Fiscal de Guanajuato debe surgir del debate, no imponer a Carlos Zamarripa: #FiscalíaQueSirva

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

Guanajuato / Jueves 25 de octubre de 2018

 

Para Luz Marcela Villalobos y Andrés Treviño, integrantes del colectivo #FiscalíaQueSirva Guanajuato, no hay otra opción más que el Congreso del Estado reforme el artículo 95 constitucional para evitar que el procurador Carlos Zamarripa Aguirre se convierta en Fiscal General del Estado. El funcionario «tiene responsabilidad» en la crisis de violencia que se vive en la entidad y eso debería ser suficiente para abrir un debate sobre el perfil que se necesita para ocupar el cargo.

El incremento de la violencia, la impunidad y de la percepción de la inseguridad, aunado a la cifra negra de delitos, nos hablan de que la estrategia de seguridad no ha funcionado, ni con el Proyecto Escudo ni con la Policía Militar. Nada de eso se refleja en bienestar, dice Luz Marcela Villalobos. En entrevista por separado, Andrés Trveiño completa: «Entregar a una sola persona ese cargo por nueve años más, con los que sumaría 18, no es democrático. Si fuéramos el estado más pacífico tal vez valdría la pena considerarlo, pero Guanajuato es el que tiene el más homicidios dolosos del país y por eso es necesario que se debata si (el de Zamarripa Aguirre) es el mejor perfil. Nos gustaría un proceso de debate y no de imposición».

El lunes de la semana pasada, más de 50 organizaciones nacionales y guanajuatenses, además de activistas y periodistas, dieron a conocer la conformación del capítulo Guanajuato del colectivo #FiscalíaQueSirva. A través de un manifiesto público, exigieron al Congreso del Estado derogar «de inmediato» el pase automático del procurador Zamarripa Aguirre a la Fiscalía General del Estado y llamarlo a rendir cuentas sobre el estado que guarda la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEG). Mientras, la petición para cerrarle el paso al que han llamado #FiscalCarnal acumula ya más de dos mil 500 firmas en el sitio de preticiones Change.org.

Luego de ser designado como director de la Policía Ministerial del Estado durante el periodo 2000-2006, cuando Juan Carlos Romero Hicks fungía como gobernador, Carlos Zamarripa Aguirre fue nombrado procurador general de Justicia del Estado de Guanajuato por Juan Manuel Oliva Ramírez en el sexenio 2006-2012; repitió en el cargo de 2012 a 2018 por decisión de Miguel Márquez Márquez, y ahora que ganó la elección Diego Sinhué Rodríguez volvió a ser ratificado. Han sido nueve años en que poco a poco, pero de forma consistente, la delincuencia se ha incrementado en Guanajuato hasta convertirlo en uno de los estados más violentos del país.

Luz Marcela Villalobos cuenta que el colectivo #FiscalíaQueSirva Guanajuato nace a partir de la inquietud, luego de seguir el trabajo que el mismo grupo ha hecho a nivel nacional para evitar que del titular de la Procuraduría General de la República y de los funcionarios de esa corporación pasen de forma automática a lo que será la Fiscalía General de la República. Se trata de organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Ciudadano de Acámbaro y activistas que «nos sorprendimos ante la ratificación de Carlos Zamarripa y decidimos hacer algo».

Pero para ese algo no hay muchas alternativas. «Por ahora en el colectivo no pensamos sino en la reforma al artículo 95 constitucional para la designación de un fiscal general autónomo y que la Fiscalía General no sea sólo sea un cambio de siglas. Lo ideal sería que se cambiara el artículo 95, pero estamos sujetos a lo que dice la Constitución local, que contempla la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General inmediatamente después de que entre en funciones la nueva Fiscalía General de la República. O sea, si en el Congreso del Estado no se toma el ejemplo de lo que hizo la bancada del PAN a nivel federal, que se opuso al pase automático del procurador (entonces Raúl Cervantes), mientras no se haga eso no hay muchas opciones».

Andrés Treviño recalca que las demandas concretas del colectivo son que el Congreso llame a comparecer a Carlos Zamarripa para que rinda cuentas sobre la crisis de inseguridad en el estado y que reforme artículo 95 para que no se dé el pase automático del procurador. Explica: «No hubo ratificación, sino que el gobernador le dijo simplemente al Congreso que Zamarripa continúa en el cargo. Pero como Andrés Manuel López Obrador dijo que la nueva Fiscalía General de la República y su titular deben estar antes del 1 de diciembre, eso quiere decir que antes de esa fecha tendremos a Zamarripa como fiscal en el estado».

De acuerdo a la reforma de julio de 2017, la pasada legislatura del Congreso del Estado dejó los puntos I, II y III del artículo 95 constitucional -relativo al Fiscal General del Estado que durará en el cargo nueve años-, de la siguiente manera: «I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Gobernador del Estado; en tanto, éste designará un Fiscal General del Estado en forma provisional, quien ejercerá sus funciones hasta que se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. Si el Gobernador no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso del Estado una terna. El Fiscal General del Estado designado provisionalmente podrá formar parte de la terna.

«II. Recibida oportunamente la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado.

«III. El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días. En caso de que el Gobernador no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. Si el Congreso no formula la lista o no hace la designación en los plazos que establece este artículo, el Gobernador designará al Fiscal General del Estado libremente en el primer supuesto y en el segundo de entre los candidatos que integren la terna».

Andrés Treviño recuerda que el año pasado, antes de que se concretara esa reforma al 95 constitucional, algunos activistas pidieron al Congreso del Estado que se legislara para tener una fiscalía especializada en derechos humanos y que no se permitiera el pase automático del procurador. Pero resulta que tardaron diez meses en contestarles, hasta que el tema se hizo más complejo.

«Pedimos una reunión con la Junta de Gobierno y Coordinación política, y decidieron que no, que fuera con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ellos están tratando de llevar a cabo una discusión técnica, cuando es política. Lo que llama la atención es que hay diputados del PAN que a nivel federal impulsaron la reforma al 102 constitucional contra el fiscal carnal, pero que ahora no están diciendo nada. Además la semana pasada aparecieron notas en periódicos nacionales en las que se dice que la procuraduría de Guanajuato es la mejor del país. Es claro que el gobierno del estado pagó inserciones para engañar a la opinión pública, eso quiere decir que están atentos a nuestro manifiesto».

A quienes se refiere el activista es a Miguel Ángel Salim Alle, Alejadra Gutiérrez Campos y Lorena Alfaro García, que se convirtieron en legisladores locales después de ocupar escaños en la LXIII Legislatura federal, y a una nota aparecida en Excelsior con el encabezado Fiscalía de Guanajuato entre las más avanzadas del país, en la que se afirma que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, «cuyo titular es Carlos Zamarripa Aguirre», «tiene finanzas sanas, la suficiente capacidad de policías ministeriales, peritos y agentes del ministerio público para atender las necesidades de la población», por lo que «es considerada como la fiscalía más avanzada de todo el país, no sólo en términos de su eficiencia, sino también por su modernización».

Luz Marcela Villalobos considera que más allá de los nombres, «después de nueve años en el cargo, la procuración de justicia en Guanajuato no ha funcionado. Los datos disponibles están ahí con el incremento de los homocidios dolosos, un tema que está ligado a la falta de investigación. Lo que pasa aquí es más o menos lo que en todo el país: la Procuraduría General de Justicia publicaba indicadores de los casos en que abría expedientes y de los que terminaban en sentencia, pero a mediados del año pasado dejó de hacerlo».

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2018 (ENVIPE), en Guanjuato hay entre 27 y 28 mil víctimas de delitos, «pero nos preocupa la cifra negra de todos aquellos que no llegan a contabilizarse. A nivel nacional el índice está en el 93.2 por ciento y en Guanajuato en el 92.4, la mayoría de las veces por causas atribuibles a la autoridad. Es igual que a nivel nacional, porque se considera que denunciar es una pérdida de tiempo, porque se desconfía de la autoridad y quienes pretenden denunciar perciben una actitud hostil» de los funcionarios. «No se ha medido si tampoco se denuncia por miedo a la autoridad, pero los indicadores sí dicen que hay desconfianza en la autoridad».

– ¿Y organismos autónomos como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) y las universidades tienen cifras?

Organismos autónomos como la PDHG dejan mucho que desear. Un ejemplo fue cómo el anterior procurador de Derechos Humanos pasó a la Secretaría de Gobierno, que representó un claro conflicto de interés. Se debe trabajar para que los titulares de los órganos autónomos ya no sean elegidos por el gobernador sino a través de un proceso de participación ciudadana para garantizar su autonomía e independencia.

«Pero por ahora en el colectivo pensamos solamente en la reforma al artículo 95 constitucional para la designación de un fiscal general autónomo y que la Fiscalía General no sea sólo sea un cambio de siglas (…) Se debe ir sumando, por ahora tenemos al colectivo a nivel nacional que apoya en el estado, y aquí la parte empresarial, que forma un contrapeso debe jugar ese rol de contrapeso, se debe pronunciar por una fiscalía que sirva para no lamentar que la situación empeore dentro de unos años».

– ¿El sector empresarial que en 2012 apoyó la propuesta de que Zamarripa continuara en el cargo?

El sector empresarial a nivel nacional está impulsando la reforma al 102 constitucional y sigue siendo parte del colectivo. Habrá que ver si a nivel local está en el mismo entendido, si buscan una institución sólida en justicia y seguridad. Si no pueden asumir el liderazgo que les corresponde, habrá que ver qué otros frentes hay y qué personas deben apoyar para resolver estar situación.

Para Andrés Treviño es difícil lograr que la reforma al 95 constitucional salga adelante mediante un proceso impulsado por la sociedad civil, «porque el gobierno se ha dedicado a nulificarla. Pero es claro que pudimos sacar el manifiesto y vamos a seguir valorando otras acciones».

– ¿Por qué centrar la discusión en la figura de Zamarripa si él fue nombrado por Juan Manuel Oliva, siguió con Miguel Márquez y ahora con Diego Sinhué? ¿No es un grupo el que lo sostiene?

No creo que Diego Sinhué Rodríguez sea el que gobierne el estado, hay un grupo de poder. Pero independientemente de eso, hay una responsabilidad de Zamarripa en la crisis de violencia y eso debería ser suficiente para que el Congreso debata si debe quedarse o no. Desde el lunes mucha gente nos ha contactado, tenemos una iniciativa en Change.org, el propio sector empresarial cuestiona la imposición de Zamarripa y esperamos que la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial se posicionen sobre el artículo 95 constitucional.

«Lo que estamos viendo es una articulación inédita. En el colectivo participan personas del corredor industrial, hay organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Acambarense, gente de Xichú y de zonas que además de sufrir el problema de la violencia se están articulando. Estamos sentando un precedente. También se debe considerar que si bien el PAN mantuvo el gobierno y el Congreso, hay 400 mil votos que Morena les arrebató. Este es el inicio de un cambio político. En el PAN están acostumbrados a no tener un costo político y Morena quiere ganar más espacios. Esta es una experiencia de organización y va a consolidarse».

Al final, se le pregunta a Andrés Treviño si coincide con quienes aseguran que la delincuencia no prospera sin el apoyo de las autoridades y si en ese caso se podría incluir a Carlos Zamarripa. Él responde: «No sé si tenga participación directa, pero indirecta sí. Ante el hallazgo de fosas en Villagrán e Irapuato lo que hizo la PGJE fue negar que existieran. En ese sentido, entonces sí, Zamarripa tiene una responsabilidad. En Irapuato los cuerpos estaban expuestos y la PGJE tiene el descaro de negarlo,. Tiene una reponsabilidad por omisión».

---

Imagen de portada: Carlos Zamarripa, procurador de Justicia de Guanajuato, y Miguel Márquez, ex gobernador del estado. | Foto: PGJEG.