Funcionarios y legisladores federales se reúnen luego de llamado de ONU-DH a investigar espionaje

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 20 de julio de 2017

 

A puerta cerrada y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, integrantes del gabinete federal de seguridad comparecieron este día ante legisladores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, que desde el 29 de junio se declaró en sesión permanente para analizar temas de ciberseguridad y el espionaje contra periodistas y activistas por parte de dependencias del gobierno a través del malware Pegasus.

A la reunión convocada por la comisión encabezada por el diputado Waldo Fernández asistieron Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Raúl Cervantes, procurador General de la República; Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad; y el titular del Cisen, Eugenio Ímaz, entre otros funcionarios.

Precisamente este miércoles, desde Génova, Italia, «un grupo de expertos de las Naciones Unidas exhortó al gobierno de México para que lleve a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas», informó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Los miembros de la ONU-Derechos Humanos que emitieron el exhorto, de acuerdo a información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, son Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.

El llamado de los expertos se produce a un mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado ‘Pegasus’ para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016.

“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”, afirmaron los expertos.

Según se ha informado, la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad. También se habría visto afectado el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Entre los periodistas que afirmaron haber sido vigilados se encuentran Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. También se habría dado un caso de espionaje contra el hijo menor de edad de Aristegui y contra algunos miembros de partidos políticos de oposición.

“Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, recalcaron los expertos de la ONU.
“La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación”, indicaron. “En ese sentido, llamamos al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”.

Asimismo, los expertos hicieron un llamado a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.

“Urgimos al Gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo”, señalaron. “Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado”.

Para los expertos de la ONU, “la resolución de este caso a través de una investigación independiente e imparcial representa un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.

Traducción del documento (en inglés) de la ONU-DH: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Foto de portada: Cuartoscuro.