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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
No extraer las conclusiones obvias y, sobre todo, tomar las decisiones consecuentes con lo que es sabido por todos, que la delincuencia prospera gracias a que destina parte de sus cuantiosos recursos para lograr la complicidad de funcionarios, ha traído serias consecuencias para la seguridad en el país. La complacencia que desde hace muchos sexenios han tenido nuestros gobiernos con la corrupción ahora se ve agravada y evidenciada con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Hasta hace poco solamente se ponía en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población. Con la segunda escapatoria del más importante de los narcotraficantes de nuestro país, la certeza es que no hay cárcel ni servidor público dedicado al combate a la inseguridad en que se pueda confiar.
La gravedad del caso no está únicamente en las fallas de las instituciones, sino en que en las horas que siguieron a la fuga de Guzmán Loera del penal de alta seguridad de El Altiplano empezó a cundir la idea de que la mayor preocupación del gobierno federal es que tendrá que dar explicaciones de lo ocurrido a los Estados Unidos.
Así que lo grave se vuelve trágico. Porque un gobierno que no garantiza a sus ciudadanos condiciones mínimas para una convivencia armónica y en paz, que deja escapar a sus más peligrosos delincuentes y que se ve obligado a rendir cuentas a un país extranjero, sólo augura más problemas para los mexicanos.
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