#GobiernoEspía: PGR no avanza en investigación por espionaje a activistas y periodistas

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 22 de febrero de 2018

 

Al cumplirse ocho meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por los casos de espionaje «discrecional» e «ilegal» contra activistas y periodistas, y al no haber ningún avance, siete organizaciones civiles exigieron la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de  derechos humanos, para que se investigue a fondo el uso del sistema de espionaje Pegasus por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la propia PGR.

Pidieron que se entreviste al personal encargado de operar Pegasus; que peritos independientes realicen intervenciones forenses a los servidores y equipos desde los que se opera el sistema de espionaje, y que se investigue en torno a los procesos de decisión y las medidas de seguridad existentes para su operación.

Y «ante la evidencia de incapacidad de la PGR y la nula voluntad del gobierno federal de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva, exigimos a los candidatos presidenciales hacer un pronunciamiento público sobre la necesidad de crear un panel de expertas y expertos independients que investigue a fondo el caso; así como reformar el artículo 102 de la Constitución para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como el arriba mencionado», porque «México requiere una Fiscalía independiente y autónoma que sea capaz de generar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para castigar abusos gubernamentales en todos los niveles».

Más evidencias

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), SocialTic, Red en Defensa de los Derechos Digitales (Red3D), Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), El Poder del Consumidor, Artículo 19 y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) emitieron un comunicado conjunto en el que, además de lo anterior, recuerdan que ya son ocho meses de que 11 activistas, periodistas y defensores de derechos humanos acudieron a la PGR a denunciar el espionaje cometido en su contra.

Desde entonces, afirman, «advertimos de nuestra desconfianza en que la PGR fuera capaz de investigarse a sí misma, ya que existen evidencias de que fue esa dependencia quien adquirió el malware, más aún cuando el propio jefe del Ejecutivo condenó al fracaso la investigación amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos. Esto nos hizo insistir en la necesidad de la conformación de un panel de expertas y expertos independientes que pueda dar garantías a quienes fueron espiados y a la sociedad en general de que la investigación será exhaustiva, imparcial y profesional. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado esta exigencia».

Este martes 2o de febrero, The New York Times publicó una información firmada por el periodista Azam Ahmed en la que relata cómo funcionarios de Estados Unidos rechazaron colaborar con la PGR ante el temor de ser utilizados para darle credibilidad a una investigación que consideran «una fachada», toda vez que el gobierno mexicano operaba directamente el sistema de espionaje y si de verdad quisiera resolver el caso era capaz de hacerlo por sí solo. Ahmed también cuenta que autoridades mexicanas rechazaron hacer comentarios al respecto, pero afirmaron estar en contacto permanente con los analistas forenses del Citizen Lab, de la Facultad de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, Canadá, pero estos se dijeron sorprendidos y precisaron que sólo han tenido una reunión, y desde entonces no han tenido contacto.

En este sentido, las siete organizaciones firmantes del comunicado sostuvieron que la PGR «no tiene la capacidad ni la voluntad política de investigar un caso tan grave hasta las últimas consecuencias». Detallaron que, de acuerdo al expediente, si bien la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aceptó que adquirió las licencias de Pegasus y que el equipo lo tiene en sus oficinas de la Ciudad de México, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha realizado ninguna investigación respecto de la AIC pese a las reiteradas solicitudes de los denunciantes y de los expertos del Citizen Lab: no ha entrevistado a los agentes que operan Pegasus; no ha revisado bitacoras, cámaras de vigilancia, registros ni medidas de seguridad entorno al sistema de vigilancia; no ha solicitado el contrato ni el anexo técnico por el que se adquirió Pegasus; ni ha solicitado documentos adicionales ni realizado práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados para operar el sistema. La FEADLE «parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la agencia (AIC) de que ‘no existe base de datos en la que registre los números y personas» espiadas.

En estos ocho meses la PGR no ha investigado la trama de corrupción que podría estar detrás del uso ilegal de Pegasus, pese a que uno de sus funcionarios estuvo vinculado a una de las compañías vinculadas al grupo empresarial que vendió el sistema de espionaje en 32 millones de dólares.

Las organizaciones informaron que han solicitado de manera recurrente la realización de múltiples diligencias siempre en la búsqueda de colaborar con la indagatoria, pero la FEADLE primero se mantuvo en silencio -y fue necesario interponer una demanda de amparo- y cuando tuvo que responder dijo «que las acordará en el momento que lo considere oportuno».

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Foto de portada: Saúl López / Cuartoscuro.