SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Viernes 20 de mayo de 2022
La huella del neoliberalismo es más profunda de lo calculado y su desplazamiento está en constante y creciente confrontación, se generaliza en todos los ámbitos: económicos, sociales, judiciales y políticos, nacional e internacional, en gobiernos, partidos, medios, cámaras legislativas y empresariales, tribunales judiciales, centros educativos y de salud, a la vista de la opinión pública. Pero aún no llega a las calles, a fábricas y centros educativos, salvo esporádicamente y sin organización amplia. Salvo la movilización escasa del Primero de Mayo y la del magisterio del 15 de mayo en la Ciudad de México y Oaxaca.
En los gobiernos de Morena hay dependencias que no apoyan a los trabajadores en la recuperación de los sindicatos, ni logran que éstos se identifiquen con Morena y sus gobiernos; otro tanto ocurre en las universidades, en centros educativos y de salud, cámaras legislativas y poder judicial, donde internamente en cada parte se confrontan ambas tendencias: la neoliberal, que no está dispuesta a ceder sus ilegales privilegios de antes y los adquiridos en los gobiernos neoliberales; por otro lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un cuerpo de gobierno aún no compacto, ni con el apoyo bien organizado de Morena. En cambio, él si goza de gran popularidad en el pueblo y trabajadores, pero sin base social organizada.
Además, falta un plan y un programa nacional e internacional consecuente, aglutinador y guía de las acciones. No solo destellos ocasionales, como la reforma revocatoria, la eléctrica, el litio, la reforma electoral, el apoyo a Bolivia, a Cuba, la Cumbre de las Américas, el rechazo al colonialismo europeo, etcétera; además de la batalla permanente contra la corrupción y al modelo neoliberal, los programas sociales a favor del pueblo, la niñez, la tercera edad, etc. Todo esto reprobado por los conservadores y su cúpula, la oligarquía nacional y extranjera, no de modo abierto sino soterrado y a través de otros: los medios, los partidos, las cámaras patronales, etcétera. Por eso tienen gente en el gobierno, Morena, el senado y los diputados.
Entiéndase bien, coincidir con el gobierno federal no es subordinarse a él ni perder la autonomía, esa que la mayoría de los sindicatos hoy no tienen, En el caso de los petroleros, la Secretaría de Trabajo dio toda la libertad a los charros de hacer lo que quisieran, de que ellos organizaran las elecciones sin que la Secretaría hiciera que se respetara y cumpliera la Ley y que los 400 inspectores vigilaran su cumplimiento, lo que generó indignación en la oposición del sindicato. Esa acción de la STPS aleja del gobierno a la mejor gente petrolera, si bien dividida entre sí, no es apoyada para lograr la democratización del sindicato.
Al mes siguiente, los charros petroleros organizaron asambleas en todas las secciones sindicales, para prometer a la base petrolera mil beneficios del contrato colectivo, para presionar a Pemex y el gobierno que les cumplan. La respuesta de AMLO fue reclamar a los charros los chantajes del pago de prestaciones, cuando en realidad se trata de ingresos para los mismos charros y migajas para los petroleros. Esos ingresos de los charros son millonarios, como los que tenía Romero Deschamps con los gobiernos neoliberales. Además, los charros cuentan con el apoyo de oligarcas mexicanos y extranjeros que maman de la ubre privatizada de Pemex.
En el caso de los sindicatos independientes o que quieren serlo, la STPS apoya a los charros, o les pone obstáculos o alarga los procedimientos a los que buscan el cambio, como a General Motors, donde dos veces el charro Tereso Medina interrumpió la votación porque le desfavorecía, fungiendo como autoridad ante la inutilidad de ésta, y sería hasta la tercera votación, con la presión internacional, cuando ganara el sindicato independiente. En las tres votaciones de GM se permitió a la empresa intervenir en asuntos sindicales, cuando la Ley lo prohíbe, y la autoridad, omisa.
La Junta Federal, que hasta hoy es el tribunal de justicia más importante del país, por la cantidad de asuntos que tramita, sigue sin cambios, como antes con los gobiernos neoliberales, apoyando a los empresarios en contra de los trabajadores, gracias a que Arturo Alcalde propuso a su amiga la presidenta para concluir los días de la Junta Federal que, cuando menos en este sexenio, no se verá. No quiso al menos intentar erradicar la corrupción ni hacer cambio alguno de fondo. Todo esto aleja a los trabajadores del gobierno y Morena.
Pero ahora se le ocurre a Alcalde que la culpa la tienen los trabajadores, que no han querido hacer suya la reforma laboral, ejercerla, cuando ellos encuentran el bloqueo de sus derechos en las autoridades de trabajo. Y señala que la STPS respeta la autonomía de los sindicatos, que no es como antes con los neoliberales, que controlaban los sindicatos. Cuando son dos cosas distintas: la autonomía de los sindicatos toca a los trabajadores y, otra, es que se cumpla la ley. ¿A quien toca ejercer la administración de la justicia laboral? No es la reforma el problema sino su falta de aplicación, su puesta en marcha y que haya autoridad para que se respete y se cumpla. Desde luego, toca también a los trabajadores impulsarla.
Hoy el país está polarizado, lo vemos en el debate de las reformas de AMLO, y por lo general se omite la historia: ¿de dónde vienen las corrientes conservadoras que solo buscan entregar las riquezas nacionales a la oligarquía nativa y extranjera y, de otro lado, de dónde vienen las fuerzas progresistas que defienden la nación?
La reforma minera va entrar en poco tiempo al proceso de modificación de su Ley, junto con las reforma a las leyes de inversión extranjera y de la Ley de Aguas Nacionales, ya que las tres se hicieron por Salinas en 1992 con el mismo propósito: enriquecer más a los grandes propietarios de la minería nacional, junto con el agua y con las inversiones extranjeras, privilegiando la propiedad privada de las minas (extranjera y nacional) por encima de cualquier otra propiedad, incluso de la propiedad originaria de los pueblos y comunidad indígenas.
Dos rutas históricas: una, la mentalidad colonialista, la conservadora del siglo XIX, la porfirista y la alemanista siguen presentes en el México de hoy, con los neoliberales; otra, la mentalidad de los independentistas, los liberales juaristas que ganaron la guerra a los conservadores, los revolucionarios de 1906 a 1917, los cardenistas y el gobierno de López Mateos que impulsó la “mexicanización” de la minería, la metalurgia y la siderurgia, son corrientes que siguen vivas, en el alma del pueblo.
Como parte clave del neoliberalismo, la política privatizadora y agresiva en grande inició con Salinas, en 1989 y 1990, con la entrega de la minería más productiva y en auge, como la de Cananea, Las truchas, la Colorada, Nacozari, etc.; la metalurgia, estrechamente vinculada al igual que la siderurgia: Fundidora de Monterrey, AHMSA y otros, que antes eran propiedad de la nación, pero Salinas las entregó al gran capital de Canadá y Estados Unidos y a los nativos de la oligarquía: Larrea, Bailleres, Slim, Ancira, etc. Quienes ahora se oponen a la política de AMLO, pero sin dar la cara, sino a través de otros.
Con la conquista llegaron los encomenderos, luego llamados hacendados, que no solo se apropiaron de las riquezas naturales (tierra, puertos, ríos, minas, etc.) sino también de la mano de obra indígena, que ni las Leyes de Indias frenaban, trataban a los indígenas como esclavos y los mantenían en rezago social y obligados a la religión oficial -la católica-, esas propiedades las pasaron a los conservadores del siglo XIX, salvo cuando avanzan los liberales con la Constitución de 1857, la guerra de 3 años en que derrotan a los conservadores y la invasión francesa pactada con los conservadores y ambos derrotados por los liberales juaristas. Pero llegó la dictadura porfirista y en 1892 la Ley Minera dio concesiones a particulares de tipo “perpetua”, como los neoliberales de 1992, por 50 años con derecho a 50 años más, un total de 100 años.
Tradicionalmente se han enfrentado dos rutas históricas, es hora de que avance la más racional, saque del atraso a la economía nacional y vea primero por las mayorías. Que nos lleve a un avance sostenido en adelante, sin pasos regresivos, tal y como lo señala la Constitución en el artículo 1, bajo los nuevos principios de 2011 impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Quedando prohibidas las medidas y leyes regresivas y la discriminación por cualquier motivo. Con la participación activa de la ciudadanía, no con la vieja democracia representativa: sino con la democracia participativa del pueblo.
* Abogado del Sindicato Minero y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
Imagen de portada: Arturo Alcalde Justiniani y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.
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