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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 12 de agosto de 2021
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) entregó a la Secretaría de Gobernación cinco recomendaciones para que sea efectivo el decreto anunciado por el titular del Ejecutivo el pasado 29 de julio, que busca liberar a todas las personas privadas de la libertad que lleven más de 10 años sin sentencia.
Ese decreto también liberaría a personas sujetas a un proceso en el fuero federal por delitos “no graves”; que sean adultos mayores de 75 años detenidos por algún delito federal “no grave” o adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas detenidos por algún delito federal “no grave”, así como personas que acrediten haber sido víctimas de tortura a través del Protocolo de Estambul y se encuentren en penales federales.
El Centro Prodh explicó que, ante ello, recomendó que los dictámenes basados en el Protocolo de Estambul no sean la única prueba a considerar y que no se excluya a personas, en cuyos casos se comprobó tortura, solamente porque se les imputaron delitos “graves”. También, que se impulse que los estados de la República adopten medidas similares; que se incorpore asistencia técnica internacional, y que las liberaciones en casos documentados de mujeres sobrevivientes de tortura sexual comiencen de inmediato.
Imagen: Centro Prodh.
La organización defensora de derechos humanos consideró, a través de un comunicado, que el alcance del decreto dependerá de que la medida que se adopte incorpore adecuadamente estándares internacionales y nacionales relacionados con la documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pues de lo contrario se corre el riesgo de que ésta no tenga impacto en la realidad y que ocurra lo que sucedió con la Ley de Amnistía, cuyo efecto ha sido prácticamente nulo.
Recordó que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes enfatiza que, con independencia de los dictámenes médico-psicológicos elaborados con base en el Protocolo de Estambul, la tortura puede acreditarse también con otras pruebas. Además, pidió contemplar la inclusión de dictámenes realizados por peritos y peritas independientes o no oficiales, es decir, que no pertenezcan a la FGR, a la CNDH o al Consejo de la Judicatura Federal.
En cuanto a incluir a todas las personas víctimas de tortura independientemente del tipo penal por el cual se encuentran procesados o sentenciados, la organización explicó que se ha documentado que, especialmente a partir de la llamada «Guerra contra el narcotráfico”, la tortura ha sido utilizada para fabricar pruebas e incriminar a personas de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Por ello, insistió, no se debería excluir de una medida de liberación a determinados grupos de personas atendiendo al tipo de delito por el cual fueron acusadas, pues el contexto mexicano obliga a revisar con profundidad caso por caso.
Adicionalmente, dijo el Centro Prodh, no debe soslayarse que la efectividad de este tipo de medidas dependerá también de que se sumen a su desarrollo e implementación las entidades federativas, pues la mayor parte de las personas privadas de la libertad en México lo son por acusaciones del fuero común; es decir, no formuladas por autoridades federales. En muchos estados, además, la tortura sigue practicándose impunemente, como muestra el caso de July Raquel en Veracruz.
Foto de portada (ilustrativa): OHCHR.
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