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Alainet / CEPR
Lunes 21 de marzo de 2022
El texto del proyecto de ley ómnibus es una nueva señal del interés del Congreso en examinar el papel de la OEA en la deslegitimación de los resultados electorales bolivianos de 2019, y en allanar el camino para el golpe que siguió
El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gastos «ómnibus» de 1.5 billones de dólares que incluye un texto que instruye al Departamento de Estado de EE.UU. para que consulte a personas expertas independientes y elabore un informe sobre si el fraude cambió los resultados de las elecciones de Bolivia de 2019, como ha afirmado la Organización de los Estados Americanos (OEA). El texto también apoya los esfuerzos de las y los defensores de derechos humanos, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI), para lograr justicia para las víctimas de las masacres y otros atroces abusos a los derechos humanos que tuvieron lugar tras el golpe de Estado de 2019 en Bolivia.
El Director de Política Internacional del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), Alex Main, señaló que: “Esta es una nueva señal de que los miembros del Congreso de Estados Unidos están decididos en asegurar que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y otros altos funcionarios de la OEA rindan cuentas por haber promovido, de forma reiterada, falsas acusaciones de fraude en las elecciones de 2019 en Bolivia, lo que alimentó una crisis política que culminó en un golpe militar, seguido de numerosas y violentas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno golpista”.
Foto: France 24.
El proyecto de ley ómnibus incluye el siguiente texto en una declaración explicativa adjunta:
Bolivia – El acuerdo valida el contenido del informe de la Cámara, bajo este encabezado, con respecto al proceso electoral en Bolivia. A más tardar 120 días después de la promulgación de la Ley, el Secretario de Estado presentará un informe a las Comisiones de Asignaciones evaluando: 1) la transparencia y legitimidad de las elecciones generales de 2019 en Bolivia, solicitando información de personas expertas independientes e internacionalmente reconocidas; y 2) los avances en las investigaciones de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese período.
El texto del informe de la Cámara de Representantes que respalda la disposición anterior señala lo siguiente:
Bolivia – El Comité reconoce el valor de revelar información precisa sobre el proceso electoral en Bolivia, incluyendo las elecciones generales de 2019. El Comité insta al Secretario de Estado a continuar solicitando información de personas expertas independientes e internacionalmente reconocidas en relación con la transparencia y legitimidad de las elecciones generales de 2019 en Bolivia; el papel de la Organización de los Estados Americanos; y las investigaciones de violaciones a los derechos políticos y a los derechos humanos que se produjeron durante ese periodo, y a actualizar dicha información a las comisiones competentes del Congreso, según corresponda.
Al día siguiente de las elecciones, la OEA emitió un comunicado señalando que había habido un “cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares después del cierre de las urnas”. El CEPR pudo demostrar rápidamente que la OEA no tenía evidencia que respaldaran dicha declaración. Posteriormente, la OEA realizó una auditoría profundamente defectuosa del proceso electoral, que se utilizó para justificar la destitución de Evo Morales en noviembre de 2019.
El texto del proyecto de ley ómnibus es una nueva señal del interés del Congreso en examinar el papel de la OEA en la deslegitimación de los resultados electorales bolivianos de 2019, y en allanar el camino para el golpe que siguió. El presidente democráticamente electo de Bolivia, Evo Morales, se vio obligado a huir de Bolivia después de que los militares lo presionaran para que dimitiera y tras numerosas amenazas contra él, su familia y muchas otras personas funcionarias de alto nivel de su administración. El gobierno de facto que entonces asumió el poder reprimió violentamente las protestas prodemocráticas, incluyendo dos notorias masacres en sus primeras dos semanas. Las personas investigadoras de derechos humanos del GIEI, dependientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyeron que el gobierno de facto post-golpe de Jeanine Áñez era responsable de las masacres de Sacaba y Senkata, que fueron de carácter racista, entre otros muchos graves crímenes contra los derechos humanos.
El texto incluido en la legislación de asignaciones del Senado de 2022 ordena al Secretario de Estado de EE.UU. que evalúe la transparencia y legitimidad de las elecciones de Bolivia de octubre de 2019 y que evalúe específicamente el papel desempeñado por la OEA en dichas elecciones. Los miembros del Congreso enviaron a la OEA, en noviembre de 2019, una serie de preguntas sobre las elecciones y el papel de la OEA, pero la OEA nunca las respondió. Los congresistas Jan Schakowsky y Chuy García también han pedido previamente una investigación sobre el papel de la OEA, en un artículo de opinión publicado por The Hill.
Esta acción del Congreso se produce cuando una revista académica revisada por pares publica, por primera vez, un estudio que refuta las afirmaciones de que el fraude afectó los resultados electorales de 2019 en Bolivia. El análisis, de Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez, se publicó por primera vez en 2020 y fue el foco de un reportaje del New York Times que señalaba que las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones de 2019 “se basaron en datos incorrectos y en técnicas estadísticas inadecuadas”, y que las acusaciones de la OEA “alimentaron una cadena de acontecimientos que cambiaron la historia de la nación sudamericana. La oposición aprovechó la denuncia para intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y expulsar al señor Morales del poder con apoyo militar semanas después”.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, respondió al artículo del New York Times con un comunicado de prensa de 3,200 palabras en el que se hacían acusaciones absurdas sobre CEPR, The New York Times (atacando su información desde 1931), y varios académicos de universidades cuyas investigaciones y análisis han demostrado que muchas de las afirmaciones de la OEA sobre las elecciones bolivianas no están basadas en pruebas. Además del análisis de Idrobo, Kronick y Rodríguez, investigadores de Datos electorales y Laboratorio de Ciencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), (y su post en el Washington Post), 133 economistas y personas expertas en estadística, un estudio de un experto en estadística de la Universidad de Michigan y varios informes publicados por el CEPR también desacreditaron las afirmaciones de la OEA de que los resultados electorales fueron determinados por el fraude.
Jake Johnston, investigador asociado del CEPR señaló que “La actual dirigencia de la OEA se deshonró con sus ataques, sin pruebas, sobre la validez de los resultados de las elecciones de Bolivia en 2019, y con lo que equivalió a un apoyo al gobierno posterior al golpe, incluso cuando ese gobierno emprendió ataques racistas y violentos contra sus opositores y contra la numerosa población indígena de Bolivia en general. Es importante que, varios años después, las autoridades de Estados Unidos, Bolivia, Argentina, México y otros países estén decididas a hacer que la OEA rinda cuentas”.
Fuente: CEPR.
Imagen de portada: Luis Almagro, secretario general de la OEA. | Foto: teleSURtv.
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