Familias de desaparecidos exigen reparación de daños en Nuevo León

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Lunes 19 de febrero de 2018

 

La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) demandó, en beneficio de víctimas directas e indirectas, la reparación de daños a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL) por haber violado sus derechos de acceso a la justicia durante los gobiernos priistas de José Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz, y de Jaime Rodríguez Calderón, gobernador por la vía independiente pero también con pasado priista.

Las solicitudes de reparación presentadas ante la propia PGJNL contemplan «medidas pecunarias, donde se considera el lucro cesante, daño material emergente, así como el daño inmaterial, traducido al daño moral y proyecto de vida que fue valorado de acuerdo al derecho internacional en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así mismo, también son consideradas las Medidas No Pecunarias que debe proporcionar el Estado», informó FUNDENL a través de un comunicado de prensa.

La organización explica que fueron violados los derechos de las víctimas y de las personas ofendidas en relación al acceso a la justicia, pues la PGJNL tuvo un retardo injustificado en la integración y determinación de las averiguaciones previas.

«Durante años las familias de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, hemos exigido públicamente a la Procuraduría de Justicia del Estado que haga lo necesario para buscar y localizar a nuestros seres queridos como le correspondiera. Los últimos 10 años, bajo el gobierno de José Natividad González Parás, Rodrigo Medina de la Cruz y Jaime Rodríguez Calderón ha sido la época más sangrienta del estado de Nuevo León con cifras descomunales de personas desaparecidas y de restos humanos encontrados en fosas clandestinas. Alejandro Garza y Garza, Adrián de la Garza Santos, Javier Flores Saldivar, Roberto Flores Treviño procuradores en esos años, sólo dieron continuidad a sus carreras políticas, mientras nuestros familiares siguen sin ser regresados a casa; la deuda de justicia, hasta el día de hoy, aún continúa».

FUNDENL relata que en 2016 varias familias organizadas acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para denunciar la dilación y las omisiones de la PGJNL en la búsqueda de sus desaparecidos y en 2017 la CEDHNL resolvió a favor en cuatro casos mediante las recomendaciones 06/2017, 07/2017 y 15/2017, al determinar que en el ejercicio de sus funciones el personal de la procuraduría vulneró los derechos de las víctimas.

Además, «la CEDHNL emitió seis recomendaciones en cada uno de los casos, destacando en el apartado referente a la Reparación de Violaciones a los Derechos Humanos, lo siguiente: “Las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos humanos, tienen como objetivo buscar que se tomen medidas para la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos fundamentales y, en su caso, la reparación de daños y perjuicios que se les hubiesen ocasionado (Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 45)».

Aunque para los casos en concreto no se ha determinado que la desaparición es imputable al Estado, añade la organización, las omisiones y la actividad administrativa irregular por parte de la PGJNL resultaron en un perjuicio para las víctimas porque «nunca se inició correctamente el proceso de búsqueda y como consecuencia las personas desaparecidas no han sido encontradas».

Todo ello, pese a que la legislación mexicana y la jurisprudencia internacional vinculante otorgan las herramientas correctas para determinar que, para los casos en particular, las omisiones por parte del Estado generaron afectaciones a las víctimas y sus familias, las cual deben ser reparadas integralmente por parte del Estado como medida de garantía de derechos humanos por la actividad administrativa irregular.

Las modalidades de reparación del daño han quedado ya establecidas en la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León mediante medidas de Restitución, Indemnización, Rehabilitación, Satisfacción y Garantías de no repetición.

«La determinación del daño se basó no sólo en los fundamentos legales utilizados en el presente, sino también mediante un análisis técnico de peritos expertos en la materia, donde quedó confirmado que las víctimas sufrieron afectaciones que deben ser reparadas como consecuencia de los años que transcurrieron desde la desaparición. Es de esta manera en que se determina que la Procuraduría de Justicia de Nuevo León es responsable de pagar una indemnización a las víctimas como resultado de su propio incumplimiento y su omisión de actuar en sus funciones administrativas y sus obligaciones ante la ciudadanía de la región», afirma FUNDENL.

Las tres familias que exigen reparación, proceso que tardaron alrededor de dos años en concretar,  exigen «una parte de justicia por Nicolás Flores Resendiz, por César Guadalupe Carmona Alvarado, por Roy Rivera Hidalgo y por sus familias, esperando que podamos abrir un camino para que las miles de familias de Personas Desaparecidas puedan acceder a este derecho. La búsqueda no se detiene, la búsqueda de nuestros familiares continúa, estas solicitudes de reaparación del daño son una exigencia más para que el Estado busque y localice a nuestros seres queridos. Seguiremos luchando y haremos uso de todos los recursos ¡Hasta Encontrarles!».

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Foto de portada: FUNDENL.