SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Viernes 11 de agosto de 2023
México vive. Un pueblo no sucumbe al capricho del poderoso si defiende la causa de la Justicia, de la civilización y de la humanidad.
– Benito Juárez. 1857.
La Ley ha sido siempre mi espada y mi escudo.
– B. J. 1855.
El “enemigo a muerte” no es una expresión más, en el caso del oligarca Larrea Mota es puntual, ya que desde el inicio de la tragedia de Pasta de Conchos él se opuso al rescate de los mineros. Al quinto día de la explosión del 19 de febrero de 2006 pidió a Fox la suspensión del rescate, aún sin saber cuántos mineros seguían vivos, lo que Fox le concedió. En 2007, por presión de los familiares, se exigió el rescate por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero el titular de la PGR, Medina Mora, lo negó, ya que solo recibió una “recomendación” de la CNDH.
Por si alguien tiene duda, en 2013 su empresa interpuso un amparo pidiendo que para siempre no se hiciera el rescate de los 63 mineros, porque “era más peligroso el rescate” que dejarlo abandonados, como si no fueran seres humanos con familias y derechos. Perdió el amparo 644/2013 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, no porque las intenciones de Larrea fueran inhumanas, y en 2006 criminales, sino porque la materia era administrativa, no civil, por los abogados incompetentes del oligarca.
En cambio, los mineros de San José, en Chile, los 33 atrapados en una explosión más profunda y peligrosa, 17 días después los 33 fueron rescatados vivos.
Desde que Larrea Mota obtuvo el ferrocarril nacional privatizado por Zedillo en 1995, como antes fue con la minería -Cananea entre otras- la metalurgia y siderurgia con Salinas, la explotación de los obreros ha crecido al extremo. Tan solo los trenes de carga aumentaron al doble su cargamento de 1992 a 1999, con el beneplácito del líder sindical.
No son los únicos casos. En las tres huelgas mineras, de Cananea, Taxco y Sombrerete, la causa principal de ellas fue la falta de seguridad en las minas, detectadas por inspectores de la Secretaría de Trabajo, lo que al patrón molestó y se negó a corregir, a pesar de saber que exponía la vida y salud de los obreros. Por esa causa estallaron las 3 huelgas el 30 de julio de 2007, que cumplieron 16 años.
En 16 años el Estado mexicano ha negado el acceso a la justicia a los mineros, subordinándose al oligarca Larrea Mota, los gobiernos de Fox, Calderón, Peña y el actual. El Sindicato Minero recurrió al T-MEC y al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), pero al final las secretarías de Trabajo y de Economía se opusieron el 31 de julio de 2023.
Resulta inexplicable el rechazo de las dos secretarías, de Trabajo y Economía, para que se incluyera el conflicto de los obreros de la mina San Martín, Sombrerete en el tratado internacional del T-MEC y en el MLRR, ratificado por México y avalado por el artículo 1 de la Constitución. En particular para que se aplicara el MLRR a los mineros; dicha negativa resulta contraria a la Constitución, ya que es regresiva, contraria a la progresividad de los derechos humanos; es divisible ya que afecta los derechos fundamentales de los mineros y sus familias; la negativa no considera que derechos humanos son universales, debido a que las violaciones cometidas fueron por autoridades del Estado y por el oligarca Larrea Mota, dueño de Grupo México y de la empresa de San Martín, que en plena huelga declarada existente, despidió a 400 mineros, terminó el contrato colectivo de trabajo (CCT) y la relación con el Sindicato, todo ilegalmente, como fue acreditado.
Con el argumento de que el conflicto colectivo es de una empresa nacional y dicen: “se resolverá en instancias judiciales mexicanas”, no tiene fundamento ya que durante 16 años no se ha aplicado la ley ni por las autoridades ni el patrón; ni siquiera en los más de 4 años del actual gobierno. ¿Qué clase de justificación puede ser esa cuando se falta a la verdad y a la justicia solo para favorecer al oligarca Larrea Mota? Los argumentes legales de las dos secretarías carecen de bases legales y son inconstitucionales:
En primer lugar, el T-MEC en ninguna parte establece esas afirmaciones de las secretarías de Trabajo y Economía del gobierno Federal. En segundo lugar, Grupo México sí comercia sus productos mineros con Estados Unidos. De hecho, Grupo México de Larrea Mota es una empresa trasnacional con empresas filiales en Estados Unidos, Perú y España, además de más de 20 empresas mineras aquí.
En tercer lugar, el criterio nacionalista es falso toda vez que los tratados comerciales como el T-MEC son internacionales, los convenios de la OIT son internacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos es internacional; reconocidos plenamente por la Constitución en su artículo 1, que a la letra establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que esta Constitución establece.
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
(…)
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas.” (Subrayado nuestro)
Del mismo modo que el Convenio 111 de la OIT prohíbe la discriminación laboral y sindical, procesal y en el procedimiento debido, dicho Convenio ha sido ratificado por México y es obligatorio, igual que el T-MEC y, sobre todo, la Constitución. El Convenio 111 de la OIT, en el artículo I define qué es la discriminación: la “distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;” (Subrayado nuestro).
No se aplica el MLRR a una empresa de origen nacional: pero sí a las extranjeras como Teksid, General Motors, etc. Cuando unas y otras se rigen por las leyes nacionales para operar en México. Y Grupo México es una empresa trasnacional con filiales en Estados Unidos, Perú, España y otros países; que comercia los productos mineros nacionales en el extranjero. Los enormes capitales de Larrea Mota y su residencia están en el extranjero. ¿Qué tipo de nacionalismo es ese?, que solo protege la parte patronal, al oligarca, el segundo millonario de México.
Las violaciones de los derechos humanos de los mineros de San Martín, que son universales y nacionales y han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución del 23 de junio de 2021, pero desde esa fecha la Secretaria de Trabajo y la Junta Federal no concretaron ni llevaron la resolución de la autoridad suprema a la solución plena de la huelga: frenaron su tramitación, al grado de favorecer a los esquiroles del patrón, prohibidos por Ley, al no contestar la Junta Federal la denuncia del Sindicato Minero del 18 de febrero de 2022. Por eso se acudió al T-MEC y al MRR.
El atropello a los derechos humanos por Larrea Mota, desde antes de la huelga del 30 de julio de 2007, se debió a que con inspecciones se acreditó la inseguridad en la mina de San Martín, que exponía la salud y la vida de los obreros; a que el prepotente patrón desconoció la representación sindical nacional y seccional; a que la empresa dejó de entregar las cuotas sindicales, entre otras violaciones que desde 2006 cometía el patrón y llevaron a la huelga justificada.
Siendo violaciones de tracto sucesivas que se siguen realizando; las previas a la huelga la empresa se negó a corregirlas, con claro conocimiento de las autoridades; las violaciones que siguieron durante los 16 años, en la huelga, fueron peores, ya que la empresa acudió a juicios paralelos en contra de la huelga para acabar con ella y con todos los derechos de los mineros, incluso el despido en plena huelga. De modo ilegal, en 2012, la autoridad aceptó -en plena huelga- una demanda por titularidad del CCT, cuando la Ley señala que se debe proteger el derecho de huelga siendo existente, y el artículo 902 niega que se recurra a esas medidas en la huelga. Fueron 17 años consecutivos de constantes violaciones, con la negativa del Estado de actuar ante esas violaciones, de 2006 a hoy. ¿Las Secretarías se inclinan por el oligarca Larrea, como lo hicieron Fox, Calderón y Peña o, acaso le temen?
El primer recurso de demanda de titularidad del CCT lo perdió la empresa con la votación en 2012, al usar un sindicato de la CROC. La empresa acudió a otra demanda igual, con un sindicato blanco de la Federación Nacional Sindical Independiente (FNSI), aún más corrupto. Al final, la empresa perdió en 2021. Pero en 2022 la Junta Federal y Larrea Mota maniobraron de nuevo, e ilegalmente lograron que se permitiera a la empresa abrir la mina y trabajarla con esquiroles.
En los tratados internacionales el Estado mexicano es representado por el gobierno en turno, que es el responsable de solucionar los conflictos laborales colectivos bajo los marcos de la Ley vigente, no de otro modo, y desde el 1 de diciembre de 2018 la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal, y ahora los Tribunales Judiciales Laborales, han denegado sus derechos humanos laborales a los mineros.
Hoy resulta que las secretarías de Trabajo y Economía que se oponen a que se aplique el T-MEC y el MRR y ofrecen una salida: “se resolverá en instancias judiciales mexicanas”, ignorando los daños de 17 años a los mineros y sus familias. Sin un fundamento legal, verdadero y convincente aplican un criterio de Discriminación y Regresivo -prohibidos en México- por cualquier causa “que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas”, que establece la Constitución en su artículo 1. Son criterios nacionalistas sui generis, por demás incongruentes y chauvinistas.
Andrés Manuel López Obrador puede rectificar esas decisiones mal aconsejadas que cuestionan la justicia hoy en México al apoyar al oligarca Larrea Mota, enfermo de odio a los obreros y máximo corruptor de autoridades. Cliente especial de la Junta Federal y otras autoridades.
* Abogado del Sindicato Minero y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
Imagen de portada: The Visionary Inversiones.
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