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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 30 de noviembre de 2017
- La nueva ley permite la militarización del país, denuncian opositores
Con 215 votos a favor del PRI, PVEM, Nueva Alianza y algunos panistas, contra 101 de Morena y PRD, más cuatro abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados federal aprobó y expidió este día la Ley de Seguridad Interior. Con ello, de avalarse en el Senado de la República a donde fue remitido el dictamen como cámara revisora, al Ejército mexicano se le otorgan facultades para hacer patrullajes, detener personas y consignarlas ante la autoridad ministerial, intervenir teléfonos de particulares y actuar, incluso con el uso de armas que pudieran ser letales, contra protestas ciudadanas si considera que alteran la paz social.
Se trata de una legislación con la que se le transfieren a las Fuerzas Armadas responsabilidades civiles en materia de seguridad pública y legaliza la permanencia de elementos del Ejército y la Marina en las calles, tareas para las cuales no han sido formados y que ha derivado, al menos desde 2006 cuando el gobierno federal le declaró la guerra al crimen organizado, en miles de violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos poblacionales y desapariciones forzadas.
Foto: Cuartoscuro.
El aval de los legisladores ignoró los llamados y las advertencias públicas sobre los peligros de aprobar la Ley de Seguridad Interior hechas previamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y cientos de expertos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, dijo desde Washington, Estados Unidos, que en el proceso legislativo la ley todavía debe pasar a revisión y aprobación del Senado de la República, y en ese sentido llamó «a la mayor prudencia, al mayor debate, a la mayor reflexión y también a la mayor integralidad en los diversos temas que tienen que ver con lo que deseamos resolver: que el país regrese a los estadios de seguridad en donde ahorita, lamentablemente, tenemos violencia”. Un debate que «tiene que analizarse a la luz de otros temas como la nueva Fiscalía General de la Nación, la operación del Sistema de Justicia Penal, así como el fortalecimiento de las policías, enfatizando la necesidad de que los problemas que el país enfrenta en materia de seguridad y justicia, se aborden bajo un enfoque integral».
Desde la misma ciudad estadounidense, organizaciones civiles internacionales se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior porque, argumentaron, tendrá efectos en la militarización del país.
Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights y World Organisation Against Torture (OMCT) mostraron, en principio, su preocupación por el apresuramiento de los legisladores para aprobar un dictamen «que pretende normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales», pese al rechazo de organizaciones de la sociedad civil y expertos en seguridad y derechos humanos.
Argumentaron su rechazo al explicar que durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos debido al despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país, al igual que los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos. De tal que, añadieron, «urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional».
Cientos de organizaciones civiles y activistas mexicanos sostuvieron lo dicho desde hace ya casi un año: que la legislación contiene definiciones vagas sobre qué son seguridad interior, atribuciones del Ejército, amenazas a las instituciones, lo que lleva a que el marco legal y las instituciones cada vez estén más lejos de la transparencia y rendición de cuentas. Se trata, han dicho los integrantes del colectivo#SeguridadSinGuerra, de «una ley golpista» que garantiza la impunidad de los militares y relega la profesionalización de las policías.
La aprobación
El dictamen de la ley fue aprobado en menos de 12 horas. A eso de las 12 horas fue avalado por una mayoría de 18 votos a favor y 12 en contra de los integrantes de la Comisión de Gobernación, de donde fue enviado a la Junta de Coordinación Política para ser enlistado en el orden del día de la sesión de hoy mismo.
Por la tarde, ya en sesión del pleno, ante una manta del colectivo #SeguridadSinGuerra en la que se leía «Ley de Seguridad Interior atenta contra derechos Humanos. No a la militarización del país», el diputado César Domínguez, del PRI, sostuvo que con la Ley de Seguridad Interior las fuerzas armadas no van a suplantar a nadie, sino que «vienen y van a entrar cuando la autoridad no tenga la capacidad de atender un problema en su municipio o su entidad federativa o en una región del país».
También intervino el legislador del PVEM, Arturo Álvarez Angli, para decir: «Bla bla bla, ya escuchamos a los diputados de izquierda y siempre subir a decir que van a votar en contra, porque en verdad, en verdad ellos sí se preocupan por el país. Pero son incapaces de reconocer jamás una acción en el sentido correcto, son incapaces de reconocer que la realidad de nuestro país requiere de que hagamos lo que se puede con lo que se tiene».
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada del PRI presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados federal. | Fotograma: Youtube.
Antes, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, afirmó que la Ley de Seguridad Interior «regula la participación de las Fuerzas Federales y las Armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional», respuesta idónea a los nuevos escenarios de inseguridad por los que atraviesa la nación y complemento «a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen dentro del país».
Por el contrario, para José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, esta ley «genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso de poder. Hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas, provoca incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad».
Ernestina Godoy Ramos, del partido Morena, afirmó que el dictamen autoriza la militarización del país y otorga autonomía a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y se pronunció por tomar en cuenta lo dicho por organizaciones civiles nacionales e internacionales que advierten que la Ley de Seguridad Interior va en contra de los tratados internacionales firmados por México.
Si bien al concluir la votación el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, dio cuenta de que el dictamen fue aprobado con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, horas más tarde un boletín de la Cámara de Diputados daba cifras más abultadas: «248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones». Aunque no se explicó cómo ocurrió eso.
Foto de portada: Cámara de Diputados.
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