Exigen cumplimiento del Estado mexicano por caso de ecologistas torturados

SOMOSMASS99

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Domingo 4 de septiembre de 2016

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron su preocupación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano de algunos puntos de la sentencia emitida por ese órgano internacional en 2010 para el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Álvarez, víctimas de tortura y detención arbitraria hace 17 años.

Rodolfo Montiel | Foto: Oswaldo Ramírez / Cuartoscuro.

El Centro Prodh informó que la CoIDH también escuchó los alegatos del gobierno mexicano respecto de un asunto que, para María Aguiluz, responsable del CEJIL del programa de Centroamérica y México, «ejemplifica las deudas que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos. Deudas históricas que siguen mpactando en la sociedad y lo vemos, por ejemplo, con las denuncias penales por tortura ante instancias internas que quedan impunes».

CEJIL y el Centro Prodh resaltaron, precisamente, la falta de avances en la investigación por las torturas sufridas por las víctimas a 17 años de los hechos y a seis de dictada la sentencia de la CoIDH: «A la fecha no hay responsables sancionados por la tortura y la detención arbitraria de Cabrera y Montiel, mientras que las familias de los campesinos ecologistas aún padecen los impactos de la falta de justicia, como el desplazamiento del estado de Guerrero», sostuvieron a través de un comunicado.

Denunciaron también que el sistema de registro de detenidos no controla la legalidad del procedimiento desde el momento de la detención. El registro actual opera desde que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público, lo que deja brechas de tiempo en las que se generan vulneraciones a derechos humanos como retenciones prolongadas, torturas y tratos inhunamos.

Escena de la sesión en la CoIDH. | Foto: Centro Pro

Exigieron ante la CoIDH que el Estado mexicano cumpla con su obligación  de adecuar su Código de Justicia Militar a los estándares internacionales, punto que aún está pendiente de cumplir acorde con la decisión de la misma corte, pues actualmente en la jurisdicción militar todavía se pueden investigar violaciones de derechos humanos que se cometan por las Fuerzas Armadas, abriéndose dos procedimientos paralelos: uno en el fuero militar y otro en el fuero civil, que aplican tipos penales distintos sobre los mismos hechos. Esta decisión, expusieron ambas organizaciones, contraviene la independencia en las investigaciones y repercute en la impunidad en que los delitos puedan quedar.

«El caso probó la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos de los señores Montiel y Cabrera, campesinos y miembros de una organización ambientalista, que fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército en 1999. Una vez capturados, fueron víctimas de tortura y forzados a firmar una declaración inculpatoria falsa por los delitos de portación de armas y de cultivo de mariguana. En 2001, un decreto presidencial (…) les permitió salir de la cárcel por problemas de salud. Sin embargo, no fue reconocida su inocencia por los delitos que falsamente les fueron imputados».

Resaltan además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las sentencias de la CoIDH son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. El órgano interamericano ha exigido medidas estructurales para transformar prácticas que general violaciones a derechos humanos, pero éstas no han sido plenamente cumplidas por el Estado, sobre todo en lo referente al acceso a la justicia para las víctimas.