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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 10 de marzo de marzo
La Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes (FGJA) dio a conocer que fueron puestas en libertad ocho mujeres y un hombre detenidas durante las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer en la capital de ese estado.
A través de un breve comunicado, la FGJA informó: «En relación a las nueve personas que fueron puesta a disposición ante el Ministerio Público derivado de los hechos ocurridos durante la marcha del 8M en la plaza principal de esta ciudad capital. En estos momentos fueron dejados en libertad, cabe señalar que las indagatorias de la carpeta de investigación correspondiente, continúan”.
Antes, de acuerdo con información del semanario Proceso, Porfirio Sánchez Mendoza y Antonio Martínez Romo, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, así como policías hombres y mujeres, el 8 de marzo enfrentaron físicamente a las manifestantes. Además, entre las 9 y 10 de la noche, elementos de seguridad y antimotines de ambas corporaciones persiguieron con motocicletas y palos de escoba, y jalaron del cabello a manifestantes. Las sacaron de negocios y hoteles donde se resguardaron, e intentaron detener a integrantes de la prensa.
Foto: Centro Prodh.
Una vez detenidas en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo de Aguascalientes, conocido como C4, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA) se negó a presentarse pese a la solicitud de las organizaciones civiles y feministas.
Ante el uso desproporcionado de la fuerza, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez envió una acción urgente al gobernador Martín Orozco y a la fiscalía estatal para que no hagan uso del derecho penal -incluyendo la prisión preventiva- para criminalizar a las detenidas.
La semana anterior, Amnistía Internacional México publicó un informe que establecía que las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual.
Amnistía Internacional encontró que las autoridades restringieron indebidamente los derechos de las manifestantes al calificar las protestas como violentas por acciones que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, tales como pintar consignas en paredes públicas o intervenir monumentos. Recordó que si bien las autoridades podrían justificadamente imponer ciertas restricciones para prevenir daños a la propiedad pública o privada, no deben tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos e impidan manifestarse a quienes lo hacen de forma pacífica.
Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Foto de portada: Lucero Alvarez Facebook.
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