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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 12 de marzo de 2021
Toda actividad humana genera impactos en el medioambiente. Es la razón por la que toda acción debe realizarse con el mayor cuidado y todo proyecto debe ser sometido a una evaluación de impacto ambiental.
En ocasiones la evaluación de esos impactos, mediante la interrelación de sus características o atributos, con independencia de su carácter adverso o benéfico, presenta valores tan bajos que pudieran calificarse como compatibles con el ambiente; en otras, por sus valores elevados, cuando es adversa, tal evaluación obliga a establecer medidas de mitigación para alcanzar esa compatibilidad.
Existen situaciones donde la adversidad es de tal magnitud que se hace necesario modificar los proyectos o buscar lugares en los que no causen perjuicios mayores al medioambiente.
Son tantos los daños que se han ocasionado al medioambiente y de tal magnitud que el planeta experimenta cambios que constituyen un peligro para la existencia de muchas especies, incluida la humana. La generación de energía contribuye en gran medida a que se produzcan esos cambios.
En nuestro país, sobre todo por la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ha surgido un debate en torno a las energías limpias, que es el área de la generación de energía donde se concentra la inversión privada; con argumentos como que la citada ley afecta su desarrollo, que la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es contaminante y contribuye a acelerar el cambio climático, que viola el Estado de derecho y que daña la libre competencia, el capital privado busca mantener y ampliar su participación en esa rama industrial que, dadas las características de los acuerdos, contratos y la legislación que las ampara, le genera cuantiosas ganancias; por otro lado, esta situación representa enormes pérdidas para la empresa del Estado.
Sin embargo, las llamadas energías «limpias» en realidad no lo son tanto; veamos unas muestras:
Las grandes hidroeléctricas provocan desplazamientos humanos, inundación de extensas áreas de zonas rurales, modificación del hábitat, migración y muerte de especies animales, afectaciones a la biodiversidad, generación de metano, residuos peligrosos, entre otros efectos.
Las plantas eólicas producen afectaciones a terrenos y vialidades rurales, modificaciones del hábitat, residuos peligrosos.
Las de energía solar afectan terrenos y vialidades rurales, alteran el hábitat, provocan migración de especies animales, afectan a la biodiversidad.
Las de ciclo combinado, aunque en menor cantidad que las tradicionales de combustibles fósiles, generan emisiones contaminantes de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, provocan afectaciones a terrenos, sobreexplotación de mantos acuíferos, residuos peligrosos, emisiones de calor.
Las plantas geotérmicas, producen modificación del hábitat, residuos peligrosos, afectación de terrenos y vialidades rurales.
La nuclear, después de la geotérmica quizá la menos contaminante, cuando es correctamente manejada, provoca afectación de terrenos, contaminación del agua y suelos por el empleo de químicos en sistemas de agua de enfriamiento y en tratamientos al agua de proceso, residuos peligrosos, sobreexplotación de mantos acuíferos,
Por los impactos y efectos asociados a esta industria, todos los proyectos de generación eléctrica provocan conflictos sociales.
Por el régimen de propiedad (salvo la nuclear y la hidroeléctrica, que son del Estado) y acuerdos leoninos pactados para favorecer a productores privados, se causaron cuantiosos daños al erario e incremento de capacidad ociosa en las instalaciones de la CFE. Y lo que es más grave, incrementaron la dependencia del país y lesionaron seriamente la soberanía nacional.
En el fondo del debate están los intereses del capital transnacional y sus socios locales, quienes con la reforma energética del anterior gobierno legalizaron las violaciones a la Constitución que se cometían en materia de energéticos desde el inicio de la etapa neoliberal (1982), intereses que ahora defienden a capa y espada. El objetivo que persiguen es evitar que la nación recupere aquello de que fue despojada y continuar obteniendo ganancias y privilegios derivados de ese saqueo.
Las transferencias y concesiones que se dieron al capital privado en materia de energía, como en otras áreas estratégicas de la industria y los servicios, se realizaron, vía corrupción, única y deliberadamente en función de los intereses de ese capital; las afectaciones a la naturaleza, la economía nacional, la población y la soberanía nacional no importaron a los neoliberales.
La transición hacia el empleo de energía menos contaminante es una necesidad a nivel mundial, como también lo es el manejo soberano de cada país de sus recursos energéticos y la cooperación solidaria con los pueblos que carecen parcial o totalmente de ellos.
El energético es un sector estratégico de la economía y para la seguridad y la soberanía nacionales, por ello su manejo, como el de otras áreas con ese carácter, debe ser facultad exclusiva de la nación. Mientras sean negocios privados, continuarán ocasionando mayores perjuicios de todo tipo.
La solución la tiene el pueblo.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Kai Gradert (@kai) / Unsplash.
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