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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 12 de diciembre de 2018
En tanto que los operativos militares elevaron las cifras de homicidios en el país desde hace más de 12 años, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación de la Guardia Nacional muestra una «gestión de poder» que tiene el potencial de aniquilar el futuro de la profesionalización de las corporaciones civiles, afirmaron expertos, académicos y activistas al participar hoy en una reunión con diputadas y diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales para analizar las propuestas de reforma constitucional.
El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo Vargas, fue quien aseguró que no existe evidencia para determinar que la Guardia Nacional garantizará seguridad a la población y que la iniciativa presidencial muestra «una gestión de poder y del uso de la fuerza de los militares y tiene el potencial para aniquilar el futuro de la profesionalización de las corporaciones civiles».

Expertos y expertas en la Comisión de Puntos Constitucionales. | Foto: Cámara de Diputados.
Explicó que «el Estado mexicano ha creado un proceso a favor de la intervención militar, es decir, se ha empeñado en achicar el poder civil e inflar el militar». Por eso propuso construir una institución policial experta que no atienda consignas políticas e instalar un panel técnico de análisis de evidencias con el propósito de saber qué funciona para construir seguridad y qué no. Además, es urgente el acompañamiento de organismos internacionales para realizar las reformas que el país requiere en materia de seguridad.
El investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Carlos Galindo, indicó que diversas mediciones, entre ellas las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), demuestran que la militarización, a partir del llamado combate contra las drogas en 2006, incrementó la ola de homicidios. “Los operativos militares elevaron esas cifras, lo cual es evidencia de que llevar a las fuerzas castrenses a las calles no garantizará seguridad de la población”.
Precisó que la sociedad civil y la academia plantean atender las causas estructurales de la violencia y la inseguridad. Y en ese sentido, “si la principal causa es el tráfico de drogas, sería necesario, en primer lugar, regular el mercado de los estupefacientes”.
El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, consideró que la creación de la Guardia Nacional genera dudas, ya que históricamente estas corporaciones se integran por una autoridad civil y son de carácter temporal. Pero “se pretende mantener su presencia de forma regular y, aunque se propone evaluar su permanencia luego de tres años, es muy importante que la Guardia sea transitoria y que no desplace a las policías de orden federal, estatal y municipal”.
Si bien es necesario atender la crisis de violencia e inseguridad, tanto de delincuencia organizada y común, que se acentuó en los últimos 12 años con miles de muertos y desaparecidos, la iniciativa no debe tener ambigüedad sobre la Policía Federal y debe dejar claro si desaparecerá o no, añadió, al tiempo de señalar que la seguridad es un tema concurrente que también le corresponde a estados y municipios, y de ahí la relevancia de que permanezcan las corporaciones locales.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. | Foto: UNAM.
La directora de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, explicó que el 95 por ciento de los delitos cometidos en México es del fuero común; es decir, son de la competencia de autoridades estatales y locales. Por lo tanto, “no consideramos lo más idóneo atender esos ilícitos desde una Guardia Nacional”.
Resaltó la necesidad de que el tema se discuta hasta la última instancia, a fin de conocer las consecuencias que podría generar un cambio constitucional. “Hay riesgos en la iniciativa, porque no se tienen métricas para saber el alcance de la Guardia Nacional. Recordemos que hace algunos días se invalidó la Ley de Seguridad Interior, porque no se tomaron en cuenta los impactos a las corporaciones, a los Ministerios Públicos y Jueces”.
La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Miroslava Carrillo Morales, diputada del partido Morena, se reunió con expertos y activistas para analizar la iniciativa que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Carta Magna, y que plantea que la Guardia Nacional se encargue de la prevención del delito y el combate a la delincuencia en todo el país, así como preservar la paz pública y los bienes y recursos de la nación.
Los especialistas de universidades y organizaciones civiles consideraron que la existencia de la Guardia Nacional tiene que ser temporal, porque es inaceptable desplazar a las policías federales, estatales y municipales.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena, también de Morena, sostuvo que con la creación de la Guardia Nacional no se está militarizando al país. “Todos los ciudadanos requieren esta iniciativa y hoy el Estado debe garantizar certeza, paz, armonía y seguridad”.
Su compañero de partido, Esteban Barajas Barajas, respaldó la creación de la Guardia Nacional y afirmó que si bien no se quiere utilizar al Ejército en tareas policiales, es urgente atender la situación de violencia que se vive a nivel nacional. “Tenemos que decidir entre opciones que son difíciles, pero se tiene que dar una solución pronto”.
De la misma bancada, la diputada Guillermina Alvarado Moreno sostuvo que los estados y municipios no perderán autonomía; por el contrario, coadyuvarán con la nueva corporación; el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses consideró necesario conformar la Guardia Nacional con las policías militar, federal y naval, pues hay muchos mexicanos que demandan seguridad; y el legislador Sergio Carlos Gutiérrez Luna enfatizó que la Guardia Nacional será un órgano con disciplina militar en lo interno, en el que civiles participarán de esta formación, para que en corto plazo sustituyan a los militares.
Foto: Cámara de Diputados.
Por la oposición, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, señaló que la iniciativa establece que la policía militar tendrá el mando operativo directo. “Es preocupante, porque serán ellos los que realizarán las funciones de seguridad”; por ello consideró que para garantizar la seguridad del país, es necesario continuar con el análisis de la iniciativa. “Hay que escuchar a los especialistas. No debemos sacar el dictamen en este periodo. Discutámosla, démonos el tiempo”.
De la misma fracción parlamentaria, la diputada Carmen Julia Prudencio González mencionó que la policía es disuasiva, más que preventiva. Manifestó que en la exposición de motivos de la iniciativa, se señala a la Guardia Española como un punto de partida del modelo propuesto para nuestro país.
La diputada del Partido del Trabajo, Ana Ruth García Grande, indicó que aún cuando el dictamen no resuelve de fondo la problemática que tiene México, que es multifactorial y así se tiene que abordar, tampoco genera como respuesta la indefinición. “Creo que tenemos que caminar en la construcción de algo que ataje el fenómeno delictivo”.
Foto de portada: Formato7.
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