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Redacción / SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Miércoles 24 de febrero de 2016
En su informe anual 2015/16, en el que alerta “Tus derechos peligran”, asalto global a las libertades, Amnistía Internacional (AI) denuncia en su capítulo para México que persiste «la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las desapariciones extrajudiciales».
En un contexto donde el presidente Enrique Peña Nieto arribó a la mitad de su mandato y el Partido Revolucionario Internacional (PRI) mantuvo en las elecciones la mayoría en la Cámara de 
Diputados federal, todavía hay en el país más de 27 mil personas desaparecidas o en paradero desconocido; continúan las amenazas, el acoso y homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
«Aumentó considerablemente», añade AI, la cifra de detenciones, expulsiones y denuncias de abusos contra personas migrantes en situación irregular a manos de las autoridades, mientras que «la violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada».
En cuanto a los proyectos de desarrollo a gran escala y proyectos de explotación de recursos naturales, reportó que se llevan a cabo «sin contar con un marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas».
El aspecto positivo, sin embargo, apunta hacia la Suprema Corte de Justicia, que confirmó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.
Reforma educativa
Amnistía Internacional destaca que el gobierno de Peña Nieto defendió su reforma educativa ante las protestas masivas de sindicatos de docentes y movimientos sociales, al someter a proceso «a integrantes de sindicatos de docentes en casos que parecían obedecer a motivos políticos, y en octubre (de 2015) transfirió a cuatro acusados a un centro penitenciario de máxima seguridad».
En contraste, del plan de seguridad de 10 puntos que anunció Peña Nieto ante las multitudinarias protestas de noviembre de 2014 por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, AI hace notar que se dio lugar a que varios gobiernos estatales asumieran el control de las policías municipales, además de que el Congreso de la Unión «estaba tramitando un proyecto de ley para crear zonas económicas especiales» en los estados del sur. Sin embargo, siguen «pendientes la aplicación de otras medidas del paquete, como una nueva legislación sobre la tortura y las desapariciones forzadas».
Violencia
Para AI la violencia relacionada con la delincuencia organizada sigue siendo «motivo de honda 
preocupación», pues a pesar de que «las cifras oficiales informaban de un ligero decremento en el número de homicidios, que pasó de 35.930 entre enero y diciembre de 2014 a 33.017 entre enero y noviembre de 2015, dichas cifras combinaban los homicidios no premeditados y los asesinatos, obviando el hecho de que la cifra media mensual de asesinatos había aumentado».
La organización internacional de defensa de los derechos humanos refiere también que «aunque se desplegaron menos soldados en operaciones destinadas a hacer cumplir la ley, se siguieron atribuyendo numerosas violaciones de derechos humanos a las fuerzas armadas» y «había planes para incrementar la presencia de elementos de la Marina que desempeñaran funciones de mantenimiento del orden público.
«Las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y la policía seguían siendo habituales, especialmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, donde se llevaban a cabo grandes operaciones de seguridad». De hecho, añade, «en abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la reforma del Código de Justicia Militar de 2014 no cumplía plenamente varias de sus sentencias anteriores, ya que no excluía de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de las fuerzas armadas» y el Congreso de la Unión «no introdujo en el Código (Penal) reformas adicionales para ajustarlo a las sentencias de la Corte». Es en este marco que los autores de ejecuciones extrajudiciales han seguido «gozando de una impunidad casi absoluta».
AI reporta que «por segundo año consecutivo, las autoridades no publicaron estadísticas sobre la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.
«Según información publicada por periodistas, 16 personas desarmadas murieron a manos de agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, Michoacán, en enero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó una investigación sobre estas muertes. Más de 40 personas murieron en mayo en una operación policial en Tanhuato, Michoacán. Las investigaciones sobre esos delitos no se hicieron públicas, y al finalizar el año no se había procesado a nadie».
Esa organización da cuenta también del reporte del caso Tlatlaya realizado por el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en el que desveló la orden militar de ‘abatir delincuentes’, a la que atribuye, de acuerdo al contexto del que se habla, el significado de «matar». Una orden que «fue fundamental en las operaciones llevadas a cabo en 2014 en Tlatlaya, Estado de México, en las que el ejército mató a 22 presuntos miembros de una banda.
«Las autoridades afirmaron que se había tratado de un tiroteo con hombres armados, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una comisión especial de investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de los fallecidos habían sido abatidos cuando ya no representaban una amenaza. Siete soldados fueron arrestados, pero sólo tres seguían encarcelados en espera de juicio al concluir el año. La Procuraduría General de la República no investigó a ningún oficial del ejército ni a otras personas con responsabilidad de mando que no habían impedido ni detenido dichos delitos».
La mirada internacional
AI dedicó un apartado de su informe sobre México a la reacción que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto ante las críticas internacionales «sobre su historial de derechos humanos».
Primero recuerda que en marzo de 2015 cuestionó públicamente al relator especial de ONU sobre la tortura, Juan Méndez, después de que éste publicara un informe que describía la tortura como una práctica generalizada en el país. «El gobierno declaró que el informe sobre México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ‘no aporta[ba] elementos adicionales’ para abordar el problema».
Además, hace énfasis en que a esa postura se sumó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en mayo siguiente «resolvió que el país no tenía obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con las restricciones de los derechos humanos 
contenidas en la Constitución». Un fallo que para AI contradecía «el derecho internacional y amenazaba con perpetuar violaciones de derechos humanos como el arraigo».
Sin embargo, en septiembre, por primera vez desde 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó México para evaluar la situación de los derechos humanos y en sus observaciones preliminares, «la Comisión subrayó, entre otras cosas, los problemas relativos a la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres y las ejecuciones extrajudiciales, y expresó preocupación por la impunidad de esos delitos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos visitó el país con un propósito similar y declaró que había un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”.
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