SomosMass99 / Cimacnoticias
México, DF. / 15 de agosto de 2014
Cuando las periodistas son amenazadas, víctimas de difamación, cuando quedan en medio de los golpes o son asesinadas, las autoridades encargadas de investigar y sancionar el delito simplemente se pierden en un mar de burocracia y prejuicios sexistas que arrancan la paciencia a cualquiera y dejan a las mujeres en la indefensión.
Este proceso se describe y analiza en el informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, que realizó Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) para demostrar que el Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión y con las periodistas, a quienes no les garantiza justicia cuando son agredidas, lo que abre la puerta a que los hechos se repitan.
Las investigaciones judiciales sobre delitos contra mujeres periodistas –dice el informe– se caracterizan por ser deficientes, realizarse con sesgos sexistas y violar el debido proceso; como consecuencia, las agresiones o actos de violencia no se esclarecen y los culpables no son castigados.
Así lo demostró el análisis jurídico de cuatro casos de delitos contra la libertad de expresión: las indagaciones judiciales por las amenazas y demandas contra Lydia Cacho Ribeiro y Ana Lilia Pérez Mendoza, así como el asesinato de Regina Martínez Pérez y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia Cimacnoticias.
El informe que se presenta hoy en el Centro Cultural de España en México, en esta capital, también destaca que la falta de perspectiva de género en las normas de libertad de expresión y la naturalización de la violencia se reflejan en el deficiente acceso a la justicia para el gremio periodístico, lo que genera impunidad.
Sin seguridad… Sin justicia
En general este gremio es víctima de violencia e impunidad, pero el informe de CIMAC agrega que las comunicadoras además son víctimas de violencia institucional de género que muchas veces inicia con discriminación, continúa cuando las autoridades no consideran su labor periodística como factor de la agresión, y persiste al negarles protección y justicia.
En entrevista, Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de Redes de Periodistas y Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, aseguró que para demostrar esa hipótesis se escogieron cuatro casos que permitieran ver diversas aristas de los ataques contra la libertad de prensa, y que fueran intimidaciones que pudieran sucederle a cualquier reportera.
Así por ejemplo, el informe destaca que de 2004 a 2008 la reportera Ana Lilia Pérez Méndez investigó la corrupción de las empresas Naviera Oceanografía y la trasnacional gasera Grupo Zeta, casos que implicaban a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que provocó que en 2007 Grupo Zeta la demandara por daño moral, acusación que hoy día sigue vigente.
El análisis de CIMAC indica que la demanda por daño moral contra la reportera es un claro ejemplo del uso del aparato judicial para limitar la libertad de expresión, ya que además puso en riesgo la vida de la informadora, quien en junio de 2012 tuvo que salir del país por las amenazas en su contra, lo que ha dificultado su defensa legal.
Respecto al homicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal en Xalapa, Veracruz, del semanario Proceso y quien fuera asesinada el 28 de abril de 2012, el estudio encontró que la investigación se enfocó en la vida privada de la reportera y en desacreditar su labor periodística, lo que derivó en violencia institucional.
En la indagación de este asesinato, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz no realizó pesquisas que permitieran un juicio justo, hubo un mal resguardo de las evidencias, de la preservación y recolección de pruebas y de la identificación de testigos, por lo que hasta ahora hay dudas sobre quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del crimen.
Algo similar sucedió en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien en 2005 fue demandada por Kamel Nacif por los delitos de difamación y calumnia, luego de que ella revelara la existencia de una red de pederastia y pornografía infantil en la que presuntamente participaba el empresario textilero.
En ese caso destacó la colusión del entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y las irregularidades en la integración de la averiguación previa por las acusaciones contra Cacho Ribeiro que dieron pie a que en diciembre de 2005 la periodista fuera detenida y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En cuanto al robo y allanamiento de la agencia Cimacnoticias, en 2008 y 2011, el informe destaca que el hecho de que el delito se investigara como robo simple fue una omisión, porque no se incluyó como línea de investigación la labor periodística y de defensa de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres de quienes laboran en este medio de comunicación.
El documento señala que la violencia institucional que las autoridades de justicia ejercieron contra el trabajo de periodistas e impulsoras de los derechos femeninos dejó desprotegida su labor, les negó una protección especializada, se afectó la libertad de expresión y devino en impunidad.
Faltantes
Rangel Medina aseguró que en los cuatro casos analizados se encontró que cuando las autoridades ministeriales no adoptan oportunamente líneas lógicas de investigación ni un análisis de la situación de riesgo en que se encuentra la periodista, las deficientes pesquisas impiden el esclarecimiento de los hechos y por tanto las sentencias condenatorias.
Por tanto –explicó– como lo señala la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es necesario comprender cómo operan las desigualdades de género y las prácticas sexistas en la violencia contra las periodistas para tomar las medidas adecuadas.
Para ello, el informe de CIMAC recomienda que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y sus homólogas en las entidades federativas, incorporen protocolos especializados con base en los Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas.
También dice que es importante revisar los programas nacionales en materia de igualdad, para que las fiscalías o agencias especializadas en delitos contra periodistas incorporen investigaciones con perspectiva de género.
Por otra parte, Rangel Medina destacó que es importante seguir documentado las agresiones, ya que esto permite pasar de las anécdotas a las cifras y analizar cómo se modifican la violencia y cuáles son las tendencias. Con este informe –resaltó– se detectó que las agresiones continúan y van en aumento.
Entre 2012 y 2013 se presentaron 86 casos de violencia contra mujeres periodistas, de los que el 54 por ciento (47 casos) ocurrieron en 2013. Es el Distrito Federal donde ocurrieron 35 por ciento de los casos, lo que coloca a la entidad como la más peligrosa para las mujeres que ejercen el periodismo en el país, seguida de Veracruz.
Según el análisis, el gobierno de la Ciudad de México adoptó una postura “represiva” ante las protestas sociales y la libre expresión, sobre todo porque en manifestaciones públicas se han registrado agresiones constantes contra mujeres periodistas, en su mayoría colaboradoras de medios independientes.
Ello significa que ninguna institución, fiscalía, mecanismo u oficina ha logrado cambiar el panorama, ya que si bien en los últimos dos años en México se creó un marco normativo de protección a periodistas y personas defensoras de DH, éste ha sido “incipiente”.
Rangel Medina destacó que son fundamentales las acciones, leyes y mecanismos implementados a favor de las periodistas; sin embargo –observó– aún carecen de perspectiva de género y presupuesto, no se evalúan y no son conocidas por el gremio.
Concluyó que el combate a la impunidad no sólo debe ser la exigencia de castigo al culpable, también debe abarcar la justicia y con ello el impulso del derecho ciudadano a tener información.
La nueva investigación que da seguimiento al “Informe Diagnóstico Violencia contra Mujeres Periodistas. México 2010-2011”, que se presentó en 2012 para evidenciar que las mujeres también son víctimas de violencia sistemática, será comentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Informe abona a erradicar la impunidad contra las periodistas
La violencia contra las mujeres periodistas debería ser tema de interés para la sociedad porque se trata de una vulneración a la libertad de expresión, dijeron defensoras, comunicadoras y activistas l finalizar la presentación del informe.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló que el informe refleja, entre otras cosas, la falta de entendimiento por parte de las autoridades y la misma sociedad del rol sustantivo que juega el periodismo en la defensa de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
“No existe ese sentimiento de que la libertad de expresión es un bien colectivo y no se ha entendido que lo que está en riesgo cuando se agrede a periodistas es ese bien común que nos pertenece a todas y todos independientemente de si ejercemos o no periodismo”, abundó Hernández Valencia.
Explicó que pese a los avances logrados en Derechos Humanos (DH), el aparato judicial “no se mueve a la capacidad y escala de lo que el país enfrenta”, como lo demuestra el informe que analiza cuatro casos emblemáticos de violencia, que dan cuenta de la realidad que enfrentan las comunicadoras cuando son agredidas y se ven obligadas a transitar por un laberinto de burocracia en busca de justicia.
Por su parte, Erika Smith, integrante de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (ASC), aseguró que el reporte refleja la política de silenciamiento que enfrentan las mujeres, ya que en todos los ámbitos no se quiere permitir la libertad de expresión y “el ataque se vuelve mayor cuando llegan las mujeres peligrosas, como lo representan las periodistas”.
En ese sentido destacó que el informe visibiliza y documenta la violencia de género y acaba con la idea de que las agresiones son algo “normal”. “Al tenerlo en sus manos (el informe) es muy probable que mujeres periodistas analicen lo que les está pasando y se atrevan a denunciarlo”, acotó.
A decir de Delia Arellano Contreras, directora de TMP Noticias, este segundo informe además de aportar las estadísticas, casos y testimonios que demuestran que la violencia contra las periodistas es algo que “realmente está pasando”, revela que al no existir una legislación adecuada para estos casos se falla en la protección a la libertad de expresión y los derechos femeninos.
Pidió a sus compañeras periodistas de todo el país sororidad para acompañar los casos de violencia que se registren, y generar una cultura para visibilizar los tipos de violencia que viven las informadoras.
En tanto, Clara Meyra Segura, defensora y colaboradora del Proyecto de Acompañamiento Psicosocial Aluna, enfatizó que el informe es un llamado al Estado para que se haga responsable de la protección de las mujeres, que con su trabajo periodístico construyen la democracia en México.
Asimismo, la coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, Rosa María Rodríguez Tapia, agregó que la falta de cifras oficiales y el subregistro de la violencia que padecen las informadoras llevan a una mayor impunidad.
Además aseguró que son “el miedo y la omisión de las instituciones” lo que profundiza que esta situación persista, por lo que –destacó– el acompañamiento de CIMAC con esta investigación “nos hace sentir protegidas a todas”.
Estefanía Sánchez Navarro, productora del programa de radio por internet con perspectiva de género “Las brujas de Venus”, dijo que el informe es una herramienta indispensable para quienes hacen periodismo –no importa si son jóvenes o llevan muchos años en la profesión–, ya que muestra cómo actúa el poder y la violencia.
Aseveró que la principal consecuencia de la impunidad es acallar a quienes denuncian, violentar la libertad de expresión y terminar con el derecho a la información de todas las personas, por ello coincidió con las activistas al destacar que es necesario visibilizar que las mujeres también son violentadas por ejercer su profesión.
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