Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Jueves 2 de julio de 2015
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer un documento que demuestra que los militares mexicanos tenían órdenes de “abatir delincuentes” en el área de Tlatlaya, en el Estado de México, donde soldados mataron a 22 personas el 30 de junio de 2014.
- El informe que obtuvo el Centro Prodh revela que las tropas recibieron la orden de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“El mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal», dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización líder en investigación y promoción de los derechos humanos en las Américas.
Al cumplirse un año de la masacre, el Centro Prodh presentó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se exponen los principales rezagos en materia de verdad, justicia y reparación respecto del caso. La presentación contó con la asistencia de la testigo y sobreviviente Julia, quien en todo momento exigió justicia y seguridad para su persona y sus familiares.
Julia refirió cómo la falta de un esclarecimiento pleno de los hechos y el manejo irresponsable de lo concerniente a la reparación del daño por las instancias estatales, le orillaron a pronunciarse públicamente en el marco de este primer aniversario para exigir justicia y seguridad. La principal testigo de los hechos reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años privada de la vida en los hechos, quien no ha sido considerada víctima pese a los indicios de que la evidencia fue manipulada también respecto de ella. De igual forma, Julia señaló que al difundirse públicamente con falsedad que ella habría recibido una reparación millonaria, se le ha puesto en un peligro inminente por lo que responsabilizó al Gobierno Federal de cualquier atentado contra su persona.
Ante este panorama, el Centro Prodh presentó once recomendaciones puntuales para que se garantice justicia y verdad ante los hechos de Tlatlaya, entre las que destacan: crear una nueva Comisión Indagatoria en la que participen especialistas independientes conforme al Protocolo de Minnesota; realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas de ejecución; interrogar en el fuero civil a todos los mandos militares responsables que podrían tener responsabilidad por su calidad de superiores jerárquicos conforme a la cadena de mando; suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes”; transparentar enteramente los expedientes asociados al caso; y, por último, reparar el daño causado a Julia desde una perspectiva integral, evitando colocarla en riesgos adicionales. Asimismo, la organización civil fundada por los Jesuitas señaló que información sobre la existencia en México de órdenes abiertamente contrarias a los derechos humanos ha sido enviada al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
La historia oficial
- El reporte también indica la necesidad de ampliar la investigación del caso para identificar la cadena de mando militar y sanciones a los directamente implicados en los hechos.
Según la historia oficial sobre la masacre, los soldados habían estado patrullando la zona cuando fueron atacados por presuntos secuestradores, provocando un tiroteo que dejó 22 muertos. Sin embargo, el análisis forense demostró que muchas de las víctimas fueron ejecutadas, lo que corrobora el testimonio de testigos presenciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) más tarde llegó a la conclusión de que al menos 12 de las personas que murieron fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena del crimen para que pareciera como una confrontación. El gobierno mexicano ha, desde entonces, ejercitado acción penal en contra de siete soldados por el homicidio de ocho de las víctimas.
Como se describe en el informe del Centro Prodh, las comunicaciones de la policía y militares posteriores al incidente establecen que 22 personas habían sido «abatidas», usando el término de la orden original.
«El gobierno mexicano primero pintó esto como una confrontación y luego como un incidente aislado. La evidencia que se hizo pública hoy demuestra que los soldados fueron enviados con la misión de matar a los delincuentes», dijo Meyer.
Entre 2006 y septiembre de 2014, al menos 3,600 civiles fueron asesinados en confrontaciones con las fuerzas armadas mexicanas. «Es alarmante pensar que si no fuera por las sobrevivientes y la atención de los medios internacionales, Tlatlaya podría haber sido registrado como uno de los muchos enfrentamientos armados», afirma Meyer. “¿Cuántas otras muertes son en realidad producto de ejecuciones ilegales. La meta debe ser detener y procesar a las personas, no eliminarlas.»
Las nuevas revelaciones surgen al mismo tiempo que el Congreso de Estados Unidos emite una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre las violaciones a los derechos humanos en México, expresando preocupación tanto por el caso de Tlatlaya como por la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa. La carta, patrocinada por el congresista Alan Lowenthal (D-CA), miembro del Comité sobre Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, y firmada por 81 congresistas más, afirma: «Estos dos casos no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos los casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”.
Como WOLA ha señalado anteriormente, el caso Tlatlaya y otras masacres, incluyendo las cometidas por la Policía Federal, apuntan a la necesidad urgente de implementar mayores controles y directrices más claras sobre el uso letal de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
“Las fuerzas de seguridad federales de México se enfrentan a graves riesgos en el curso de su trabajo, pero la lucha contra la delincuencia no debe suceder a costa del respeto a los derechos humanos”, dijo Maureen Meyer.
- Organizaciones de la sociedad civil respaldan el informe y exigen que la responsabilidad de los mandos militares sea investigada.
La presentación del informe estuvo acompañada por Amnistía Internacional; Artículo 19; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundar Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE). Las y los representantes de dichas organizaciones civiles respaldaron los principales hallazgos y conclusiones del Informe, coincidiendo en que confirma la veracidad de las denuncias que se han realizado durante los últimos años. En ese sentido, enfatizaron que la exigencia de investigar la responsabilidad institucional del Ejército es hoy una exigencia del movimiento de derechos humanos en su conjunto. Asimismo, se sumaron a la exigencia de seguridad para Julia, su familia y sus representantes.
Con información de WOLA y Centro Prodh
Comparte en Facebook
Twittéalo
