En México los defensores de DDHH son «obstáculos a eliminar»

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 12 de septiembre de 2017

 

Si el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por declarar «la guerra» al crimen organizado y dejar miles de muertos, desaparecidos y desplazados, el de Enrique Peña Nieto no sólo hizo suyas las mismas políticas sino que instaló casi como enemigos de las instituciones del Estado mexicano a las personas que defienden los derechos humanos.

«El 1 de diciembre de 2012, durante las manifestaciones por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, quedaría definida la línea que habría de seguir su gestión en lo referente al derecho humano a la protesta y a la libertad de expresión: la jornada culminó con 99 detenciones –la mayoría arbitrarias–, caracterizadas por diversas violaciones a los derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, detención y retención ilegal de menores de edad y por lo menos seis casos documentados de tortura. Además, Juan Francisco Kuykendall murió 13 meses después a causa de las heridas causadas por una bala de goma disparada durante el operativo».

Lo anterior es parte de la caracterización que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hace del actual gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, en su informe La esperanza no se agota.

A las más de 80 organizaciones de 23 estados del país que integran el colectivo les preocupa que durante los casi cinco años que van de la actual administración federal se hayan impulsado diversos procesos para reprimir manifestaciones y actos públicos; restringir por la vía legislativa la protesta social al legalizar el uso indiscriminado de la fuerza pública, incluyendo el uso de balas de goma e incluso armas de fuego contra manifestantes; criminalizar el derecho a defender derechos humanos, y desprestigiar mediáticamente y judicializar a las personas defensoras.

En campaña

Luego de llevar a cabo investigaciones y visitar el país para conocer la situación de los derechos humanos, en los meses de marzo de 2015 y 2016 el entonces Relator Especial de la ONU sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron sus conclusiones. El 9 de marzo de 2015, en su informe final, Juan E. Méndez sostuvo que «la tortura es generalizada en México». La CIDH presentó el informe Situación de Derechos Humanos en México, en el que concluye que nuestro país vive una grave crisis de derechos humanos y que desde 2006, con la «guerra contra el narcotráfico» del gobierno de Felipe Calderón, la violencia alcanzó niveles alarmantes al cobrar más de cien mil vidas, miles de desapariciones y el desplazamiento de miles más.

El 25 de marzo de 2015, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, le respondió a Juan E. Méndez que le parecía «muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar y que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada» de la tortura (La Jornada 28/03/2015).

Al año siguiente, el 2 de marzo, la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron que el informe de la CIDH -con Emilio Álvarez Icaza como su secretario ejecutivo- «desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos (…) El Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos».

Al llegar Peña Nieto a la presidencia de la República no hubo cambio alguno en las políticas de seguridad ni disminuyeron los niveles de violencia. Al contrario, la crisis se agravó por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y la situación de inseguridad de quienes defienden derechos humanos. De modo que los hechos que siguieron a las respuestas del gobierno a los informes de la ONU y CIDH hicieron más evidente la línea que decidió tomar.

El 4 de marzo de 2016 Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, acudió a varios medios nacionales para denunciar «el modus operandi» de defensoras y defensores para asesorar a presuntos secuestradores, ganar procesos judiciales y cobrar cuantiosas indemnizaciones del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se había desatado una campaña de descalificación.

Algunas de las personas señaladas por Miranda de Wallace de integrar la supuesta «red de cuates y amigos» eran Mariclaire Acosta, en ese año todavía responsable de la oficina México de Freedom House; José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Juan E. Méndez, y Emilio Álvarez Icaza, a quien incluso se acusó de cometer fraude con los fondos destinados al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes de la CIDH encargados de investigar el caso Ayotzinapa.

Organizaciones internacionales como Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) denunciaron los ataques. Michel Frost, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y David Kaye, el Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión, llamaron a las autoridades mexicanas a «reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el Estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia en el país».

Pese a todo, el 19 de julio de 2016 Peña Nieto inauguró el foro Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso, organizado por Miranda de Wallace. Le dijo: «Como Presidente de la República quiero aquí dejar constancia y fiel testimonio de gratitud, en nombre de la sociedad mexicana, y de amplio reconocimiento a este esfuerzo que usted realiza». Y añadió: «Se cuenta ya con un fondo de ayuda, de asistencia y reparación que no se tenía (…) Y un dato que usted daba hace un momento, señora Wallace, parte de este fondo, o recursos de este fondo, más de las veces, o algunas de las veces, en lugar de ser para apoyar o para reparar el daño ocasionado a las víctimas, ha sido básicamente para la invocación de faltas al debido proceso o alguna otra razón, se han dedicado recursos prácticamente para los victimarios».

La escalada continuó meses más tarde, pero ahora en forma de espionaje. En febrero de este año diez organizaciones se retiraron de la Alianza para el Gobierno Abierto en protesta por haber sido espiadas, y a partir del 19 de junio las denuncias se volvieron masivas cuando se dio a conocer que defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas, y hasta sus familiares, habían sido víctimas de intervenciones en sus teléfonos celulares a través de un sofisticado malware llamado Pegasus, contratado por varias dependencias del gobierno federal a un costo de 77 mil dólares.

En ambos casos se trataba de investigaciones de las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y Artículo 19, realizada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, y recogidas por el periódico estadounidense The New York Times. Lo que descubrieron los investigadores canadienses fue que Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; y Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); recibieron mensajes SMS a sus dispositivos con enlaces maliciosos que al acceder a ellos provocan la instalación del malware Pegasus, con lo que las cámaras, micrófonos, directorios, mensajes, fotografías, correos electrónicos y toda la información contenida en los teléfonos celulares resulta accesible al atacante.

La respuesta en este caso corrió a cargo del propio Peña Nieto. El 22 de junio, en un acto público en Jalisco, dijo: espero que la ley “pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”. Después intentó retractarse al señalar que no se trataba de una amenaza, pero la PGR se encargó de aclarar por dónde iba el asunto: Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), anunció que pediría sus teléfonos celulares a los afectados para realizar un análisis forense e identificar el virus que los atacó.

Después la lista de espiados se amplió cuando se dio a conocer que Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain, integrantes del GIEI, además de Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, también habían sido vigilados a través de Pegasus. Invariablemente se trata de activistas y defensores que acompañan a víctimas o que siguen casos tan importantes para el país como los de Ayotzinapa, Tlatlaya y el de la Colonia Narvarte, entre otros.

Todo tiene una explicación

Pero nada es casual. La RedTDT explica en su informe La esperanza no se agota, presentado el 5 de septiembre, que el recrudecimiento de la represión de las manifestaciones públicas y la criminalización de quienes alanzan la voz tiene su punto de inflexión el 2 de diciembre de 2012.

Esa fecha está marcada en el calendario de la política nacional como el día en que el presidente Enrique Peña Nieto y los entonces dirigentes nacionales del PRI, Cristina Díaz; del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, firmaron el Pacto por México en presencia de Jesús Murillo Karam, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados Federal; Ernesto Cordero, presidente como ahora del Senado de la República; y los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa; del PRD, Silvano Aureoles y Miguel Barbosa; y Luis Alberto Villarreal, líder de los panistas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Un pacto que «entendemos como un proceso de negociación y colaboración entre las distintas fuerzas del sistema político mexicano, cuyo objetivo fue legitimar las reformas estructurales del Poder Ejecutivo, once medidas de corte neoliberal basado en el extractivismo y la perpetuación de la pobreza a favor de los principales poderes económicos y políticos.

«Aunque estas reformas fueron anunciadas como un novedoso y arduo esfuerzo de cooperación, encaminado a la transformación pacífica y democrática de México, la realidad es diametralmente opuesta: son, en su mayoría, violatorias de los derechos humanos, particularmente de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), pues impactan directamente en las condiciones de vida de los sectores que, históricamente, han sido puestos en situación de vulnerabilidad».

Por supuesto, añade el informe, la toma de decisiones y la implementación de las reformas fueron recibidas con descontento, manifestaciones, resistencia civil y organización colectiva. Por ello es que la criminalización de la protesta social y del derecho a defender los derechos humanos tiene «un objetivo muy claro» por parte del Estado mexicano: «Posicionar política y mediáticamente a las personas manifestantes y a las personas defensoras como enemigas del desarrollo y, por tanto, obstáculos a eliminar».

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Foto de portada: Cuartoscuro.