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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 29 de enero de 2017
Cerca de cien organizaciones civiles nacionales e internacionales exigieron que, ante las insuficiencias de las reformas a la Ley General de Víctimas, se designe a un titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) con experiencia y reconocida trayectoria en la defensa, protección y reparación integral a víctimas, además un compromiso probado con la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho.
Explicaron que en el marco de la serie de reformas a la Ley General de Víctimas, que carecieron de una verdadera consulta que permitiera a profundidad el debate sobre cuáles modificaciones podrían garantizar la reparación integral y amplitud en su alcance para llegar a la mayor cantidad de víctimas y a las organizaciones que defienden sus derechos, les preocupa el perfil de la persona que sea nombrada por el presidente Enrique Peña Nieto como nuevo titular de la CEAV. Por ello, se pronunciaron por establecer un mecanismo de designación transparente, público, con los criterios mínimos que se deben seguir para consultar pública, previa y de manera informada con los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que permitan no sólo participar en el proceso sino evaluar los conocimientos y el perfil de los y las candidatas.
- Aspecto del Foro sobre la Ley General de Víctimas celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en diciembre pasado. | Foto: Saúl Löpez / Cuartoscuro.
Además de los requisitos que exige la ley, se pronunciaron por una persona que posea «alta calidad moral; independencia e imparcialidad; capacidad profesional; experiencia y reconocida trayectoria vinculada al ejercicio de defensa, protección y reparación integral a víctimas; experiencia en el manejo de relaciones con medios de comunicación, altos funcionarios gubernamentales, expertos y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y público en general; experiencia en procuración, manejo y administración de recursos humanos y financieros; y compromiso y probada experiencia con la protección de los derechos humanos, el Estado de derecho y los valores democráticos.
Ley General de Víctimas, insuficiente ante crisis humanitaria
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Artículo 19 y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras organizaciones, emitieron un pronunciamiento en el que sostienen que las reformas a la Ley General de Víctimas publicadas el 3 de enero de 2017 son insuficientes para resolver la grave crisis humanitaria que vive el país desde hace más de 10 años.
Subrayaron que, «de conformidad con el derecho internacional las víctimas de violaciones a derechos humanos y diversos delitos tienen derecho a conocer la verdad, a la justicia, y a la reparación integral; no obstante, en México no existen mecanismos de coordinación entre las diversas instituciones a nivel federal ni de éstas con las instancias estatales para garantizarlos.
«Hasta la fecha, las víctimas en México no han podido disfrutar de los derechos enunciados en esta ley debido a trabas burocráticas y a la falta de voluntad política para respetar y garantizar estos derechos. Las organizaciones firmantes no conocemos ningún caso en el que se haya recibido una reparación integral del daño de acuerdo a los estándares internacionales, a pesar de haberse emitido sentencias judiciales y recomendaciones de la CNDH. Asimismo, las medidas de asistencia no han garantizado estabilidad en la vida de los familiares de las víctimas».
Añaden que si bien las reformas cambian la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en cuanto a la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, y de las Comisiones Estatales, será el/la titular de la Comisión quien tendrá a su cargo la mayoría de las decisiones; esta persona estará en el cargo por tres años y será designada por el presidente Peña Nieto en los 30 días posteriores a la publicación de la Ley, previa consulta pública con los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones. Sin embargo no garantiza que la decisión del presidente se apegue a los estándares internacionales.
- Discusión en la Cámara de Diputados federal de las reformas a la Ley General de Víctimas en diciembre pasado. | Foto: Saúl López / Cuartoscuro.
«Las organizaciones firmantes hemos insistido en transparentar los procesos de selección de los titulares de las diferentes instituciones federales y estatales que tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por ello, reiteramos que el mecanismo de selección del/la titular deberá ser transparente y público, con los criterios mínimos que se deben seguir para consultar pública, previa e informadamente a los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos que permitan no sólo participar en el proceso sino evaluar los conocimientos y el perfil de los y las candidatas».
Explican que si la persona ha ocupado algún cargo público, es fundamental que dicha experiencia sea en el campo de atención y reparación integral de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Más aún, debe mostrar con información objetiva que durante el periodo que duró su servicio público logró un impacto positivo en la vida de las víctimas.
«Por lo anterior exigimos que él o la titular de la CEAV no haya ocupado el mismo cargo con anterioridad, por el contrario, se deben abrir puertas a nuevos actores que conocen y han trabajado de cerca con las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos».
Alertan que, si esas condiciones no se cumplen, se corre el riesgo de seguir manteniendo un organismo inoperante para atender la demanda de las víctimas, ya que el titular de la CEAV designará a las personas responsables del Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.
Por ello, se pronuncian a favor de se garantice que el proceso para elegir a la Asamblea Consultiva esté constituida por personas de reconocida honorabilidad, compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho; por abrir la participación y la consulta en el proceso de elaboración de la normatividad secundaria, incluyendo el reglamento y los lineamientos; y por establecer mecanismos de participación y de inclusión de las propuestas de los colectivos de víctimas, académicos y sociedad civil».
- Foto: Gabriela Pérez / Cuartoscuro.
Otras de las organizaciones firmantes del pronunciamiento son el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, El Salvador; Comite de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).
Foto de portada: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
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