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Alfonso Díaz Rey*

Viernes 5 de agosto de 2016

 

Quienes se sientan sorprendidos o desilusionados por las acciones de quienes nos gobiernan pecan de ingenuos, por decirlo de una manera diplomática.

El reciente aumento de precio de los combustibles derivados del petróleo es, hasta ahora, la última de una serie de medidas que atentan contra la ya muy deteriorada economía de la inmensa mayoría del pueblo mexicano.

El incumplimiento de promesas de campaña, firmadas o no ante notario público, es desde hace muchísimo tiempo una práctica común en el sistema político mexicano; práctica que se agudizó con la imposición de las políticas neoliberales a principio de la década de los ochenta del pasado siglo.

Con el argumento de que debíamos modernizarnos, “adelgazar” al Estado porque era mal administrador y dejar a las leyes del mercado la solución de los problemas de la economía, para poder aspirar a estadios superiores de desarrollo como país, se impusieron una serie de medidas que, entre otros impactos:

• acabaron con el patrimonio nacional;
• despojan al pueblo de conquistas laborales y sociales; y
• entregan buena parte del territorio nacional a empresas transnacionales, locales y extranjeras, que arrasan con el medioambiente y las riquezas naturales.

¿Y qué sucedió?

La modernización fue sinónimo de privatización, lo mismo que el adelgazamiento del Estado, porque su mala administración, incluidas la corrupción y burocratización, impedía al capital privado, también con su abundante dosis de corrupción, obtener mayores ganancias.

¿Y las leyes del mercado? Esas siempre han operado bien. Pues cuando la economía está dominada por los monopolios son éstos los que manejan el mercado y sus leyes operan siempre en función de la máxima ganancia.

A manera de ejemplo:

¿Cuál fue el destino de los recursos que se supone ingresaron al erario por la venta de lo que antes era patrimonio nacional? ¿De qué manera incidieron esos recursos en el desarrollo del país y del pueblo mexicano?

Si actualmente un trabajador que perciba el salario mínimo debe trabajar casi 24 horas para adquirir la canasta alimentaria recomendable y que en 1987 adquiría esa canasta con casi cinco horas de su jornada laboral, veremos que el desarrollo y todas las bondades que nos vendieron caminaron en sentido contrario y se alejan cada vez más del pueblo.

Y volviendo a los combustibles derivados del petróleo: ¿Qué fin tuvieron los recursos que generó el petróleo mexicano cuando los precios fueron altos? ¿Se utilizaron acaso para mantener la buena marcha de esa industria y evitar la dependencia del extranjero en materia de energía? ¿O acaso para investigación y desarrollo de fuentes alternas de energía, previendo la declinación de la producción en los campos petroleros? O más sencillo: ¿Se utilizaron racionalmente? ¿Quiénes se han beneficiado con esos recursos?

El intento de responder a las anteriores interrogantes puede contribuir a una mayor claridad en cuanto al papel del Estado, cuál es la función del gobierno y a qué obedecen sus decisiones.

Si vinculamos lo anterior a la situación por la que atraviesa el país y el pueblo, que es una crisis que afecta y condiciona todos los aspectos de la vida nacional, por tanto estructural, podríamos pensar, como una conclusión, que la solución de los problemas que el país y el pueblo padecen requiere de una refundación.

Ello supondría el cambio de las bases económicas, políticas, sociales, culturales y éticas de un sistema en que la prevalencia de la ganancia impide el desarrollo del pueblo y destruye el medioambiente.

La tarea no es fácil pero tampoco imposible. Requerirá de tomar conciencia de esa necesidad, organización y unidad.

* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular de Salamanca, Guanajuato.