Exigen al gobierno federal protección a denunciantes de tortura

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 7 de agosto de 2017

 

Sobrevivientes de tortura a manos de militares en 2009 y sus representantes legales exigieron al gobierno mexicano que cumpla las medidas recomendadas por Naciones Unidas para revertir las consecuencias de la campaña dirigida a revictimizar, criminalizar y hostigar a las víctimas, así como a dañar la reputación de las organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos en México.

En días pasadas se hizo público que el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requirió a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que informara sobre las medidas adoptadas para resguardar la integridad física y moral de cuatro víctimas de tortura, sus familiares y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), por las represalias sufridas tras visibilizar la práctica de la tortura y fabricación de culpables por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 4 de agosto de 2015, el CAT emitió una histórica decisión en la que encontró responsable al Estado mexicano por las torturas cometidas a cuatro hombres por parte de elementos del Ejército mexicano en el estado de Baja California en 2009.  “La decisión no sólo fue paradigmática al evidenciar la práctica de la tortura en el país, sino también por tratarse de la primera decisión emitida por este órgano sobre un caso individual contra México”, explicó la CMDPDH.

Luego de la decisión del CAT, el 7 de octubre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2015 en la que determinó que elementos de la Sedena y la Procuraduría General de la República (PGR) son responsables por la violación a los derechos humanos a la privacidad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad, la seguridad personal por la detención arbitraria y retención ilegal en instalaciones militares, y la integridad personal por hechos de tortura en contra de las víctimas.

Días después, el 25 de noviembre de 2015, el Poder Judicial de la Federación dictó sentencia absolutoria en favor de los civiles, a quienes se les imputaron delitos basados en pruebas «obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria y la tortura».

“A pesar de esto, a la fecha no se tiene conocimiento de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haya respondido al Comité contra la Tortura sobre las medidas adoptadas para revertir las consecuencias de la campaña dirigida a revictimizar, criminalizar y hostigar a las víctimas de tortura, así como dañar la reputación de las organizaciones, que como la CMDPDH se dedican a la defensa de derechos humanos en México.

Por lo anterior, hacemos un llamado enérgico al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a cumplir con las decisiones y los requerimientos del Comité contra la Tortura, así como notificarnos oportunamente de las medidas que se tomarán para proteger la seguridad, la integridad física, la honra y dignidad de las víctimas de la tortura y sus familias, así como del personal que labora en la CMDPDH”, finalizó la organización.

Los cuatro de Rosarito

Ramiro López Vásquez, Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro Ramírez Martínez y Rodrigo Ramírez Martínez fueron detenidos sin orden de aprehensión o de presentación en Playas de Rosarito, Baja California, el 16 de junio de 2009. Acusados de secuestro, fueron llevados a dos domicilios particulares para luego ser trasladados y arraigados en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante todo ese recorrido, desde su detención y hasta su arraigo, fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas mediante choques eléctricos en genitales, simulaciones de asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, golpes en diversas partes del cuerpo y amenazas de acabar con su vida poniéndoles una pistola en la cabeza, para que se autoinculparan de posesión de armas, secuestro y delincuencia organizada.

«Los 4 detenidos (…) fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes», y finalmente trasladados a la II Zona Militar, en el denominado Cuartel Morelos, donde fueron presentados ante los medios de comunicación como parte de una banda de secuestradores, y fotografiados con un gran número de armas de diversos calibres, supuestamente encontradas bajo su poder.

«A los 4 Civiles de Rosarito se les acusó de cometer varios delitos federales en flagrancia, aunque se ha comprobado que no fueron detenidos en el lugar en el que los militares señalaron en su parte informativo. Las cuatro personas refieren que el 17 de junio de 2009 fueron obligados a firmar sus declaraciones ante el Ministerio Público mediante torturas y con los ojos vendados. A pesar de haberlos visto severamente golpeados, el agente del Ministerio Público determinó que debían seguir bajo custodia militar», informa la CMDPDH en la relatoría del caso.

El 20 de junio de 2009, los cuatro fueron trasladados al 28° Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional denominado Aguaje de la Tuna, en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde permanecieron en situación de arraigo hasta el 31 de julio. El 31 de julio de ese mismo año fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, localizado en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit. «El auto de formal prisión tomó como prueba determinante para la privación de la libertad, las declaraciones de las víctimas obtenidas bajo tortura».

Actualmente, los cuatro de Rosarito aún padecen las secuelas de la tortura: Orlando Santaolaya tiene dislocada la mandíbula producto de los golpes; Rodrigo Ramírez, un hematoma en el cuello que ha requerido intervenciones quirúrgicas; Ramiro Ramírez, una lesión en la columna vertebral; y Ramiro López perdió un oído a causa de los golpes recibidos en la cabeza.

Campaña

El requerimiento del Comité Contra la Tortura de la ONU a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe de las medidas adoptadas para resguardar la integridad física y moral de las víctimas y de la CMDPDH, se refiere, también, a la campaña de desprestigio que a principios del año pasado padeció esa comisión de defensa y promoción de los derechos humanos.

La señora Isabel Miranda de Wallace, supuesta activista por los derechos humanos desde su asociación civil Alto al Secuestro, se dedicó a visitar medios de comunicación y ofreció entrevistas a periodistas para, en el caso particular de los 4 Civiles de Rosarito, atacar directamente a la CMDPDH y a su director ejecutivo José Antonio Guevara Bermúdez.

En emisiones radiofónicas y televisivas, y columnas periodísticas, se criminalizó a los 4 Civiles de Rosarito al reproducir la historia montada por el Ejército para señalarlos de secuestro y de pertenecer a la delincuencia organizada, sin dar cuenta de las evidencias de tortura que se revelaron durante el juicio en México y que se validaron ante el CAT.

En una carta pública dirigida al presidente Enrique Peña Nieto el 17 de marzo de 2016 por organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights), entre otras, se hace un recuento de los hechos que dieron forma a esa campaña.

El 4 de marzo, Miranda de Wallace utilizó este caso para afirmar en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que había un «modus operandi» de las organizaciones de derechos humanos para defender a secuestradores, ganar pleitos y obtener indemnizaciones, entre ellas la CMDPDH.

La misma historia fue contada los días 10 y 12 de marzo en Tv Azteca Puebla y Grupo Acir, luego de que en dos textos del 8 y 9 de ese mismo mes el periodista Héctor de Mauleón primero puso en duda la condición de víctimas de los 4 Civiles de Rosarito y después acusó, desde el título de su columna, Mercenarios de los derechos humanos, que «en México existen organizaciones de defensa de derechos humanos que a cambio de un porcentaje emprenden la defensa de ‘presuntos responsables’, y alegan tortura para obtener su libertad y una indemnización», en referencia directa a la CMDPDH y siempre en base a declaraciones de Miranda de Wallace. Sin embargo, el propio De Mauleón rectificó una semana más tarde, cuando ya se conocía la carta de las organizaciones internacionales a Enrique Peña Nieto, en un artículo publicado, como los otros, en El Universal el 15 de marzo. Ahí reconoce que Sólo es posible saber que la tortura existió.

Hasta la fecha, como dice la CMDPDH, no se sabe si la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy a cargo de Luis Videgaray, ha dado respuesta al requerimiento del Comité Contra la Tortura de la ONU.

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Con información del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez y de la CMDPDH.

Foto de portada: Alberto Roa / Cuartoscuro.