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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 5 de octubre de 2016
Luego del asesinato en un asalto de John Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, alumnos de cuarto año en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, compañeros y padres de familia rindieron homenaje a los fallecidos y responsabilizaron al gobernador Héctor Astudillo de la crisis de inseguridad que en lo que va del año ha cobrado la vida de más de mil 480 personas en todo Guerrero. Los jóvenes fallecidos
Pasadas las 17:30 del martes, un comando armado interceptó una camioneta de transporte pública que viajaba de la capital Chilpancingo a la ciudad de Tixxlta. Tres hombres armados obligaron a detenerse al conductor, bajaron a los pasajeros y les dispararon. Mataron en el lugar a seis personas, entre ellas a los normalistas Morales Hernández y Tacuba Castro, el primero de la comunidad de Saucito, municipio de Tecoanapa, y el segundo originario de Apantla, municipio de Ayutla. Ambos cursaban la licenciatura en Educación Primaria. Las autoridades ministeriales del estado abrieron la carpeta de investigación 12020090300669041016 por el delito de homicidio.
- Foto: José I. Hernández / Cuartoscuro.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos informaron que «las circunstancias ahora conocidas de los hechos no nos permiten descartar que los asesinatos en contra de las personas y en especial de los dos normalistas ahora identificados pudieran vincularse con la serie de represalias de las que ha sido objeto la Normal Rural Isidro Burgos y que se ha visto agudizada desde la desaparición forzada de 43 estudiantes en septiembre de 2014, así como de la lucha surgida en torno a la búsqueda de verdad y justicia».
Citaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dan cuenta de que, en 2015, el estado de Guerreo se colocó como el estado más violento del país, al registrar 2016 homicidios dolosos, lo que representa una tasa del 56.50 % por cada 100 mil habitantes. Y en lo que va de enero al 20 de septiembre de 2016 la cifra alcanzó el 41.36 % por cada 100 mil habitantes, con un total de 1,484 homicidios.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron al gobierno estatal una pronta, imparcial y exhaustiva investigación de los hechos ocurridos en el tramo carretero Chilpalcingo-Tixtla, así como la ubicación de los perpetradores; brindar a todas y cada una de las víctimas que así lo requieran atención médica, psicológica y/o de otra índole; y castigo a los responsables y garantías de seguridad en la zona para evitar que estos actos se repitan.
- Foto: José I. Hernández / Cuartoscuro.
En tanto, la comunidad de la escuela Raúl Isidro Burgos emitió un comunicado en el que se señala que «los estudiantes y padres / madres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa estamos profundamente indignados y llenos de rabia. Seguimos sufriendo los agravios del terrorismo de Estado: la sangre derramada de los hijos del pueblo vuelve a teñir el asfalto. Nuestros compañeros se suman a la larga lista de asesinados en los últimos años con los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Ante ello, llamamos al pueblo y las organizaciones solidarias a estar alertas al llamado que hagamos para protestar contra el Estado criminal y organizarnos para que nosotr@s mism@s acabemos con el clima de inseguridad que abarca todo Guerrero y el país.
«Responsabilizamos directamente al gobernador Héctor Astudillo de la sangre derramada de nuestros compañeros. Un gobierno que no es capaz de garantizar seguridad y proteger la vida de la población, es un gobierno que no sirve. Los responsables del sitio criminal en el que vivimos tienen nombre y apellido, ellos descansan plácidamente en las oficinas del Palacio de Gobierno, en el Congreso, en Casa Guerrero, en los Cuarteles Militares. Su discurso de Orden y Paz repetido hasta el hartazgo se ha venido abajo; su estrategia de seguridad ha fracasado. Ya no podemos confiar en que nos cuiden los policías o soldados que patrullan las calles, porque son cómplices de la delincuencia; tampoco podemos esperar gran cosa de las instituciones porque encubre a los criminales; mucho menos de los gobernantes porque ellos están acumulando riquezas, sometiendo al pueblo con la violencia. Si el crimen organizado sigue vigente es porque el gobierno lo alimenta».
Foto de portada: José I. Hernández / Cuartoscuro.
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