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Redacción / SomosMass99
Miércoles 26 de junio de 2019
- Por esa información, defensores de migrantes Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica podrían enfrentar 24 años de cárcel
- Condenó que los datos compartidos con las autoridades mexicanas sean utilizadas para criminalizar a defensores
«Front Line Defenders recibió información en relación a una acción urgente enviada (…) a las autoridades mexicanas en febrero de 2019 la cual fue utilizada como ‘prueba’ en contra de los defensores de derechos humanos» Cristóbal Sánchez Sánchez, fundador del Colectivo de Cultura Migrante, e Irineo Mujica Arzate, director en México de Pueblo Sin Fronteras, quienes fueron detenidos sin órdenes de aprehensión por autoridades mexicanas y posteriormente liberados por un juez por falta de pruebas.
Con gorra, Cristóbal Sánchez. | Foto: Front Line Defenders.
«Front Line Defenders busca aumentar la visibilidad y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos al compartir información con las autoridades pertinentes. Esta organización condena enérgicamente el uso de esta información por parte de las autoridades locales y nacionales para criminalizar a los defensores de los derechos humanos».
La organización con sede central en Irlanda precisó a través de un comunicado que si bien el 12 de junio de 2019 el juez del Centro Federal de Justicia Penal del Estado de Chiapas, Héctor Manuel Cervantes Martínez, ordenó la liberación de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, «no se han retirado los cargos y, en caso de ser declarados culpables en un posible juicio futuro, los defensores enfrentarían hasta 24 años de prisión».
Por ello, Front Line Defenders (FLD) pidió al gobierno mexicano que retiren los cargos contra ambos defensores, pues «se cree que están motivados únicamente por su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos»; «cesar de inmediato la persecución, el arresto, la detención, el hostigamiento, la difamación y la intimidación de las y los defensores de los derechos de los migrantes en México»; tomar las medidas necesarias para que los funcionarios u otras figuras públicas se abstengan de hacer declaraciones públicas que estigmaticen el trabajo legítimo de las y los defensores de los derechos de las y los migrantes; las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad física y psicológica de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, en consulta con ellos; y garantizar en todas las circunstancias que todas y todos los defensores de los derechos humanos en México, especialmente aquellos que protegen los derechos de las y los migrantes, puedan realizar sus actividades sin temor a represalias y sin ninguna restricción, incluido el acoso judicial.
Respecto al caso específico de Cristóbal Sánchez, FLD explicó que la semana pasada fue informada de que las «pruebas fabricadas utilizadas» en contra del defensor, «incluidas las denuncias presuntamente presentadas por los migrantes contra él», contenían información extraída directamente de una acción urgente enviada a las autoridades por la propia FLD.
«En la acción urgente, Front Line Defenders llamó la atención sobre los ataques continuos dirigidos hacia las y los defensores de los derechos humanos que brindan ayuda humanitaria a migrantes. Los archivos utilizados en el proceso penal contra Cristóbal Sánchez Sánchez incluían su foto y una captura de pantalla de la acción urgente tomada del sitio web de Front Line Defenders».
Y, añadió, al día siguiente de que Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez fueron liberados el 12 de junio por falta de pruebas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, «cuestionó públicamente la liberación de los defensores de los derechos humanos y acusó a Pueblo Sin Fronteras (…) de atraer migrantes a México. La secretaria declaró en un popular programa de televisión que ‘otras personas que integran esta organización civil realmente han provocado esas caravanas. Entonces, que el juez haya determinado que no hubo elementos suficientes es que a lo mejor no estuvo bien integrada la carpeta de investigación'». Aunado a ello, el 19 de junio la Fiscalía General de la República presentó una apelación en contra de la decisión del juez Héctor Manuel Cervantes Martínez de no vincular a proceso al defensor Irineo Mujica, y ahora tiene la opción de presentar más evidencia y, de ser encontrados culpables en un juicio futuro, los defensores de los derechos humanos se enfrentarían a 24 años de prisión.
Irineo Mujica, defensor de migrantes y director de Pueblo Sin Fronteras México. | Foto: PSF.
Las declaraciones de Sánchez Cordero también llamaron la atención en razón de que como secretaria de Gobernación encabeza el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo consejo -que también preside la funcionaria- determinó brindar medidas de protección a Irineo Mujica por las amenazas que ha recibido por el desempeño como defensor de migrantes.
Sin embargo, «la criminalización y persecución en contra de estos defensores hace eco en una tendencia más amplia en México y en la ruta de las caravanas», sostuvo FLD, que anunció que en el informe que presentará en julio documenta los casos de defensores y defensoras de derechos de los migrantes en México y los Estados Unidos, quienes han sido detenidos, atacados físicamente y judicializados por su trabajo pacífico en la defensa de los derechos y las vidas de las y los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en el continente.
FLD destacó que Cristóbal Sánchez Sánchez ha trabajado en temas de migración durante los últimos 15 años, fundó el Colectivo de Cultura Migrante y ha colaborado con la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y la Universidad de Columbia en Nueva York en proyectos de investigación académica relacionados con la migración. E Irineo Mujica es defensor de derechos humanos desde hace más de 15 años, ha promovido el respeto a los derechos de las y los migrantes, y es director de Pueblo Sin Fronteras en México, organización que trabaja en México y en Estados Unidos por garantizar los derechos de personas migrantes.
Foto de portada: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. | Foto: Segob.
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