trabajadores en los actos de gobierno, ahí los representan la CTM y CATEM, los que menos lucharon y luchan por un sindicalismo independiente y democrático. Al revés, se oponen a él. O qué, ya se olvidó la venta de los contratos colectivos de trabajo (CCT) degradados a contratos de protección patronal (CCPP); se le olvidó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) qué sindicatos apoyaron a los gobiernos pasados y al PRI y PAN, que sirvieron sólo a los patrones y más a los grandes: la oligarquía. Olvidan a los trabajadores, justo quienes individualmente votaron por AMLO.
Desde la campaña electoral de AMLO en 2017 y 2018 no se invitó a las y los trabajadores a organizarse en sindicatos para el cambio, que fueran impulsados por ellos. Como ocurrió en 1934 y 1935, para lograr un cambio no solo sindical y laboral, sino en todos los ámbitos nacionales, Lázaro Cárdenas impulsó el cambio y apoyó abiertamente a los trabajadores, los que a su vez fueron el principal respaldo a su gobierno ante el Jefe Máximo, Calles, la patronal de Monterrey, la patronal petrolera, los gobiernos de EU y Gran Bretaña y la derecha neoporfirista.
Hoy, el T-MEC propone una tarea fundamental a la que no se hace caso: la “Concientización Pública y Garantías Procesales” del art. 23.10 del Capítulo 23: “Cada País promoverá la conciencia pública de sus leyes laborales (…) asegurando que la información relacionada con sus leyes laborales y procedimientos para su aplicación y cumplimiento esté públicamente disponible.” “Que haya acceso apropiado a los tribunales para la aplicación de las leyes.” Y que los tribunales sean “Justos, equitativos y transparentes”. “Imparciales e independientes».
Esto es lo que ha faltado realizar en México. La STPS apostó a que la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 1 de mayo de 2019 sería el motor del cambio, sin impulsar la concientización pública con la nueva LFT, y dejó igual que antes la Junta Federal, la parte encargada de “la aplicación y cumplimiento” de la Ley. La Junta Federal y las Juntas estatales siguen sin cambios y con los mismos vicios, esperando años y años a que lleguen los nuevos e inciertos tribunales judiciales de la Suprema Corte.
El Art. 23.2 del Capítulo 23, señala: “Las Partes reconocen el importante papel de las organizaciones de trabajadores y empleadores en la protección de los derechos laborales.” Lo cual en el caso patronal nunca ha perdido, al contrario: aumentan su sobre representación territorial, por rama, nacional e internacional, en 36 años de neoliberalismo en que se apoderan del país. Con la patronal ha coincidido más la STPS en no hacer más reformas y dejar todo como antes.
En entrevista a Luisa Alcalde, al frente de la STPS, apuesta a que en noviembre de este año vendrá el cambio, cuando “se abran las puertas de los primeros tribunales laborales y de centros conciliatorios” y ni más ni menos que el cambio del sindicalismo mexicano. A la pregunta “¿El panorama laboral cumple con las demandas del T-MEC?, ella responde: “Sí, de hecho la reforma publicada el 1 de mayo del año pasado contempla los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC.” (El Heraldo de México. 20-VII-20).
Evidentemente, ella y sus asesores no alcanzan a ver la complejidad y dificultades de la realidad sindical y los tribunales. Ella carece de experiencia y vuelve a pensar que bastan los decretos para cambiar la realidad, los tribunales y hasta los centros de conciliación; piensa que se transitará a tribunales imparciales e independientes sin mayor esfuerzo y con el personal de antes; sin realizar la concientización pública y sin tener informados de sus derecho laborales y sindicales a quienes no lo están, que son la mayoría de los trabajadores.
¿Sabrá quiénes no están informados y concientizados y cómo llegar a ellos? ¿Sabrá que el cambio en los tribunales y centros debe ser una labor diaria de revisión de los asuntos, de fiscalizar la honestidad del personal, de supervisar que la ley laboral se aplique a la letra, para que se pueda abrir el acceso a la justicia a quienes más la necesitan? ¿Que la meta son centros y tribunales independientes, imparciales y justos? Lo que hasta ahora no tenemos, ni a lo podemos dar marcha atrás.
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Foto de portada: alcangel144 / Pixabay
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