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Redacción SomosMass99
León, Gto. / Miércoles 13 de abril de 2016
El Centro de Desarrollo Indígena Loyola AC (CDIL) expresó su rechazo a los enfoques paternalistas que buscan perpetuar las condiciones de marginación y exclusión social que viven las comunidades indígenas en Guanajuato, asimismo se sumó a la elaboración de un punto de acuerdo en el Congreso del estado para exhortar al Municipio de León a que cesen las agresiones y los malos tratos a comerciantes indígenas.
A través de una carta pública, el CDIL también demanda que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato se posicione sobre estos abusos y al SIT que detenga el hostigamiento y aclare las funciones de los denominados “halcones”, grupo agresor de los indígenas.
Todo esto, a una semana de la visita de un grupo de indígenas al Congreso del estado, donde la diputada priista Luz Elena Govea López los recibió en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. La audiencia a la que acudieron una decena de chichimecas y pames fue para solicitar que se generen fuentes de empleo en sus comunidades y denunciar que para ellos persisten problemas de pobreza, falta de servicios básicos y, según lo relató Margarito Sánchez Hernández del Consejo Indígena de León, son objeto de malos tratos por parte de funcionarios municipales de esa ciudad.
A la petición de oportunidades de empleo la diputada Govea López dijo a los indígenas: “No puedo pensar que ustedes salgan de sus tierras, de sus casas a perder eso, a perder esa tradición. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz vendiendo nopales (…), vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes”.
Por la importancia del tema, reproducimos íntegra la carta pública del Centro Indígena Loyola.
A la opinión pública
A las comunidades y pueblos indígenas de Guanajuato
P R E S EN T E S
Por medio de la presente el Centro de Desarrollo Indígena Loyola AC (CDIL) desea expresar su posición frente a los hechos que a continuación se relatan.
El día 06 de abril la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura convocó a una reunión con integrantes de comunidades indígenas de Guanajuato, el CDIL asistió junto con consejeras y consejeros integrantes del Consejo Consultivo Indígena de León, instancia oficial reconocida por el Ayuntamiento y por la Ley para la Protección de los Pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Guanajuato. Además estuvieron presentes la diputada presidenta de la Comisión, Luz Elena Govea, acompañada de las diputadas Araceli Medina Sánchez e Irma Leticia González Sánchez como vocales.
La sesión de trabajo tuvo como agenda principal la presentación de diversas demandas y peticiones que integrantes de los municipios de Victoria, San Luis de la Paz y Tierra Blanca relativas a la mejora de su calidad de vida y el acceso al empleo, entre las que resalta la modificación integral de referida Ley estatal indígena la cual tuvo su última reforma publicada en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato el día 07 de junio de 2013.
Por su lado, mujeres otomíes radicadas en León denunciaron abusos policiacos por parte de funcionarios públicos del Sistema Integrado de Transporte (SIT), particularmente de un grupo conocido como “halcones” que además de agredirlas verbal y físicamente, las ha discriminado. En voz del indígena Mazahua Margarito Sánchez, señalaron que les han cobrado multas de más de 700 pesos, mismos que representan más de dos semanas de trabajo.
Representantes indígenas solicitaron a la Comisión dar seguimiento seguimiento a la situación del Consejo Consultivo Indígena en León, ya que desde el mes octubre se entregó un pliego petitorio el cual no ha sido respondido y no se ha avanzado en algunos compromisos tales como la elaboración de un diagnóstico participativo. 
El CDIL manifiesta su rechazo ante enfoques paternalistas que buscan perpetuar las condiciones de marginación y exclusión social que viven las comunidades indígenas en Guanajuato, así mismo, nos pronunciamos por el establecimiento, tanto estatal como municipalmente, de políticas públicas especial y específicamente diseñadas para atender la situación de la creciente población indígena estatal, al mismo tiempo exigimos el cumplimiento de los acuerdos por parte del Congreso del Estado. Exhortamos también a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a que se posicione sobre estos abusos y pedimos al SIT cese el hostigamiento y aclare las funciones de los denominados “halcones”.
Nos sumamos a la propuesta de revisión integral de la Ley Indígena estatal, propuesta por las tres integrantes de la Comisión presentes; valoramos positivamente la propuesta de elaboración de un punto de acuerdo para exhortar al Municipio de León a que cesen las agresiones y los malos tratos a comerciantes indígenas.
El CDIL solicitó verbalmente a la Comisión, impulsar la instalación de una mesa de trabajo para atender a las familias jornaleras indígenas provenientes de la montaña de Guerrero que están por arribar al Estado, que en 2015 sumaron casi 3 mil personas. Queremos hacer notar que la gran mayoría de ellos (as) laboran y viven en condiciones definitivamente inaceptables. Solicitamos respuesta por escrito por parte de la Comisión.
Solo un enfoque integral y una perspectiva de derechos humanos que considere como sujetos de derecho a los pueblos y a las comunidades indígenas de Guanajuato podrán modificar las condiciones en las que se encuentran.
A T E NT A M EN T E
Giovanna Battaglia Velázquez José Manuel Márquez Ponce
Directora del CDIL Presidente del Consejo Directivo del CDIL
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