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Edgar Cortez
Martes 16 de mayo 2017
Un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos es un gobierno que no cumple una tarea esencial y por tanto inútil para la ciudadanía.
El pasado tres de mayo el Ejército realizó un operativo en Palmarito, Tochoapan Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles. Hasta ahora el debate, sobre todo influido por los videos difundidos, se ha centrado en la responsabilidad castrense por el posible uso excesivo de la fuerza.
Sin embargo en este caso, como en otros similares, queda oculta la responsabilidad de los gobiernos locales.
De acuerdo con Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en 2006 el robo de combustible pasó de ser un delito controlado por grupos locales a un millonario negocio bajo el control de la delincuencia organizada. En 2006 se tenían detectadas 691 tomas clandestinas y diez años después la cifra ya alcanzaba las 6,159 tomas, es decir un incremento cercano al ochocientos por ciento.
Las pérdidas económicas por este delito durante el sexenio del presidente Felipe Calderón fue de poco menos de 63 mil millones de pesos, mientras que en los primeros cuatro años del presidente Peña Nieto la cifra ya está por arriba de los noventa y siete mil millones de pesos (http://bit.ly/2qgv6Z7).
Sin duda que hay responsabilidad del gobierno federal en el crecimiento exponencial de este delito pero también existe una enorme deuda de los gobernadores de estados como Puebla, Veracruz, Guanajuato y otros más.
De acuerdo con el portal Gobierno Fácil, en Puebla desde el año 2000 ya sucedía el robo de combustible, sin embargo el crecimiento desbordado acontece durante el gobierno de Rafael Moreno Valle cuando el número de tomas clandestinas creció en 1800 por ciento respecto del sexenio anterior (http://bit.ly/2pPE9w5)
Esta curva ascendente hace necesario plantear varias preguntas. ¿Por qué el gobierno de Puebla dejo crecer de tal manera esa práctica delincuencial? ¿Por qué nunca se volvió una prioridad de su política de persecución criminal? ¿Por qué nunca existió una clara estrategia conjunta con el gobierno federal? ¿Qué acciones se emprendieron para evitar que las policías municipales y estatales fueran parte de estas redes delincuenciales? ¿Alguna vez se combatió la venta de combustible robado?
La respuesta local ha sido negar la propia responsabilidad señalando que todo corresponde al gobierno federal. De hecho el actual gobernador de Puebla, José Antonio Gali, repite el mismo deslinde y evita hablar de su incumplimiento en el combate de este delito.
Para cubrir sus fallas y omisiones los gobernadores se han limitado a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas para que vayan a resolverles el problema, pero sin que exista consecuencia alguna por su clara omisión respecto prevenir y combatir el delito así como garantizar seguridad para la ciudadanía.
El pasado 12 de mayo el Secretario de la Defensa durante un evento en Tijuana apuntó a la responsabilidad de los gobernadores pero sin llegar a nombrarlos explícitamente. En la misma actividad el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que el robo de combustible era un asunto de seguridad interior.
Una aseveración como la anterior es falsa pues en realidad es un problema de seguridad pública, ya que la constitución (artículo 21) define la misma como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva…
Es decir el sistema ordinario debería enfrentar y resolver el delito de robo de combustible. Si el asunto ya rebasó a las autoridades civiles y se torna en una situación extraordinaria que ponga a la sociedad en grave riesgo, entonces habría que recurrir al artículo 29 constitucional para suspender en Puebla derechos y garantías, y entonces hacer frente, rápida y fácilmente a la situación.
En una situación así incluso tal vez habría que prescindir del gobierno estatal dada su manifiesta incapacidad.
Sin embargo cuando un grupo de organizaciones civiles, académicos y personas expertas lo hemos propuesto a integrantes del Senado y Cámara de Diputados, lo que hemos encontrado es rechazo pues la clase gobernante no quiere cargar consecuencias derivadas de su negligencia e incapacidad.
Hay que volver a insistir, la solución a los problemas de violencia no es la ley de seguridad interior sino que contemos con una nueva estrategia de seguridad, la que deberá determinar consecuencias para los gobernadores omisos e incapaces.
@EdgarCortezm
Imagen de portada: José Antonio Gali, gobernador de Puebla. | Foto: Hilda Ríos / Cuartoscuro
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