#GobiernoEspía, un año de impunidad

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México /Miércoles 20 de junio de 2018

 

A un año de darse a conocer que dependencias del gobierno federal de Enrique Peña Nieto adquirieron el software de espionaje Pegasus, utilizado para la vigilancia sistemática de periodistas y defensores humanos, «la impunidad ha prevalecido», sostuvieron siete organizaciones de la sociedad civil que a la vez llamaron a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular a pronunciarse sobre el espionaje ilegal y la necesidad de investigarlo.

Luego de conocerse el 19 de junio de 2017 la investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá, y pese a la denuncia presentada por personas defensoras y periodistas ante la PGR, «durante este año se ha fortalecido la convicción de que el gobierno federal estuvo detrás de los ataques con el malware Pegasus y de que no existe voluntad ni capacidad para llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y profesional», añadieron las organizaciones.

En aquella fecha, periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron haber sido víctimas de espionaje. Entre ellos, algunos de quienes han dado seguimiento al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a abusos policiacos y promotores de iniciativas anticorrupción. Entre ellos, Mario Patrón y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, además de la periodista Carmen Aristegui y su hijo menor de edad.

Transcurrido un año, y a través de un comunicado de prensa, las organizaciones señalaron que en total se han documentado más de 100 intentos de infección con el malware Pegaus en contra de más de 20 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas; la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República reconoció haber adquirido licencias de uso del malware Pegasus y haberlo operado desde las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.

En este sentido, hicieron énfasis en que » de forma sorpresiva e inverosímil» la AIC sostuvo «que no cuenta con un registro de las personas que han sido vigiladas mediante el uso de Pegasus«, y que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), «se ha negado a llevar a cabo una investigación diligente, profesional y con garantías de independencia».

Por ello, las víctimas tuvieron que recurrir al Poder Judicial de la Federación, que ya reconoció formalmente la falta de diligencia de la PGR y le ordenó agotar todas las líneas de investigación, con la precisión de que más que sobre los teléfonos celulares intervenidos de las víctimas, la indagatoria debe versar sobre las autoridades que utilizaron el software Pegasus.

También recordaron que investigaciones periodísticas han revelado que detrás de la contratación de ese software «podría haber una trama de corrupción vinculada con miembros relevantes del gobierno federal», aunque las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción desoyeron el llamado del Comité de Participación Ciudadana para formular el exhorto para que se investiguen posibles delitos.

Al tiempo de recordar que en todo este tiempo instancias internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa, congresistas de Estados Unidos y personajes como Edward Snowden han expresado su preocupación, subrayaron que el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y el Relator Especial para la libertad de Expresión de la CIDH han emitido recomendaciones al Estado mexicano que no se han cumplido.

Por ejemplo, sugirieron realizar una investigación independiente sobre la adquisición y uso del malware Pegasus, e incluir a expertos de organizaciones académicas, de la sociedad civil e incluso del extranjero, además de que toda investigación en curso respete los derechos humanos de quienes han sido objeto de vigilancia.