SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 9 de abril de 2019
El pasado 4 de abril el senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con cinco nuevos integrantes, que formarían una sala especializada en anticorrupción. Frente a la propuesta tenemos que preguntar si efectivamente busca combatir la corrupción o bien debilitar a la Suprema Corte.
En la exposición de motivos la propuesta refiere varios estudios sobre la corrupción y lo complejo que resulta hacerle frente y justifica la creación de la Sala especializada con este punto, entre otros:
«Bajo esa premisa, consideramos que se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que, de manera esencial, se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales para que todas las autoridades administrativas competentes apliquen las leyes en materia de responsabilidades de modo puntual, garantizando en todo momento los derechos fundamentales a favor del servidor público imputado, pero ejerciendo a su vez el poder estatal de manera ejemplar tanto en el procedimiento disciplinario como en la aplicación de las sanciones administrativas».
Esta justificación omite por completo que el principal problema en el combate a la corrupción está en el órgano encargado de investigar y reunir evidencia para acusar a cualquier persona o empresa. La actual Fiscalía General de la República, hasta hace un par de meses Procuraduría General de la República, sigue siendo incapaz de llevar adelante casos escandalosos de corrupción, como sería el de Odebrecht.
Esta misma incapacidad se traslada a los estados y sus Fiscalías, y a este respecto el gobierno no ha hecho ninguna propuesta sustantiva. El discurso de combate a la corrupción enarbolado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin medidas concretas, es mera retórica.
La propuesta del Senador Monreal alude a la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) (http://bit.ly/2YXo5uT) y señala lo siguiente:
Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el paquete de reformas complementarias, se intentó marcar un parteaguas en el planteamiento del país de las políticas de combate a la corrupción, a través de cual se pretendió superar las deficiencias fundamentales del pasado, por medio de los siguientes objetivos:
- Atender la fragmentación de políticas y mantener un enfoque de desarrollo integral más completo y coherente.
- Prevenir las “brechas en la implementación”, mejorando la coordinación, tanto vertical como horizontal, entre los niveles de gobierno y, particularmente, ubicando a los Estados bajo el mandato del Sistema.
- Fortalecer los mecanismos de cumplimiento para investigar y sancionar infracciones por parte de servidores públicos y empresas, bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales.
- Reforzar la supervisión mediante una mayor transparencia, atribuciones de auditoría ampliadas y una más enérgica participación de la sociedad civil.
Pero de nueva cuenta omite que ni en el anterior gobierno, ni en éste se ha priorizado la integración total del SNA.
Dado que la propuesta proponer integrar cinco Ministras o Ministros, la SCJN pasaría de 11 a 16 integrantes y la declaratoria de inconstitucional de alguna ley, pasaría a requerir 11 votos y no ocho como se requiere actualmente. El nivel de dificultad se incrementa.
Si a lo anterior sumamos que López Obrador ya ha nombrado a un Ministro y una Ministra de su confianza y estos otros cinco posibles, podría llegar a contar con siete votos proclives a sus propuestas, con lo cual la SCJN dejaría de ser un contrapeso del Poder Ejecutivo y rompería una regla básica de la democracia como es la separación de poderes.
¿Será ésta una de las aspiraciones de la Cuarta Transformación?
Por último les comparto que el día de ayer falleció en un accidente en Guatemala, Ana Paula Hernández, defensora de derechos humanos y actual colaboradora de una agencia de financiamiento que apoya a varios organizaciones civiles. Una lamentable pérdida para el movimiento de derechos humanos
Imagen de portada: Senador Ricardo Monreal Ávila, del partido Morena. | Foto: Senado de la República.
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