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Redacción / SomosMass99
Oaxaca, Oax. / Domingo 15 de octubre de 2017
- Indígenas Ikojts de San Dionisio del Mar denuncian favoritismos de autoridades federales, estatales y municipales en el censo de daños para la reconstrucción
Con sólo 120 mil pesos, que se entregarán a través de monederos electrónicos, los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas deberán reconstruir su casa. Casi el mismo monto con el que Nuvia Mayorga Delgado, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), compró tres sillas ejecutivas para sus oficinas al llegar al cargo en 2013.
De las instancias federales presentes en el Istmo de Tehuantepec una es la CDI, que ha sido criticada por condicionar la entrega de folios y apoyos a habitantes de San Dionisio del Mar que sufrieron afectaciones en sus propiedades por el terremoto del 7 de septiembre, informó la organización Educa Oaxaca que cita una nota del periódico digital Página 3.
Nuvia Mayorga, directora genera de la CDI. | Foto: Gobierno de la República.
Es precisamente esa dependencia la que en aquel año solicitó renovar el mobiliario de sus oficinas en la Ciudad de México, para lo cual solicitó 7.5 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con información de los medios El País y Reforma publicada en ese entonces. Nuvia Mayorga Delgado había sido nombrada por el presidente Enrique Peña Nieto directora general de la CDI en enero de 2013, pero sólo seis meses después se propuso tal inversión. Tan sólo para modernizar su despacho, en el sexto piso de la dependencia, pidió destinar 2.7 millones de pesos.
Fue ahí que se conoció tres sillas ejecutivas de la marca suiza Vitra habían valuadas en 104 mil 182 pesos, algo más de ocho mil dólares al tipo de cambio de aquel año. Pero que si se cotiza al precio del día de hoy, las mismas tres sillas costarían más de 150 mil pesos. Nuvia Mayorga, recuerda Educa Oaxaca, justificó tal inversión de la siguiente manera: «Estamos en un edificio viejo y vamos a remodelarlo. No pedimos lujos, solo queremos comodidad. Sabemos que nosotros atendemos los problemas de pobreza y pobreza extrema, pero no por eso debemos tener oficinas pobres”.
La Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, comunidad indígena Ikojts (huave), denunció a través de un comunicado firmado el 11 de octubre que personal de la CDI, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y autoridades municipales condicionan la entrega de folios y apoyos a los damnificados, como los de empleo temporal y hornos de temixcal para mujeres.
«Nos encontramos sumidos en una completa tristeza e indignación. Cuando intentamos recuperarnos de la interminable lucha, por desgracia nos estampamos de frente contra este devastador terremoto que caso nos extermina. Este episodio en la vida de nuestras comunidades como carnada y la gran oportunidad de vivales para atraer y almacenar beneficios para el poder oficial (…) El gobierno municipal, estatal y federal no se conmueven ante el escenario y hacen de la suya para ganar terreno contra la parte más vulnerable de su población (…) Desde el principio de la desdicha, en el recuento de los daños fueron totalmente selectivos. Es increíble suponer que personal de Sedatu y CDI ubiquen perfectamente a las personas simpatizantes de Teresa de Jesús (Luis), la que llaman ahora presidenta, cuando en su momento se disfrazó de un concejo impuesto desde el poder».
Integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar. | Foto: Código DH.
La asamblea da cuenta de las irregularidades encontradas luego de hacer por su cuenta un levantamiento y recuento de daños: viviendas colapsadas pero que no se les asignó folio; casas foliadas como colapso parcial habitable, cuando las evidencias demuestran lo contrario; casas marcadas con folios asignados a otras viviendas; reclasificación de las viviendas ya foliadas en una segunda, tercera y hasta cuarta visita con simbologías no aclaradas, de acuerdo con los criterios municipales, a muchas de las cuales se les canceló la orden de demolición, cambió su condición de pérdida total a parcial o viceversa, «con beneficios muy claros para los simpatizantes de la corriente en el poder».
Las denuncias por estos hechos, añadieron los asambleístas, fueron presentadas ante los organismos de derechos humanos a nivel estatal y nacional, la CDI y Sedatu. Ésta última les informó que la coordinación estaría a cargo de la CDI, dependencia que designó a Reynaldo Pérez Soni, director de la Coordinación Institucional con Delegaciones, quien en una reunión en la Ciudad de México les prometió gestionar un acercamiento con personal de la institución en la zona del Istmo de Tehuantepec, pero el diálogo «nunca se cumplió. En un primer contacto sólo enviaron a personal incapaz de dar soluciones y (…) se enfocó en mencionar que la CDI sólo llegó para demoler casas. En un segundo encuentro nunca llegaron, aún cuando habían confirmado su asistencia; y en una tercera con la promesa de confirmar su asistencia a una de nuestras asambleas, nunca se cumplió, nos dejaron colgados».
Foto de portada: Toltecáyotl.
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